domingo, 21 de marzo de 2010

Colombia: Las madres de Soacha piden castigo para los militares que mataron a sus hijos

Estudian presentar demandas contra el presidente Uribe en tribunales internacionales por la impunidad que ven en Colombia

"No nos callarán con amenazas de muerte, ni comprarán con dinero nuestro silencio", dice María Sanabria, madre de Jaime, un joven de 16 años asesinado por el ejército. El coraje y el tesón de María y de otras 18 madres de Soacha (populosa población al sur de Bogotá) puso al descubierto una práctica criminal de los militares colombianos; en numerosas zonas del país, el Ejército reclutaba con engaños a chicos inocentes y luego los mataba para hacerlos pasar por guerrilleros. Y cobraban por ello.

Al no avanzar el proceso judicial, y al ver que aumenta la impunidad por la puesta en libertad de 48 militares acusados de los crímenes, las madres estudian presentar demandas contra el presidente Uribe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Tribunal Penal Internacional. Lo responsabilizan por exigir al Ejército éxitos basados en el número de guerrilleros abatidos y pagar por cada muerto.

Un mínimo de 2.000 jóvenes colombianos han sido asesinados por las FF.AA. No fueron casos aislados sino que obedecían a una política prefijada. Según el relator de la ONU, Philip Alston, las ejecuciones se perpetraron "de manera sistemática por una cantidad significativa de militares''. Un informe del departamento de Estado de EE.UU. difundido hace sólo diez días, denuncia que "el número de casos, las zonas geográficas, y la diversidad de las unidades militares implicadas, indican que estos asesinatos fueron cometidos de manera sistemática por elementos significativos dentro de los militares".

Desde el golpe de Estado de Pinochet en 1973, en América no se había conocido tanto horror ni se había visto tanta sangre inocente derramada por militares. La popularidad de Uribe y del candidato Santos no se ha visto afectada por los asesinatos. Los colombianos lo valoran como mal menor de la política de seguridad de Uribe. Por duro que resulte decirlo, los crímenes de Estado están socialmente tolerados.

Las denuncias de las madres por el asesinato de 19 chicos de Soacha destaparon en todo el país el escándalo de los llamados falsos positivos, un eufemismo con el que se conoce la ejecución extrajudicial de miles de civiles inocentes por el ejército para cobrar recompensas, recibir ascensos o permisos. En el argot militar, un positivo es una baja guerrillera.

A raíz de las denuncias de las madres de Soacha, la fiscalía se vio inundada de una avalancha de demandas, presentadas en todo el país. Miles de madres desesperadas piden información sobre hijos desaparecidos. La respuesta que reciben es tan terrible como mentirosa: su hijo era un guerrillero muerto en combate.

La indignación de las madres aumentó el pasado viernes al saber que otros 17 militares implicados en las muertes de sus hijos fueron liberados. Ya son 48 los que están en la calle sin ser juzgados.

Aunque el candidato oficialista Juan Manuel Santos declaró a este periódico que cuando fue ministro de Defensa ordenó parar los asesinatos de jóvenes, las madres no sólo no han recibido indemnización sino que sus hijos siguen siendo acusados de guerrilleros. Y las madres son hostigadas, amenazadas y golpeadas para que callen.

"Todavía debo nueve millones de pesos por el traslado del cadáver de mi hijo desde Ocaña, donde encontramos sus restos en una fosa común, hasta Soacha. Tenía un seguro de exequias con Mafre, pero no ha querido saber nada", comenta Luz Marina Bernal. Su hijo Fair Leonardo desapareció el 8 de enero de 2008, y fue asesinado cuatro días después.

"No tuvieron piedad con Fair a pesar de sufrir retraso mental. Lo asesinaron los militares de la brigada 15 de Ocaña. Pese a su deficiencia mental lo acusan de ser jefe de un grupo narcoterrorista. Ni pudo aprender a escribir, ni identificaba el dinero; a los tres meses sufrió meningitis. Los detenidos por el crimen ya están libres", señala Luz Marina.

Blanca Nubia Monroy cuenta que su hijo Julián tenía 19 años cuando lo mataron. "Era un chico juicioso, estudiaba y trabajaba en una buseta para ayudarme. Buscaban chicos de familias humildes, pobres como nosotros. Creían que al matarlos nadie reclamaría por miedo. No pararemos hasta limpiar el nombre de los hijos y que los militares paguen sus crímenes".

La Vanguardia.es

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