Hace menos de un año, en plena campaña electoral, en un programa que transmite RPC TV, el entonces candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Martinelli, declaró: “…eso es lo que el pueblo ve en los políticos, no hay consistencia, dicen una cosa cuando están politiqueando y hacen otra cosa cuando están en el poder. Ricardo Martinelli no los va a defraudar. Si no cumplo lo que digo, que me guinden del palo más alto”.

Entre sus promesas electorales estaba disminuir el costo de vida, sin embargo, éste se ha incrementado considerablemente y amenaza con seguir subiendo ante el impacto que generará la reforma tributaria que acaba de ser aprobada por el Consejo de Gabinete, la cual va a afectar el poder de compra de las mayorías y deteriorar aún más la calidad de vida del pueblo trabajador.

¿Cuál es la excusa para las reformas tributarias de Alberto Vallarino?, “…el Estado requiere más ingresos, con estos ingresos se pretende sostener los planes de ayuda social ”. Discursos similares se esgrimieron en 1992 (Guillermo Endara y Mario Galindo), 1997 (Ernesto Pérez Balladares y Guillermo Chapman), 2002 (Mireya Moscoso y Norberto Delgado) y 2005 (Martín Torrijos y Ricaurte Vásquez).

Es decir, reiteradamente se insiste en que el problema es de insuficiencia de ingresos, a lo que cabe preguntarse ¿por qué no se cuenta con recursos suficientes? ¿Es un problema de bajos ingresos o de mal uso de éstos? La respuesta a estas interrogantes hay que buscarla en las políticas de endeudamiento, de privatización de las empresas estatales, de exoneraciones de impuestos a las llamadas zonas libres, zonas económicas especiales y actividad portuaria; en los incentivos fiscales a la gran empresa; en la evasión fiscal de la patronal; en la ineficiente política de recaudación tributaria; en los altos salarios, onerosos gastos improductivos y privilegios que ostenta la cúpula gubernamental; en el eficiente pago del servicio de la deuda externa; y en la corrupción gubernamental.

Estas distorsiones, hace mucho debieron obligar a realizar una reforma fiscal de carácter integral, procurando que quienes mayores ingresos perciben aporten más, con la aplicación de mecanismos de control y penalización rigurosos y efectivos contra la evasión fiscal, eliminando los gastos superfluos que realizan las instituciones, incluyendo los jugosos salarios y privilegios que reciben los ministros, diputados, magistrados, directores y otros altos funcionarios. Requiere, además, revisar las llamadas “ exenciones fiscales ” que se otorgan a las empresas transnacionales y al gran capital nacional.

Contrariamente, los cambios tributarios realizados hasta la fecha y la política económica en general, han profundizado estas distorsiones, perjudicando las remuneraciones de los asalariados.

Hoy, se pretende imponer un incremento de 40% en el impuesto de ITBMS (de 5 a 7%), lo que generará una cadena de aumento de precios, pues, como en diversas ocasiones lo ha señalado la patronal “ los aumentos de costo de producción se lo trasladamos a los consumidores ”.

Se insiste en que los bienes y servicios que verán aumentado el ITBMS no lo consume el pueblo, con lo cual parten del criterio que el pueblo trabajador solo puede aspirar al mínimo consumo. Señalan que la eliminación del ISR (impuestos por el lado del ingreso) a una parte de los asalariados compensará los aumento por el lado de los impuestos al consumo, lo que resulta una falacia en la medida que hoy un grupo de trabajadores no paga ISR, con lo cual no tiene renta sustituta para cubrir el alza impositiva; quienes se encuentran desempleados verán aún más caótica sus posibilidades de adquirir la cesta de alimentos y otros bienes y servicios; a quienes supuestamente se les elimina o reduce el pago de ISR éste no logra cubrir el incremento del impuesto por el lado del consumo.

Las reformas, una vez más, benefician por el lado del ISR a la gran empresa, que ve reducidos sus aportes al Fisco, con lo cual el sistema sigue siendo regresivo.

Frente a ello, señalamos nuestro rechazo a las inconsultas reformas tributarias, demandamos un proceso de evaluación de la política de gastos que ejecuta el gobierno. Llamamos al pueblo a rechazar estas reformas que lesionan aún más la calidad de vida de la mayoría de los panameños.

El pueblo se moviliza en rechazo a la política antipopular de Martinelli, el día 18 de marzo estaremos en las calles junto a las organizaciones de la Coordinadora de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo que han convocado a una gran marcha, porque ahora le toca al pueblo.. organizarse y luchar.

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