Iniciativa Mérida: ¿Una estrategia fracasada?

Roberto Cajina, consultor de Atenea Seguridad y Defensa

El incremento del crimen organizado, el tráfico de drogas y de personas, y el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México, dejaron en 2008 un poco más de seis mil homicidios y 522 militares y policías muertos relacionados con el narcotráfico, más del doble que el año anterior. En ese mismo año México produjo cerca de 13 toneladas métricas de heroína y más de 15.000 toneladas métricas de marihuana. Se estima que unas 150.000 personas están directamente involucradas en la narcoactividad y 300.000 en el cultivo y procesamiento de opio y marihuana. Las utilidades anuales de los cárteles de las drogas se calculan entre trece mil y 25 mil millones de dólares, parte de las cuales se utiliza para corromper a autoridades civiles, militares y policiales.

Las cifras de Centroamérica también son pavorosas: En 2006 se estima que los costos económicos de la violencia ascendieron a $ 6.500 millones equivalentes al 7.7% del PIB subregional, y 13.855 homicidios, cifra que coloca a Centroamérica ".a la cabeza de las subregiones más violentas de América Latina y del mundo". Ante la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad pública, ciudadanos y empresas invirtieron en ese año $ 1.238 millones en seguridad privada, mientras el presupuesto de todas las agencias involucradas en la prevención y combate de la violencia criminal en Centroamérica alcanzaba los $ 1.137 millones.

En octubre de 2007, el presidente George W. Bush develó la Iniciativa Mérida, una ".asociación de cooperación transnacional en seguridad para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en México, Centroamérica y el Caribe". Oficialmente denominada "Iniciativa de Cooperación para la Seguridad Regional", sus primeros fondos fueron aprobados como parte de la Ley de Asignación de Fondos Suplementarios para Irak. El paquete trianual de $ 1.700 millones ha destinado la mayor parte para México y una insuficiente fracción a Centroamérica, Haití y República Dominicana. Los retos de la subregión, por donde se asegura transita el 88% de la cocaína que se consume en los EUA, son muchos y apremiantes: combatir a los grupos criminales transnacionales; contener y reducir el tráfico terrestre, marítimo y aéreo de drogas así como de armas y de personas; hacer frente al severo deterioro de la seguridad ciudadana, en especial la amenaza de las maras; fortalecer las instituciones del sector justicia; reformar, modernizar y mejorar el entrenamiento de las policías; entrenar adecuadamente a los procuradores de justicia; y mejorar la administración de los centros penitenciarios.

La Iniciativa contemplaba dotar a las fuerzas del orden de equipos de inspección y entrenamiento en el uso táctico de los mismos; establecer, mantener y compartir información en línea sobre narcotraficantes e integrantes de pandillas (maras); establecer y hacer uso compartido de sistemas de registro y control de huellas dactilares, y crear unidades especializadas anti-pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además se refiere, al menos en términos declarativos, a programas comunitarios de prevención, fortalecimiento de los gobiernos locales, asistencia en la lucha contra las condiciones sociales que contribuyen al desarrollo de la criminalidad; fortalecer las instituciones del sector justicia; modernizar los sistemas penitenciarios; y mejorar el entrenamiento policial.


Antes de su aprobación, la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA por sus siglas en inglés) señalaba que la Iniciativa consideraba ".el tráfico de drogas casi exclusivamente como un asunto operativo de aplicación de la ley [y de] equipamiento a unidades policiales y militares para combatir al narcotráfico", y que en consecuencia el éxito de la misma sería medido solamente por cuánta droga fuese impedida de ingresar a Estados Unidos y cuántos narcotraficantes fuesen muertos y/o arrestados; con muy poco apoyo a las reformas de largo plazo de las instituciones policiales y sistemas de justicia, y que además de no ofrecía progreso en la reducción de la demanda de drogas en Estados Unidos ni el contrabando de armas hacia México. La Iniciativa, aseguraba WOLA, no está cimentada en una concepción estratégica anti-crimen de carácter comprensivo en la que tuvieran cabida la prevención y la rehabilitación. También advertía el posible agravamiento del problema si el gobierno mexicano lograba reducir significativamente las operaciones de los narcotraficantes en su territorio, ya que los obligaría a mover buena parte de sus operaciones hacia el sur.

La advertencia de WOLA fue reconocida casi dos años después por Thomas Harrigan y Anthony Placido, directores de operaciones y de inteligencia de la DEA respectivamente, quienes aseguraron, justo un día antes de la primera visita oficial del presidente Barack Obama a México, que los cárteles mexicanos se estaban extendiendo por Centroamérica y que ya se habían dado enfrentamientos armados entre narcotraficantes en Guatemala y Honduras por el control del territorio. Harrigan aseguró entonces que estaban ".examinando lo que ocurre al sur de México también, porque eso es igual de importante de lo que sucede en nuestra frontera. A medida que el gobierno mexicano ha tenido éxito, ha logrado empujar hacia el sur a esos cárteles y sólo podría crear problemas en Centroamérica".

Ya aprobada la Iniciativa Mérida, y mientras los gobiernos de Estados Unidos y México se esforzaban por destacar sus logros, sus críticos insistían en que por estar basada en el modelo de "guerra contra las drogas", un enfoque militar fracasado durante la administración del presidente Richard Nixon (1969-1974), tiene "defectos estratégicos fatales" que provocarían una escalada de la violencia y abusos contra los derechos humanos; y que al cambiar la naturaleza de los problemas económicos y sociales de la subregión presentándolos como asuntos de seguridad, el resultado inmediato sería la militarización de las sociedades involucradas y, más grave aún, la imposibilidad de lograr los objetivos propuestos. Si bien es cierto que se ha dado fuertes golpes al narcotráfico, hasta la fecha no es posible divisar con claridad los beneficios ofrecidos por Washington.

En su momento fue posible conocer desde dentro del establishment demócrata estadounidense el punto en que se encontraba. El llamado "zar fronterizo" de Estados Unidos, Alan Bersin, aseguró en la Sexta Conferencia de Seguridad Fronteriza, realizada en la Universidad de Texas en El Paso en agosto de 2009, que al menos $ 60 millones destinados a la Iniciativa Mérida podrían ser retenidos si las autoridades mexicanas no ofrecían resultados confiables en las investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos. Pero el influyente senador demócrata, Patrick Leahy, quien preside el subcomité senatorial que maneja las ayudas al exterior, fue más allá de lo anunciado por Bersin. Leahy rechazó un informe del Departamento de Estado que ensalzaba el respeto de militares y policías a los derechos humanos en México y bloqueó un desembolso de $ 100 millones a este país.

Aunque los fondos fueron luego liberados, el senador Leahy criticó la esencia del acuerdo multinacional y señaló una de sus debilidades al asegurar que si bien continuaba apoyando la Iniciativa, estaba convencido de que ".la sola estrategia militar no es una solución en el largo plazo ni tampoco está claro qué puede lograr en el corto plazo". En un comunicado difundido por su oficina, Leahy reconoció que "México necesita una fuerza de policía efectiva y un sistema de justicia que funcione", pero subrayó que "mientras la demanda de drogas en Estados Unidos y el flujo de armas hacia México continúe en estos niveles, será difícil neutralizar los carteles".

El plan trianual está previsto a finalizar en el último tercio de este año, y debido a la crisis financiera el presidente Obama ha presentado al Congreso una propuesta de presupuesto que reduce significativamente la asistencia militar al exterior. El Plan Colombia fue severamente afectado, y el financiamiento futuro de la Iniciativa Mérida es incierto, más todavía cuando aún no se cuenta con cifras oficiales siquiera sobre los dos indicadores principales de la "guerra contra las drogas": la cantidad de estupefacientes que ha sido impedida de ingresar a Estados Unidos y las bajas de los narcotraficantes y las maras. Más preocupante es la notoria ineficacia de la Iniciativa en lo relativo a los anunciados programas comunitarios de prevención, fortalecimiento de los gobiernos locales, asistencia en la lucha contra las condiciones sociales que contribuyen al desarrollo de la criminalidad y fortalecimiento y modernización de las instituciones del sector justicia y los sistemas penitenciarios, menos todavía para la reducción de la demanda interna y el freno al contrabando de armas, cada vez más sofisticadas, de Estados Unidos a México.

Todo lo anterior parece indicar que estamos a la vista de una reedición de la naufragada estrategia de "guerra contra las drogas" de la segunda mitad del siglo pasado, y los presidentes Bush y Obama ingresan así por la puerta trasera al poco reputado club de fracasados en la lucha contra el narcotráfico inaugurado por Richard Nixon hace casi cuatro décadas.

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