El apartheid chileno

La pobreza es nuestra mayor tragedia. Es el drama latinoamericano y por cierto, chileno.

Una tragedia endémica que sin embargo poco tiene que ver con un estado de la naturaleza o con las fuerzas divinas.

La pobreza es efecto de políticas económicas instaladas desde los albores de la historia republicana, las que en su transmutación se han consolidado y reforzado. Este problema nacional levanta clamores piadosos a través de todo el espectro parlamentario binominal y trasciende las políticas sociales y asistenciales levantadas por éste o un gobierno anterior.

La condición de pobre, que es la de ser excluido de los derechos más básicos, no sólo es una condición de carencias sino que, también, está amplificada en su comparación: el pobre, en un modelo de libre mercado que profundiza las diferencias y fomenta el consumo suntuario, es como un refugiado en un gran campo de concentración sin rejas. Entre la ostentación y el lujo, el pobre es aún más miserable. Y el gobierno, el Estado y toda la institucionalidad chilena parecen validar este denigrante apartheid sudamericano.

La última encuesta Casen, sobre la base de una misma y consensuada metodología, arrojó resultados dramáticos que han llevado a la clase política a rasgar vestiduras y arrojarse culpabilidades. Pero sabemos que es un ejercicio retórico más, que en los últimos días marca nuevas cotas al populismo. Cuando El Mercurio editorializa que la opinión pública “se ha remecido” con las cifras de pobreza, o cuando el presidente Sebastián Piñera dice, en cadena nacional, que en sus permanentes recorridos por Chile “he visto con mis propios ojos el dolor y sufrimiento que la pobreza significa”, atendemos a una pompa política que no resolverá o aminorará el problema. Porque los pobres no están en el centro y razón de ser de la derecha; porque los pobres tampoco han estado en el eje de las políticas de la Concertación.
El gobierno de Michelle Bachelet, que desplegó todo un discurso comunicacional en torno a sus programas de protección social, hoy puede decirse que fracasó rotundamente. Durante su gobierno se desprotegió a los más pobres. Bajo los argumentos de los equilibrios macroeconómicos, quienes sufrieron los mayores efectos de la crisis han sido los más vulnerables. El modelo de libre mercado nunca se expresó con mayor brutalidad, y lo hizo bajo la falsa retórica de la protección social.

Las cifras son evidentemente desalentadoras. Entre los años 2006 y 2009 la pobreza subió de 13,7 a 15,1%, el equivalente a 355 mil personas, lo que lleva a una cifra enorme: 2,5 millones de personas viven bajo la línea de la pobreza y de ellas, 634 mil en extrema pobreza.

La pobreza infantil y juvenil llega al 24%.

¿Qué significan estos números? De partida, es el primer aumento que registra el indicador de Mideplan desde su creación en 1987. Ha habido aumentos tanto en la pobreza urbana (15,5%) como rural (12,9%) así como también entre la población indígena y no indígena. Las regiones menos pobres corresponden a la de Antofagasta (ocho por ciento), Magallanes (9,3) y Región Metropolitana (11,5%), mientras que las con mayor pobreza son la de La Araucanía (27,1), del Bío Bío (21,0), del Maule (20,8) y de Los Ríos (20,4%). Por grupos de edad, la pobreza afecta más a los niños y jóvenes: entre 0 y 3 años y entre 4 y 17 años, la pobreza alcanza a 24,5 y 21,5%, respectivamente. ¿Es esta una señal de nuestro futuro como país?

Un hogar es pobre cuando su ingreso per cápita es inferior a dos veces el valor de una canasta básica de alimentos en la zona urbana, y a 1,75 veces en la zona rural. Según esta metodología, un habitante urbano es pobre cuando sus ingresos diarios son inferiores a dos mil cien pesos, de acuerdo al valor actual de la canasta alimentaria básica. Si estimamos un hogar de cuatro personas, esta familia es pobre si sus ingresos mensuales no superan los 256 mil pesos mensuales.

La pregunta que podemos hacernos es ¿qué sucede cuando una familia no está bajo la línea de la pobreza? ¿En qué categoría están los hogares con ingresos de 300 mil pesos? No califican como pobres, pero su situación es de extrema vulnerabilidad. Como admitió el presidente Piñera, basta perder el empleo, caer enfermo o llegar a la vejez para integrar esta categoría.

El retroceso en la denominada “lucha contra la pobreza”, que es decididamente una gran derrota para las políticas asistenciales, ha generado una estéril polémica entre el gobierno y la oposición respecto a las causas del aumento de la pobreza. Es muy probable que una de ellas -pero no la única-, haya sido la crisis económica, pero otras crisis anteriores han afectado la economía chilena. Es un hecho que el PIB chileno cayó más de un punto el año pasado, pero había crecido constantemente durante los años precedentes. Y es también un hecho que tras la crisis asiática, el PIB también se contrajo a inicios de esta década, sin efectos esa vez en aumentar la pobreza.

Casi de forma paralela a la difusión de la encuesta Casen, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó datos sobre la distribución del ingreso, el otro gran lastre de la economía chilena. Según el INE, el ingreso promedio de los hogares chilenos es de 610 mil pesos, pero hay grandes diferencias: en el primer decil (el diez por ciento más pobre) el ingreso es de 169 mil pesos, en tanto en el diez por ciento más rico es de 1.976.000 pesos. Una medición que sin embargo no alcanza a coincidir con las cifras de la OCDE: el decil más rico tiene ingresos 29 veces superiores al del diez por ciento más pobre.

La encuesta Casen, una metodología anticuada.

El sentido común nos dice que una familia de cuatro miembros con ingresos un poco superiores a los 256 mil pesos, que no está calificada como pobre, tampoco logra solventar sus necesidades más básicas. Es por ello que hace no poco tiempo el economista Felipe Larraín, actual ministro de Hacienda, publicó un documento que pone en tela de juicio la metodología de medición de la pobreza, elaborada hace ya más de veinte años. Según Larraín, actualmente la pobreza en Chile podría superar el 30 por ciento de la población y llegar a unos cinco millones de personas. El título del trabajo del economista fue muy claro e incómodo: “Una muy necesaria corrección: Hay cuatro millones de pobres en Chile”.

En el texto Larraín dice: “Para responder cuántos pobres hay efectivamente en Chile contamos con el acucioso trabajo desarrollado entre 2001 y 2003 por la Fundación para la Superación de la Pobreza -fundación con gran apoyo del Estado chileno-, en conjunto con el Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile y la jefa de Precios del INE. Por tanto, al aplicar esta metodología concluimos que el 29 por ciento de los chilenos vivía en pobreza en 2006 (en vez del 13,9 por ciento oficial). Es decir, poco más de cuatro millones y medio de chilenos vive bajo la línea de pobreza; de ellos, un millón son indigentes”.

El economista Orlando Caputo comparte la tesis de Larraín, porque resulta clave actualizar la metodología de medición de la pobreza con los consumos actuales de los hogares. No puede basarse sólo en una canasta de alimentos básicos. Lo que entonces criticó Larraín, ahora parece olvidarlo, dice Caputo. “El presidente Piñera insiste en validar el fraude estadístico denunciado por el propio Felipe Larraín en el año 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet. Este fraude estadístico oculta los verdaderos niveles de pobreza en el gobierno actual y en los anteriores gobiernos de la Concertación”.

Porque, agrega Caputo, “las verdaderas causas de los elevados niveles de pobreza en Chile se explican por la forma actual de funcionamiento del capitalismo neoliberal, que se caracteriza entre otras múltiples variables por el contrato y subcontrato; flexibilidad laboral; empleo precario; la gran apertura comercial y la competencia espuria basada en bajos salarios y apropiación de los recursos naturales y daño a la naturaleza. En realidad, en Chile se presenta en forma ampliada el ‘modelo de crecimiento empobrecedor’, desarrollado por la ciencia económica”.

Las estadísticas pueden diferir, pero hay una realidad. La pobreza aumentó pese a todos los programas sociales tan publicitados por el gobierno de Michelle Bachelet. Una realidad que surge no sólo del fracaso de los programas sociales y de los eventuales efectos de la crisis, sino del sostenido proceso de concentración de la riqueza, que deriva de la concentración de los mercados y de la propiedad en la industria y los servicios. Según publicó el diario empresarial Estrategia, durante los últimos veinte años, y tras la oleada de fusiones y adquisiciones en sectores muy sensibles para los consumidores como los supermercados, el de venta de bienes de consumo y de medicamentos, en la banca o las telecomunicaciones, entre varios otros, lo que ha habido es un progresivo control de estos sectores por un puñados de actores dominantes. Un simple vistazo a lo ocurrido en el mercado de las farmacias basta para observar los efectos perjudiciales de este fenómeno sobre los precios, el empleo y los salarios. Durante estas dos décadas, cerca de 1.500 farmacias han desaparecido. El resultado de estas masivas quiebras es la colusión de precios y el reparto de casi la totalidad del mercado entre tres cadenas.

Y suma y sigue: en la banca cinco entidades controlan el 75 por ciento de los préstamos, lo que también ha significado que durante este período hayan desaparecido once bancos, con sus implicancias en el empleo. Comparativamente, en 1990 cinco instituciones tenían sólo el 55 por ciento de los créditos. Y lo mismo ocurre en los supermercados, con tres cadenas que están cerca de controlar el 90 por ciento de las ventas en un proceso tan voraz, que sólo en lo que va del año la cadena Unimarc ha absorbido doce supermercados, lo que elimina del escenario a actores más pequeños.

Este fenómeno de concentración se ha producido pese a los organismos regulatorios de la libre competencia, cuyas funciones, a la vista de los resultados, no han conseguido resguardar ni a la competencia, como en el caso de las farmacias independientes, ni a los consumidores, como ocurre con el abuso en los precios, por la colusión de los cárteles. Es el sector financiero, con sus altas comisiones y tasas de interés, el que encabeza en estos momentos el ranking de abusos sobre los consumidores, lo que implica otra vuelta de tuerca en este proceso de concentración de la riqueza y empobrecimiento de la población. Sólo en lo que va del año, el Sernac ha recibido unos 13.600 reclamos contra el sector financiero y las tiendas de departamentos que venden a crédito.

El proceso de concentración y empobrecimiento puede observarse en otros indicadores. El equipo Nueva Economía, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ha detectado un crecimiento económico muy dispar. Entre 2003 y 2008 el crecimiento acumulado del producto fue de 27 por ciento, con una tasa anual promedio del 4,8 por ciento. Sin embargo el sector de las comunicaciones creció casi un 58 por ciento, el comercio un 38 por ciento y los servicios financieros otro 38 por ciento. Según el informe, “sectores de alta ocupación se reorganizan y adoptan un modelo de mayor concentración de mercado, con un funcionamiento de competencia oligopólica y que además se extiende a ciudades de mayor tamaño en regiones”. El resultado de este proceso es el control sobre los precios, los salarios y el empleo, lo que conlleva más concentración de la riqueza.

Uno de los resultados de este estudio aporta datos relevantes para entender este trasvasije de la riqueza desde el conjunto de los actores productivos a las grandes corporaciones. Durante el período 2003-2008 las pymes y los trabajadores han ido rezagados con respecto a los grandes actores de la economía. “Los ingresos del trabajo han crecido menos que el PIB, lo cual es reflejo de las dificultades de avanzar en materia de distribución del ingreso”, lo que es especialmente notorio en las pymes y los trabajadores independientes. Esta situación es evidente respecto del trabajo asalariado en el contexto de las pymes, lo que “no posibilita mejoras distributivas a través del emprendimiento, que está desplazado por la concentración y el aprovechamiento de las economías de escala”.

En esta misma línea de análisis escribió el economista Raúl González, de la Academia de Humanismo Cristiano. En Chile, la relación entre el desempleo y pobreza es evidente: los indigentes aparecen con una tasa de desocupación del 51 por ciento; los pobres, con una del 31 por ciento. En tanto los definidos como no pobres, tienen una tasa del 7,9 por ciento. Sin una clara política de inserción laboral, todos los programas de asistencia social serán limitados, como lo hemos visto en el reciente aumento de la pobreza. “Ello conduce, de manera crucial, a cuáles son las oportunidades de trabajo que se están creando en la economía, tanto en cantidad como en calidad. La pregunta es si el mercado genera esas condiciones. La respuesta negativa a esta pregunta genera un amplio campo para repensar una política de empleo que no sea ‘de emergencia’, ‘provisoria’, sino una base del desarrollo del país”. Lo que la encuesta Casen ha dejado claro es el fracaso de esas políticas de emergencia y esos empleos provisionales, que es la única fórmula que tiene el neoliberalismo para amortiguar el empobrecimiento general que genera el enriquecimiento de unos pocos. Es esta la lógica del libre mercado. Creer lo contrario, es pedirle peras al olmo.

PAUL WALDER