Argentina: El caso Grassi, a las Naciones Unidas

“Es un caso paradigmático de abuso contra los niños”, dice Nora Schulman, de Casacidn, tras presentar en Ginebra el caso del cura condenado, que sigue visitando a los chicos de la Fundación
Por Eduardo Videla

El caso del sacerdote Julio César Grassi, que está en libertad pese a haber sido condenado a 15 años de prisión por abuso sexual de un niño al que debía proteger, llegó al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fue a partir de una presentación del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn) ante el organismo, con sede en Ginebra, que cada cinco años evalúa el cumplimiento de la Convención por parte de los países firmantes. El caso Grassi fue presentado entre otros cuestionamientos, como la permanencia de castigos y torturas en comisarías e institutos y la aplicación de las internaciones como primera medida en las prácticas institucionales, tanto de asistencia como en el sistema penal. “El de Grassi es un caso paradigmático de violencia y abuso contra los niños, que se agravó por la deficiente actuación de la Justicia: la condena es vergonzosa porque le permite a Grassi estar en libertad y entrar a la fundación (Felices los Niños) cuando se le da la gana”, dijo a Página/12 Nora Schulman, directora ejecutiva de Casacidn.

El Casacidn presentó en febrero el tercer informe alternativo sobre el cumplimiento en el país de los derechos de niños y niñas. También lo hicieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un colectivo de organizaciones especializadas en niñez y adolescencia. Las tres ponencias complementan, con observaciones críticas, la presentación realizada por el gobierno argentino a fines del año pasado, donde se destacaron los avances en materia de cumplimiento de los derechos.

En la sesión de presentación, Nora Schulman, por el Comité de Seguimiento, expresó su especial preocupación por el caso del cura Julio César Grassi, que “luego de un proceso plagado de irregularidades, fue condenado a 15 años de prisión, aunque no será encarcelado hasta que la condena quede firme”. La directora ejecutiva de la entidad advirtió que “el hecho de que el condenado pueda visitar el lugar donde ocurrieron los abusos sexuales probados por la Justicia constituye una amenaza a los derechos de los chicos y chicas alojados en la Fundación Felices los Niños”.

Eso no es todo. “Grassi sigue dando misa. Y aparece en programas de televisión para pedir plata para su Fundación como si no hubiera pasado nada”, agregó Schulman, en diálogo con este diario.

El 10 de junio del año pasado Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de “Gabriel”, un chico de 13 años que estuvo internado en su fundación. Pero pese a la gravedad de los cargos probados, quedó en libertad, hasta que la sentencia quede firme, porque los jueces consideraron que no existe riesgo de fuga. Y no se le impuso otra restricción para ingresar a la Fundación que “concurrir en horario diurno y acompañado por una persona que él designe”. Es decir que al tribunal le importó más la posibilidad de que el cura escape para burlar a la Justicia que el que pueda volver a tener contactos impropios y abusivos con los chicos internados en esa institución. Tanta confianza le tuvieron los jueces que no le pusieron otra vigilancia que la de una persona allegada al sacerdote. Los jueces, además, no consideraron probadas otras quince denuncias de abusos realizadas por otros dos chicos, identificados como “Luis” y “Ezequiel”.

La condena llegó, además, después de un proceso judicial que duró seis años y que incluyó irregularidades, maniobras, apriete de testigos y denunciantes y un intento de que uno de ello cambie su declaración y retire su denuncia.

Con esta presentación, el Comité de Seguimiento pretende que el Comité de Derechos Humanos de la ONU formule una recomendación al Estado argentino. ¿Qué puede hacer el Estado ante un caso como éste?, preguntó Página/12.

“Por lo pronto, lo que puede hacer es intervenir la Fundación. Y modificar el sistema de internación de chicos en macroinstituciones como ésta, donde se sigue maltratando a los chicos, según denuncian los propios docentes y trabajadores”, respondió Schulman.

Además del caso Grassi, el informe del Comité de Seguimiento hace especial hincapié en circunstancias que afectan el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño:

Inexistencia de circuitos y protocolos nacionales de atención de manifestaciones de violencia contra chicos y chicas.

Permanencia de castigos corporales y torturas como práctica naturalizada de ciertas instituciones, como comisarías e institutos.

Vigencia de la internación como primera medida en las prácticas institucionales respecto de niños, niñas y adolescentes.

Escasas políticas de formación y capacitación en prevención y detección de hechos de violencia familiar, maltrato y abuso.

Falta de controles en las políticas de internación para chicos y chicas por razones asistenciales y/o penales.

También se manifestó la preocupación por el crecimiento de la explotación sexual y la trata de personas, que en muchos casos afecta a niñas y adolescentes.

El Casacidn acompañó las observaciones y cuestionamientos con recomendaciones para atender los problemas mencionados, tales como la apertura de espacios de alojamiento adecuados para los menores de edad en conflicto con la ley penal; la reglamentación del programa Nacional de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), y la profundización de campañas, en el ámbito escolar, sobre explotación sexual, trata de niños y niñas y violencia de género.

De todos los temas presentados, el que llamó más la atención entre los miembros del Comité de Derechos del Niño de la ONU fue el del cura condenado por corrupción de menores, al punto de que la relatora para América latina, Marta Mouras, le preguntó a la delegación de Casacidn si eran habituales los casos de abuso de menores por parte de sacerdotes en la Argentina.

El Comité de Seguimiento, que es parte en la causa judicial, advierte que si hay denegación de justicia seguirá el caso hasta sus últimas consecuencias. “De ser necesario, nos presentaremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, adelantó Schulman.

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