Panamá: Martinelli revive las Fuerzas de Defensa y el G-2 de Noriega

La política de seguridad del Gobierno se orienta más a reprimir al pueblo que a frenar la ola de crímenes.

Las cifras son alarmantes. De acuerdo a datos suministrados por algunos medios de comunicación, en Panamá, el promedio de homicidios en los primeros meses del 2010 se mantiene en 2.3 muertes cada 24 horas, es decir un asesinato cada 11 horas de intervalo.

Esta cifra revela que la violencia se mantiene en los mismos niveles que en el 2009 (año record), cuando se completaron 806 homicidios en todo el año, 156 casos de asesinato más que en el 2008. Además, de acuerdo a las estadísticas llevadas por el diario El Siglo, se derrumba otro mito creado por las autoridades y los voceros norteamericanos para justificar la instalación de bases aeronavales y otras medidas. Según esos datos el narcotráfico sólo se relaciona con 14 de los 137 casos suscitados en los dos primeros meses del año.

En los escenarios que se le preparan para su constante intromisión en los asuntos internos de Panamá, la Embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson señaló que: “el número de homicidios en Panamá ha aumentado, de 363 en el año 2006, y alrededor de 350 por muchos años antes, a 808 homicidios en 2009. Igualmente hemos observado un alarmante aumento en la cantidad de cocaína y otras drogas transitando por los mares y tierra panameño, dejando una estela de muerte y corrupción”.

Insiste la embajadora en el tema de los delitos relacionados con el narcotráfico, pues ello es lo que sustenta la política militar intervencionista norteamericana en la región. Sin embargo, ya se ha señalado que de los 137 asesinatos registrados en los 2 primeros meses del año en Panamá, sólo 14 están vinculados al narcotráfico. La situación es mucho más grave en Estados Unidos, país que, pese a todos los recursos que posee, el tráfico de drogas ilícitas y los delitos relacionados con ello siguen en aumento, siendo el país de mayor venta y consumo de estupefacientes. Pese a ello, los empresarios y representantes de Gobierno siguen consumiendo las recetas que le dicta la procónsul norteamericana.

Las palabras de Stephenson se dieron en el Seminario “El Narcotráfico y la Delincuencia Organizada y su impacto en el sector empresarial” organizado por APEDE el pasado 18 de marzo, Día de la Gran Marcha del Pueblo.

En un documento entregado por la Embajada, de acuerdo a La Estrella de Panamá (Columna “La Llorona”, 24 de marzo de 2010), “en la ciudad de Nueva York la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes es de 5.7; en Brooklyn: 8 y en el Bronx: 8. En todo Panamá es de 23 por cada cien mil; la ciudad de Panamá: 35 y en Colón: 50 por cada cien mil.”

De ser ciertos estos datos las ciudades de Panamá y Colón tendrían cifras muy superiores, por ejemplo, a Bogotá, Colombia, donde hay 22.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. La cifra sorprendente de la ciudad de Colón la colocaría muy cerca de países como Honduras y El Salvador y por encima de Guatemala y de las ciudades más violentas de México. De acuerdo con un Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-2009), Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman el denominado “Triángulo del Norte”, es la zona más violenta en el mundo en cuanto a delincuencia ordinaria. En México y Colombia operan los principales carteles de la droga, a pesar de los miles de millones de dólares destinados por Estados Unidos a esos países en equipos, pertrechos, instalaciones, entrenamiento, bases militares y asesoría.

Proviniendo estas informaciones de la Embajadora gringa, sus palabras se constituyen en un reconocimiento del fracaso de las políticas de ese país, que como se sabe tutela la política de seguridad de Panamá, cuyas autoridades siempre han estado a sus pies.

Otros datos indican que diariamente en Panamá se producen más de 190 delitos. Es decir un delito cada 7 minutos. Los centros penitenciarios de Panamá mantienen más de 10 mil reos, superando así la capacidad física de esas instalaciones diseñadas para albergar unos 7 mil presos, según información del propio Ministerio de Gobierno y Justicia.

La ciudadanía vive atemorizada por estos índices de criminalidad. Los que sufren mayormente esta situación son los barrios pobres y marginados habitados por trabajadores y desempleados.

Existe una relación directa entre el aumento de la pobreza, marginalidad, la falta de oportunidades, de empleos dignos y el incremento de los niveles de criminalidad en el país.

El propio Banco Mundial, cuyos lineamientos han seguido al pie de la letra los distintos gobiernos, también ha reconocido en un informe divulgado recientemente que, pese al cacareado crecimiento económico de Panamá, las cifras de pobreza no mejoran y siguen siendo críticas, sin embargo, este organismo financiero avala y sigue conduciendo las políticas económicas y sociales del nuevo Gobierno, haciendo énfasis en las reformas tributarias de Martinelli, su improvisado proyecto de transformación curricular que busca generar mano de obra barata para los empresarios y otras medidas que han puesto en ejecución los gobernantes de turno.

Así lo reconoció la directora del Banco Mundial para América Central, Laura Frigenti durante la reunión de la “crema y nata de empresarios y multimillonarios en Panamá”, el vergonzoso Foro denominado “Panamá: ¡No te lo pierdas!” (Panama: It’s Happening), donde los gobernantes de turno ofrecieron un triste espectáculo del más humillante entreguismo y donde el Presidente Martinelli se dirigió en inglés a los presentes, quizás para que muchos panameños no se percataran de su más vergonzosa sumisión ante los grupos de poder económico, él que suele presentarse como “hombre fuerte” al estilo de Noriega.

Por ejemplo, según La Prensa, “Ante más de 200 empresarios de todo el mundo, reunidos en Panamá, el Presidente Ricardo Martinelli se comprometió este miércoles en cambiar la legislación minera para atraer capital y explotar los recursos existentes en el país.

“El mandatario panameño aseguró que Corea, como país, ha manifestado interés de invertir en la industria minera y si para ello se necesita cambiar el Código Minero, lo hará.”

“Con mucho gusto la cambiamos [la ley]. Yo quiero que el Gobierno coreano, junto con accionistas canadienses, norteamericanos y de la bolsa de valores, desarrollen esa mina [yacimiento de cobre de cerro Colorado en la comarca Ngäbe Buglé]”, expresó Martinelli.

Ya sabemos que Martinelli en Italia ofreció a los empresarios de ese país el Metro y otras obras, incluidas las del Canal, a Uribe a analizar la apertura del Tapón del Darién, y quién sabe que otras cosas ha ofrecido en privado haciéndose pasar como el “dueño” de Panamá que no requiere de licitaciones públicas, por lo cual abusa de las llamadas compras directas.

Prioridad del Gobierno: Sofocar la protesta social.

Los sucesos que se dieron la semana pasada, con la detención arbitraria, en abierta violación del debido proceso, de casi 500 ciudadanos y trabajadores nos muestran que la prioridad del gobierno no es combatir la criminalidad sino sofocar la protesta social.

Todo lo actuado por la Policía Nacional demuestra que su mayor esfuerzo está concentrado en reprimir a trabajadores indefensos, a poblaciones indígenas y comunidades campesinas en lucha; a ambientalistas, a desalojar a mujeres, niños, ancianos de comunidades donde se reclama el derecho a la tierra para construir viviendas; en enfrentar a quienes exigen agua, seguridad, luminarias, recolección de basura; o en atacar a educadores, estudiantes y padres de familia en lucha contra las malas condiciones de las escuelas.

Miles de unidades de la Policía Nacional, incluidos los miembros de las bases aeronavales que supuestamente se están instalando para combatir el narcotráfico, fueron desplegados para reprimir a los obreros que distribuían volantes el martes 16 de marzo (Martes Negro), arrestar a ciudadanos inocentes, e intimidar a los participantes de la Gran Marcha del Pueblo celebrada el pasado jueves 18 de marzo.

Se aplicó indiscriminadamente el sistema “pele-police” a obreros que asistían a los centros de trabajo o acudían a la Gran Marcha del Pueblo. Muchos fueron arrestados pese a no tener casos pendientes con la justicia y conducidos a la corregidurías donde se les impuso 50 dólares de multa por el simple “delito” de ir a trabajar o de participar en una manifestación pública.

FRENADESO sigue aguardando respuesta a estas preguntas:

•¿Por qué no se aplica el “pele-police” en la entrada del Club Unión, en los rascacielos y residencias ya habitadas de Punta Paitilla, Punta Pacífica, Altos del Golf, Costa del Este y Coco del Mar?
•¿Por qué no se hace lo mismo en Coronado, Playa Blanca y otros lujosos y exclusivos complejos de playa y de montaña, y hoteles de lujo donde suelen concurrir los capos e integrantes de la mafiocracia panameña y sus socios?
•¿Aparecerán en el “pele-police” los ladrones de cuello blanco, los “cocotudos”, los que estafaron al Estado con la Ley Banistmo, los que salieron con un ingenio azucarero del Gobierno, los que especulan con los precios de la canasta básica familiar en los supermercados; los funcionarios, sus familiares y compadres que hacen negociados en el gobierno a través de las compras directas; los empresarios homicidas que por incumplir las normas de salud y seguridad producen muertos y lisiados todos los años en la construcción y otros sectores laborales; saldrán registrados los violadores de derechos humanos?

•¿Se aplica el “pele-police” en la misma Policía, en el SPI, aparecerán los torturadores, los abusadores, los agentes asesinos; aparecerá su Director, Gustavo Pérez, por los delitos de secuestro cometidos cuando fue sub jefe de la Unidad Especializada Antiterror (UESAT) de Noriega y por lo cual hizo desaparecer el expediente disciplinario que sobre su caso reposaba en los archivos de la Policía?

•¿Aparecerán los ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Noriega, los torturadores que hoy fungen como asesores del Gobierno de Martinelli?
El interés es claro. Impedir la protesta de los ciudadanos frente al autoritarismo, la conculcación de los derechos ciudadanos y laborales, y las leyes lesivas que se preparan para favorecer a los inversionistas y entregarles en bandeja de plata nuestros recursos naturales.

El Ministro de Guerra o la rencarnación de las Fuerzas de Defensa

Hemos denunciado que toda la política de seguridad del Estado está regida por los designios de Washington.

En visita reciente a Panamá, el Subsecretario Adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Frank Mora, expresó el interés de que Panamá le declare las guerras a la FARC, lo cual prácticamente es lo que ha hecho el presente Gobierno de Ricardo Martinelli.

Así lo demuestran, los incidentes acaecidos en Darién, donde murieron tres guerrilleros que según diversas fuentes fueron ejecutados después de haber sido capturados vivos.
“El problema de Colombia es de Panamá, decir lo contrario, es un concepto del siglo XX, porque el tráfico de drogas viene de Colombia, y el narcotráfico podría afectar al Canal de Panamá y eso preocupa a Estados Unidos”, recalcó el funcionario estadounidense, en una entrevista.

Sobre las FARC indicó: “Hay que enfrentarlos, pero darle a la policía panameña los mecanismos para enfrentarlos”.

La policía necesita recursos, capacitación, entrenamiento, adiestramiento, un plan integral pero tiene que haber voluntad, invertir dinero, comprometerse con la coordinación internacional, porque hay que fortalecer nuestras democracias

Seguramente la Coordinación a la cual se refiere es la que se está dando entre el Gobierno, asesores norteamericanos, representantes del genocida ejército de Colombia y agentes israelíes de la Mossad.

Estos son los mismos, junto a ex militares allegados a Noriega como el propio Gustavo Pérez, que han venido asesorando el proceso de creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, en base a los lineamientos esbozados por Frank Mora, y que no es más que el interés de resucitar las desaparecidas Fuerzas de Defensa.

No cabe duda que el Ministerio en mención será aprobado por una Asamblea de Diputados incondicional a Martinelli, que éste controla gracias a la coacción, la compra de votos y otras prácticas corruptas, como también lo hace con el Órgano Judicial.

Martinelli ha decidido revivir a las Fuerzas de Defensa pese a que supuestamente el ejército en Panamá fue abolido luego de la invasión yanqui del 20 de diciembre de 1989, vía reformas constitucionales aprobadas por los Actos legislativos 1 de 1993 y 2 de 1994.

Constantemente se efectúan reuniones entre funcionarios de Gobierno de Martinelli con representantes del Gobierno narcoparamilitar de Alvaro Uribe y del ejército colombiano, para coordinar acciones en la frontera con Colombia.

Esto es lo que le da sentido a las bases aeronavales que se vienen instalando a lo largo y ancho del país como puestos de avanzada del ejército norteamericano en la región

Se trata de una peligrosa alianza en la que Martinelli ha envuelto a Panamá, en la que también se integra el régimen sionista y genocida de Israel, a través de su agencia de espionaje y de operaciones criminales conocida como Mossad y empresas privadas de seguridad conformadas por mercenarios provenientes de esta tenebrosa agencia.

Agentes de la Mossad conforman el anillo de seguridad del Presidente y la empresa israelí “M.L.M Protection”, entre otras, entrena a los miembros del grupo de Protección Presidencial del Servicio de Protección Institucional (SPI), que se encarga de la custodia del mandatario y otras personalidades del Gobierno.

A cambio de ello, y del apoyo del Lobby israelí en Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio (TLC) con ese país, Martinelli se ha comprometido a apoyar al régimen sionista en los foros internacionales y ha ofrecido nuestro territorio para que Israel establezca aquí una cabeza de playa de su avanzada en América Latina para conspirar y desestabilizar a gobiernos latinoamericanos elegidos democráticamente.

Ya hemos denunciado que el supuesto secuestro que se pretendía hacer al Presidente Martinelli, no fue más que un montaje, para justificar el ingreso a nuestro país de la Mossad y organizaciones privadas de seguridad israelí.

Vuelve el G-2

No sólo se reviven las Fuerzas de Defensa sino también el G-2 de Noriega. De esta manera Ricardo Martinelli incumple otra promesa de campaña, al legislar mediante Decreto Ejecutivo la creación del Centro Nacional de Coordinación de Crisis (CNCC), adscrito a la Secretaría del Consejo del Ministerio de la Presidencia.

El CNCC sustituye el Servicio Nacional de Inteligencia (SENIS), que impulsó el ex ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, en medio de las críticas de la sociedad civil, de muchos de los hoy funcionarios de Gobierno, incluido el propio Martinelli, por la posibilidad de que con ello se volviera a instaurar el G-2.

Pero si alguien tiene alguna duda de los propósitos reales de este organismo, algunos medios de comunicación dieron a conocer las declaraciones del Ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, quien señaló que el primer ensayo de un centro de operación similar al CNCC se puso en práctica el pasado jueves durante la marcha de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo.

”Mulino manifestó que desde su despacho siguió paso a paso a través de un sistema sofisticado de monitoreo en tiempo real, las incidencias de la movilización de los gremios sindicales”.

“Lo que se crea es un centro de manejo de crisis. El día de la marcha yo estuve viendo todo por los monitores para ver si había desórdenes”, destacó. (La Crítica, 19 de marzo de 2010).

Vale señalar que ese día, llamó la atención de los manifestantes la gran cantidad de elementos que hicieron recordar a los conocidos “sapos” del G-2 de Noriega filmando y tomando fotos desde distintos edificios y otros puntos a lo largo de la multitudinaria marcha.

También ese día, como describimos anteriormente, miles de unidades de la Policía, incluido efectivos de las bases aeronavales y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), fueron apostados en la ruta de la marcha intimidando a los participantes y negándole el ingreso a otros miles de panameños que intentaron sumarse a la masiva acción contra las políticas antipopulares, la violación a los derechos humanos y el autoritarismo del Gobierno de Ricardo Martinelli.

Se busca criminalizar la Protesta Social

La criminalidad no decrecerá mientras la prioridad del Gobierno sea reprimir la protesta social y no la de ofrecerle a los panameños empleos dignos, mejores salarios, viviendas decorosas, transporte seguro, barato, moderno y eficiente; salud y educación gratuitos y de calidad y se garantice la seguridad social, seguridad alimentaria y seguridad ciudadana; jubilaciones dignas; acceso al deporte y a la recreación, se ponga fin a la corrupción y a los negociados en el Gobierno.

Por ello, a través de la multimillonaria publicidad estatal busca confundir a los panameños y a obligarlos a que se conformen con las migajas del sistema, mientras los millonarios siguen acumulando más riquezas del famoso crecimiento económico.

Martinelli pretende que muchos panameños, al llegar a la tercera edad, vivamos de la mendicidad por no haber logrado pensiones justas luego de trabajar toda la vida (de allí el programa 100 a los 70), o que nos conformemos con una mochila para nuestros hijos o un bono de 20 dólares que pagamos todos los panameños de nuestros impuestos para ir a cambiarlos en los establecimientos comerciales o en los supermercados de la localidad, donde el propio Presidente tiene intereses.

No se trata de oponernos a los programas de 100 para los 70, Red de Oportunidades, Beca Universal, donación de mochilas u otros, de lo que se trata es de tener políticas económicas y sociales que no lleven a los panameños a caer en la mendicidad o tener que depender de la política de caridad del Estado como mero paliativo a su situación social. Y es a esa situación que conduce la política de desalojos de pueblos indígenas, campesinos y pobladores para favorecer a terratenientes y el desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos y de falso turismo depredadores; la política de seguridad social que dejará a generaciones de panameños sin poder cumplir las cuotas que le permitan una jubilación digna; las políticas neoliberales que dejan en la indigencia a pueblos originarios y campesinos o llevan a la marginalidad social a miles de panameños gradualmente.

Ya no hay motivos para protestar dicen los voceros de la clase dominantes y los alabarderos del Gobierno. Por eso justifican que la policía haya actuado con saña contra los trabajadores y ciudadanos inocentes, a quienes se les detuvo por más de 72 horas en el Centro Penitenciario de La Joyita, sin derecho a una llamada, sin ver a sus familiares ni ser asistido por un abogado, sin ser puestos ante una autoridad competente, sin atención médica, sin alimentación adecuada, sin acceso a baños ni servicios sanitarios, exactamente de la misma forma que Noriega lo hizo en el llamado VIERNES NEGRO, violándose de manera flagrante los derechos humanos y las garantías fundamentales.

Mientras todo esto sucedía, durante ese fatídico MARTES NEGRO y los días posteriores, mientras la Policía se entretenía reprimiendo y arrestando a personas humildes que se ganan la vida honradamente, con el sudor de la frente; los medios de comunicación reportaban que más de 20 panameños eran asesinados aumentando así la escandalosa cifra de homicidios que se han producido bajo el Gobierno de Ricardo Martinelli.

Frenadeso Noticias