sábado, 30 de junio de 2012

La represión caracteriza el agotado modelo colonial de Puerto Rico

El notable deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico está asociado hoy al agotamiento del modelo económico colonial, según un informe del Colegio de Abogados que aborda las relaciones de este país con Estados Unidos.

Por esto, los derechos civiles se encuentran sometidos a “políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral”, según la Comisión Especial para Estudiar el Estado Actual de los Derechos Constitucionales del Colegio de Abogados.
En este sentido existe una política que subordina los derechos ciudadanos a “programas de seguridad policiaca, propulsados por el miedo y la intimidación”.
El presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, manifestó al dar a conocer el documento de ocho ensayos, los cuales resumen ponencias recibidas por la Comisión Especial en audiencias públicas en marzo de 2011, que se trata de un diagnóstico de la situación actual de deterioro de los derechos civiles en Puerto Rico.
“A partir de la determinación de patrones de conducta gubernamental, se apunta la existencia de designios predirigidos para reprimir a la oposición”, advirtió Toledo.
Añadió que en el estudio “se recomienda ampliar las vías de estudio para comprender más cabalmente cómo vivimos sujetos a un Estado que diseña y ejecuta políticas públicas antidemocráticas bajo el palio de un mandato electoral”.
En el país, dijo, no hay espacios de evaluación ciudadana de políticas públicas, mucho menos de rendición de cuentas, y ni hablar de posibilidades para su delineación colectiva.
El presidente de la Comisión Especial del Colegio de Abogados, Samuel Quiñones, estableció que “más que denuncias sobre hechos particulares, nuestro trabajo consistió en explorar los problemas desde una perspectiva ideológica más amplia”.
La estructura represiva ha convertido a la comunidad dominicana establecida en esta isla en “un polvorín a punto de explotar”, según Quiñones.
“La situación por la cual atraviesa la comunidad dominicana no es aceptable bajo ninguna justificación moral o jurídica”, subrayó.
En esta tesitura se encuentra la comunidad gay, que es víctima de ataques y provocaciones, al tiempo que “no se investigan eficientemente los crímenes de odio” contra ese sector.
“La persistencia de prejuicios que van más allá de las instituciones gubernamentales y el fomento de la invisibilidad de esta comunidad para no tener que proveerles los servicios a los que tienen derecho”, se argumentó en el documento.
Respecto a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, se destacó que hay “una disonancia patente entre el discurso oficial de defensa de la democracia y el empleo de técnicas de corte fascista para reprimir las voces de crítica”.



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