Bolivia: Documentos militares deben ser entregados para que se haga justicia en casos de desapariciones forzadas del pasado

AMNISTIA INTERNACIONAL

DECLARACION PÚBLICA

23 Febrero 2010

Índice AI: AMR 18/003/2010

Bolivia: Documentos militares deben ser entregados para que se haga justicia en casos de desapariciones forzadas del pasado

Amnistía Internacional exigió hoy la colaboración de todas entidades del Estado Boliviano, y en particular de las Fuerzas Armadas, en la entrega inmediata, incondicional y completa de documentos militares relacionados con casos de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos del pasado.

El 10 de febrero, el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, Róger Valverde, ordenó a las Fuerzas Armadas a que entreguen documentos de sus archivos que podrían ayudar a ubicar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal y Renato Ticona Estrada, entre otros, quienes fueron "desaparecidos" bajo el gobierno de facto de Luis García Meza (1980-1981). A pesar de esta orden judicial, que amplía una resolución judicial dictada el 16 de septiembre del 2009, las Fuerzas Armadas siguen sin facilitar información. El pasado 18 de febrero las Fuerzas Armadas negaron al fiscal encargado de la investigación de violaciones del pasado acceso al Cuartel de Miraflores, donde pueden encontrarse archivos que podrían ser relevantes para el esclarecimiento de la verdad.

Amnistía Internacional reiteró su llamado al Estado boliviano, y a las Fuerzas Armadas en particular, a que localice y haga públicos los archivos relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario. “Es preocupante que 30 años luego de que ocurran estos hechos gravísimos, aun no se ha podido dar a conocer información que podría esclarecer lo que pasó”, dijo Louise Finer, investigadora sobre Bolivia de Amnistía Internacional. “Mientras tanto, el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos se prolonga, lo cual constituye una violación continua de sus propios derechos humanos”.

El derecho a la verdad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y a sus familias, ha sido claramente consagrado en estándares internacionales a los cuales Bolivia se ha adherido, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas, y la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Otros países en las Américas, entre ellos Chile, Guatemala, México y Paraguay, han logrado avances hacía la justicia por la revelación de información de sus archivos militares.

El pleno acceso a información relacionada con violaciones de derechos humanos del pasado es un paso esencial para poder romper con las violaciones del pasado que permanecen impunes. Sin embargo, la persistente negación de las Fuerzas Armadas a desclasificar sus archivos, hace imposible la búsqueda por la verdad y la justicia.

Información complementaria

En noviembre del 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, en la cual se halla responsable al Estado boliviano por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, entre otras violaciones. La Corte señala que el severo sufrimiento de los familiares se acrecienta “por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.” (para. 87)

En mayo de 2009, el Ministerio de Defensa dictó una resolución demostrando su voluntad dehacer pública información del pasado contenida en archivos. Sin embargo, hasta la fecha dicha información no ha sido entregada a las autoridades del Ministerio Público.

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), ha calculado que 24 personas fueron desaparecidas en Bolivia durante el periodo de gobierno de García Meza (1980-1981).

El 10 de febrero del presente año, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional recomendó al Estado boliviano a “hacer esfuerzos concertados para localizar y hacer públicos los archivos relacionados con abusos contra los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario”. En respuesta a las recomendaciones relacionadas al tema de impunidad hechas por otros países a Bolivia, el gobierno boliviano aceptó llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones.

tribuna_boliviana@yahoo.com