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TODOS LOS MEDIOS PODEROSOS HABLAN DE LA DETENCIÓN DEL BANDIDO ZULOAGA y la catalogan como atentado a la libertad de expresión. El miserable Daniel Viotto de CNN, decía ayer que en Venezuela no se puede hablar. Ningún medio dice por qué Zuloaga ha cometido un delito. Ninguno dice, ¿por qué acusó al presidente, sin ninguna prueba, de haber ordenado dispararle a la oposición el 11-A?
Todas las ratas naciones e internacionales en coro chillaban ayer: “Opinar en Venezuela es un delito castigado con la privación de libertad. Rechazamos todo lo que coarte la libertad de expresión en el país y la cacería de brujas contra quienes asumen conductas de disidencia”, dijo a la AFP el diputado opositor Juan José Molina.
“No son sucesos aislados, todo se relaciona con la intención de buscar la autocensura, la intimidación y el miedo a expresarse libremente”, lamentaron en una nota de prensa varios ex gobernadores venezolanos.
“Opinar en Venezuela es un delito castigado con la privación de libertad. Rechazamos todo lo que coarte la libertad de expresión en el país y la cacería de brujas contra quienes asumen conductas de disidencia”, gritaban todas a una.
En ambas detenciones la petición de investigar estas declaraciones emanaron de la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por el oficialismo y que será renovada el próximo septiembre.
“La libertad de poderes es inexistente y la Asamblea Nacional está siendo usada por el Ejecutivo para legitimar acciones antidemocráticas. Es el brazo ejecutor de la persecución de los ciudadanos. Estamos angustiados porque se perdió la racionalidad democrática”, recalcó Molina.
Sin embargo, para el responsable de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento venezolano, Manuel Villalba, el dueño de un medio de comunicación no tiene carta blanca para realizar cualquier declaración.
“Este es un gobierno que garantiza plenamente la libertad de expresión (…) Usted puede expresar su opinión pero también tiene que ser consciente de que esas opiniones conllevan responsabilidades”, dijo.
Defendiéndose de quienes califican estas detenciones de persecución, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, aseguró que en Venezuela se procesa “por los delitos que supuestamente se cometieron y sin hacer distinción alguna en función de la militancia política”.
Venezuela se procesa “por los delitos que supuestamente se cometieron y sin hacer distinción alguna en función de la militancia política”.
Pero diferentes líderes opositores venezolanos consideraron que estos hechos tienen que ver con un “debilitamiento” del gobierno de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
Según consultoras fiables, la popularidad del presidente Chávez se ha reducido varios puntos desde enero.
El gobierno “sabe que los ciudadanos responsabilizan al presidente de los apagones, la inseguridad, los cortes de agua y por eso creen que con estos actos de amedrentamiento lograrán silenciar a la dirigencia democrática”, estimó el presidente del partido Copei, Luis Ignacio Planas.
“Estas actuaciones del oficialismo lo que demuestran es que ya se saben en minoría y arremeten contra los demócratas, para generar un clima de desesperanza y lograr que los ciudadanos no salgan a votar”, señaló un comunicado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
Más allá de las fronteras de Venezuela estos arrestos fueron recibidos con una seria inquietud.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la falta de independencia del poder judicial” y “la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas”.
Además, el miércoles, el departamento de Estado norteamericano se mostró “seriamente preocupado” por la detención de Alvarez Paz, calificada como “el último ejemplo del continuado ataque del gobierno a la libertad de expresión”.
Estas declaraciones merecieron que el gobierno venezolano emitiera el jueves en la noche una nota de protesta hacia Estados Unidos por “injerencia”.
Fuente: Ensartaos
www.ensartaos.com
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