La esposa del cacique Sabino Romero. P. Vilella
Losfamiliares de Sabino Romero solicitan a la justicia venezolana que libere a este cacique de la Sierra de Perijá para que sea juzgado según las leyes de los yukpa tras unos enfrentamientos con otra etnia de la zona. Mientras tanto diversas organizaciones de derechos humanos denuncian que encarcelaron al líder indígena para acallar su protesta en defensa de su territorio, rico en un carbón explotado por el gobierno de Hugo Chávez.
“Nosotros tenemos caciques, tenemos justicia y tenemos cultura. Ésta no es la costumbre de nosotros, no es nuestra cultura encerrar a la gente como animales”, se queja frente al Tribunal Superior de Justicia de Venezuela la esposa de Sabino, Lucía Martínez, mientras algunos de sus ocho hijos corretean en la plaza en la que este viernes protestan familiares del cacique y organizaciones pro derechos humanos.
Sabino es cacique de la comunidad Chaktapa, una de las 64 en las que están divididas el guerrero pueblo Caribe de los yukpa, que se asientan en la Sierra de Perijá, un territorio en la frontera con Colombia disputado por guerrilleros, grandes haciendas ganaderas y muy rica en carbón y fosfato.
Cansados de esperar a que el Gobierno les devolviera las tierras que les fueron arrebatadas durante la gestión de Marcos Pérez Jiménez en los años 50 (cuando les dejaron sólo los terrenos de la montaña) y que les llevaban prometiendo desde 2004, algunas comunidades lideradas por Sabino comenzaron a ocupar por cuenta propia y sin pedir permiso las haciendas y parcelas que les pertenecieron durante siglos.
Lusbi Portillo, de la asociación ambientalista e indigenista Homo et Natura, explica que el plan del Gobierno no es devolver a los indígenas su territorio sino parcelarlo para las distintas comunidades con distintos títulos de propiedad, algo que considera “contraproducente a la permanencia, desarrollo y vida de los pueblos indígenas” ya que “dejarlos en una franja en la que al oeste están los militares y al este están los ganaderos violentos es como echarlos de ahí”.
Portillo critica que como compensación les ofrecieron camiones y alimentos, “oro por espejitos” como en el tiempo de la invasión española de América. Esta tierra no sólo es rica en minerales cuya explotación denunció Sabino porque estaba acabando con la naturaleza de la zona, sino que también es una zona estratégica por donde pasa la línea ferroviaria que une Venezuela y Colombia y zona de idas y venidas de guerrilleros y paramilitares en la que pretenden construir dos bases militares.
Para Fresia Ipinza, coordinadora de la ONG Anticorrupción e Interpelación Popular Organizada (AIPO), la situación que llevó a Sabino Romero y a otros cuatro indígenas a la cárcel fue provocada por las multinacionales que tienen intereses en la zona en connivencia por las autoridades venezolanas fomentando el odio y los enfrentamientos entre los pueblos wayuu y yukpa, para quitarse del medio a Sabino. Así, el 13 de octubre de 2009, un conflicto entre dos comunidades de ambas etnias se saldó con dos muertos y cinco heridos, por los que se acusa ahora a Sabino en la sala constitucional del TSJ a pesar de que ambas comunidades ya han llegado a un acuerdo de indemnización y reparación.
La Constitución Bolivariana de 1999 no admite dudas al respecto. En el articulado en el que les fueron reconocidos a los indígenas venezolanos una ristra de derechos que antes se les habían negado se encuentra el de ser juzgados según sus propias leyes y su cosmovisión.
"No tienen por qué pasar por un tribunal ordinario de los blancos que se creen súper poderosos, detrás de esto lo que se busca es enmacarar el verdadero problema, que es de los territorios", dice Ipinza, quien asegura que llegarán hasta el Tribunal Interamericano de los Derechos Humanos si no se saca de la cárcel a Sabino, al que considera un personaje histórico dentro del proceso del movimiento indigenista.
Por eso Ipinza, que dice ser revolucionaria y apoyar el proceso bolivariano, denuncia el doble discurso de Chávez, que “mucho habla y apoya a los indígenas de América Latina pero les niega sus derechos a los indígenas venezolanos“.
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