Matar a un monseñor
A treinta años del asesintato del célebre religioso salvadoreño, el crimen no se esclareció, pero la pista más firme apunta a un represor del Batallón 601 llamado o apodado Emilio Antonia Mendoza. Pero nunca fue investigada por la Justicia.
Por Santiago O’Donnell - Tomado de Página 12
Este mes se cumplen treinta años del asesinato del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, icono universal de la defensa de los derechos humanos. El crimen aún no se esclareció, pero la pista más firme dice que lo mató un argentino, un represor de la dictadura llamado Emilio Antonio Mendoza.
Su nombre figura en un documento de la CIA, desclasificado por el gobierno de Clinton en 1993, junto a otros 12.000 documentos que se refieren a El Salvador producidos por la CIA, la embajada, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y otras agencias federales, en respuesta a un pedido del Congreso que acababa de cerrar una investigación sobre abusos de derechos humanos en ese país. El documento sobre “Mendoza” fue revelado por el periodista salvadoreño Ricardo Valencia en el 2006 en una investigación periodística del diario El Día de ese país.
El cable dice taxativamente, sin apelar a los verbos condicionales, que “el oficial militar argentino Emilio Antonio Mendoza, fue enviado en 1980 a Honduras junto a otros argentinos por el general Viola” y que Mendoza “admitió de hecho haberle disparado a Romero”, y pide a la Agencia que recabe más información sobre el sujeto.
Puede ser un bolazo. El documento desclasificado está lleno de tachaduras de los censores de la Agencia y no precisa la fuente original de la información, no dice cómo el agente se enteró. Duane Claridge, un jefe de la CIA que supervisaba la inteligencia de la región en esos años, le dijo a Valencia que se trata de información cruda, que no había sido procesada por los analistas en Washington. Pero no negó su existencia. El diplomático estadounidense Robert White, que asumió la embajada pocas semanas después del asesinato, reconoció en la misma investigación periodística que estaba al tanto de la existencia del cable, aunque su impresión era que no se había producido “un hallazgo”.
No habría que descartarlo. El cable lo manda el “agente legal” de la embajada en San Salvador, o sea un hombre de la compañía. Los agentes de la CIA podrán ser unos mentirosos para el resto del mundo, pero tratan de pasarle buena información a sus supervisores. Aunque sea para ganarse el bonus de fin de año. Además, está probado que al momento del crimen el autor intelectual, Roberto D’Aubisson, recibía instrucción de militares argentinos que habían sido enviados a El Salvador por el entonces jefe del Ejército argentino, que era Viola. Y según muestran otros cables desclasificados por el gobierno estadounidense, cada vez que se entrevistaba con funcionarios de los gobiernos de Carter y Reagan, Viola demostraba una obsesión por el conflicto centroamericano.
Cuando apareció el documento de la CIA la causa judicial por el asesinato de Romero estaba cerrada y sellada por una ley de amnistía. Por eso “Emilio Antonio Mendoza” nunca fue investigado por la Justicia salvadoreña.
En la Argentina mucho se ha escrito e investigado sobre la participación de represores argentinos en el conflicto centroamericano. Pero por distintas razones muy poco se sabe sobre el funcionamiento de las estructuras de Inteligencia que la Marina y el Ejército montaron en la región. Se conocen los nombres de al menos un marino, Carlos Dürich, y un miembro de Ejército, Alfredo Zarattini, que estaban en El Salvador alrededor de marzo de 1980, en contacto directo con quienes ordenaron y planificaron el asesinato. Pero la existencia de Mendoza –si ése es su verdadero apellido– sigue siendo un misterio.
Monseñor Romero sabía que lo iban a matar y sabía desde dónde vendría la bala. Murió el 24 de marzo de 1980 de un solo disparo al corazón mientras daba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer. Era entonces el líder más popular del país y también un pacifista molesto en un país al borde de la guerra civil. Sus homilías, que se transmitían por radio, llegaban a todos los rincones del país.
Lo habían nombrado arzobispo en 1977 con el apoyo de los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero la muerte de un sacerdote de base muy amigo, asesinado por paramilitares junto a dos campesinos, lo llevó a denunciar cada vez con más fuerzas las matanzas de los grupos paramilitares que se sucedían a diario. También lo llevó a profundizar su opción por los pobres a partir de los textos del II Concilio y el Congreso de Medellín.
Quince días antes del asesinato encontraron 72 candelas de dinamita bajo el altar mayor de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de San Salvador, activados por reloj para estallar mientras él daba misa. “Podrán matarme pero no podrán callar la verdad”, les contestó en la siguiente homilía.
El día antes de morir dio un sermón sobre la muerte. “A los soldados les digo que los campesinos son su gente y que tengan en cuenta el mandamiento No Matarás. Ninguna orden está por encima de la ley de Dios. En nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, que paren con la represión”, predicó. En El Salvador, en esos días, se mataba por mucho menos.
Al día siguiente del asesinato una bomba estalló en la catedral y francotiradores abrieron fuego contra la multitud que participaba de la procesión, con un saldo de seis muertos y decenas de heridos.
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