No garantiza el Estado mexicano justicia para las mujeres: comisionada de la ONU

Emir Olivares y Fabiola Martínez

La alta comisionad adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, manifestó preocupación por la situación en México de las garantías fundamentales de las mujeres, en especial por los femicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante una reunión con organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la representante de la ONU también expresó su inquietud por la impunidad en que permanecen los abusos contra el sector en el país, pues el Estado mexicano "no está garantizando la justicia" para ellas, afirmó.

Algunas de las asistentes informaron que en la reunión, más de 30 organizaciones civiles y familiares de víctimas de violencia expusieron ante Kang la “falta de mecanismos reales del Estado mexicano –en sus diversos niveles– para proteger los derechos humanos de las mujeres”.
María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quien asistió a la reunión, sostuvo que se abordaron temas y casos "emblemáticos", como la aprobación de legislaciones antiaborto en 18 estados del país, las cuales criminalizan a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, así como el encarcelamiento de varias de éstas, a quines se acusa de "homicidio" por abortar.

Las ONG sostuvieron que aun con las recomendaciones internacionales y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por casos de feminicidio en Ciudad Juárez, este delito va en aumento.

“Hablamos del incremento de asesinatos de mujeres en esa urbe, que ahora, por el problema del narcotráfico en la región, se invisibilizan porque sólo se aborda la situación y las ejecuciones del crimen organizado, no la vulnerabilidad del sector femenino en Chihuahua.”

Kang también escuchó sobre algunos casos de trata de personas, violencia sexual, la situación de "vulnerabilidad y riesgo" en que están algunos refugios para mujeres en los estados. Se habló además de la problemática que enfrentan las reclusas y las indígenas, en particular el caso de San Juan Copala, Oaxaca, donde son víctimas de un cerco paramilitar que impide incluso llevarles ayuda humanitaria.

La violencia sexual de que fueron víctimas más de 20 detenidas durante los operativos policiacos en San Salvador Atenco –en mayo de 2006– y las indígenas que han sido violadas por elementos del Ejército, fueron otros de los temas relevantes durante la charla.

La alta comisionada adjunta aprovechó su visita al país para participar en el 30 Congreso de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, para además reunirse con ONG y representantes gubernamentales.

"Se trató de un encuentro previo a la visita oficial que en noviembre de 2010 realizará al país Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Kang llevará a Pillay toda la información que recabe en estos días".

En la reunión con la representante de la ONU, efectuada ayer en la mañana, participaron madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, el Consorcio para el Diálogo, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, el Grupo de Información y Reproducción Elegida y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras organizaciones.

Posteriormente, Kang se reunió con representantes de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión del Feminicidio de la Cámara de Diputados y de otras instancias gubernamentales.

La Secretaría de Gobernación informó que la representante de la ONU fue recibida en la dependencia por el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Felipe Zamora. Durante en encuentro los funcionarios de gobierno reiteraron que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública está apegada a derecho y refrendaron el "absoluto compromiso" del gobierno federal con el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

También se habló de los desafíos existentes en torno a la coordinación entre la Federación y las entidades para la aplicación de políticas públicas integrales de protección y promoción de los derechos humanos.