Los movimientos de base siguen mandando -Raúl Zibechi

IV Foro Social Américas
Lejos de las unanimidades del período en que gobernaban las derechas en los principales países de Sudamérica, los movimientos sociales conseguen unirse en la defensa de los bienes comunes y en la crítica al extractivismo, pero se separan cuando llega el momento de evaludar a los gobiernos progresistas y de izquierda.

“Salimos de Colombia hace once meses y hacemos unos mil kilómetros por mes a través de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. Somos del grupo Cicloexpedición y queremos entender lo que sucede en nuestro continente. Nos vamos cuestionando a cada momento qué vamos a hacer al regresar allá. Ya no somos los mismos”, asegura Juan José Correa, un colombiano de 35 años que vive en Chocó, en la costa del Pacífico.

Unas 15 mil personas se congregaron en el IV Foro Social Américas celebrado entre el 11 y el 15 de agosto en Asunción, en un amplio complejo deportivo a casi diez kilómetros del centro. Los ejes principales fueron: los alcances y desafíos de los procesos de cambio, la militarización y dominación imperial, la soberanía alimentaria como núcleo de nuevos equilibrios de vida y la plurinacionalidad. La delegación más numerosa fue la boliviana, destacó la fuerte presencia del guaraní, lengua oficial del Paraguay, y la financiación de la represa de Itaipú que donó 100 mil dólares al Foro.

La Declaración final destacó que “la derecha en el continente se está rearticulando aceleradamente para frenar cualquier proceso de cambios” y llamó a defender “los bienes naturales frente al capitalismo devorador”. En su parte final señala que “los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo las luchas de nuestros pueblos van a permitirnos avanzar hacia el ybymarane’y (tierra sin mal) y hacer realidad el tekoporâ (buen vivir)”.

Haití siete meses después

La tremenda realidad del pueblo haitiano ocupó una parte considerable de los debates. El economista Camille Chalmers, profesor de la Universidad de Haití y promotor de una red de movimientos sociales, denunció la hipocresía de la comunidad internacional. “Sufrimos 300 mil muertos, 3 millones de damnificados, 1,6 millones perdieron sus casas y 75 mil mujeres teniendo sus hijos en la calle mientras ingresamos en la temporada de huracanes. La ayuda internacional no está llegando a la gente porque está siendo utilizada por gobiernos y grandes agencias internacionales como forma de dominación, centrada en fortalecer sus burocracias”.

Dijo que los campos de refugiados se están convirtiendo en campamentos permanentes. “El 31 de marzo en la conferencia en Naciones Unidas sobre Haití se prometieron 9.000 millones de dólares de ayuda de la que llegó menos del 2 por ciento”, protesta Chalmers. Los únicos países que han hecho desembolsos son Brasil, Estonia, Noruega y Australia.

La Comisión Interina de Reconstrucción de Haití (CIRH) creada en esa conferencia ni siquiera está funcionando ya que ha realizado sólo una reunión y los dos proyectos que priorizaron fueron el de instalación, que costó 10 millones de dólares, y un proyecto de relaciones públicas con una empresa estadounidense dirigida por un antiguo consejero político de Bill Clinton, a la que le pagan 80 mil dólares mensuales para construir una imagen de la CIRH.

“Haití sufrió durante siglos la violencia de la deuda luego del contrato firmado en 1825 por el cual nos forzaron a pagar 150 millones de francos oro a Francia para indemnizar a los antiguos propietarios de esclavos y haciendas. El saldo de esa deuda fue comprado por bancos estadounidenses a principios del siglo pasado en el contexto de la expulsión de las potencias europeas de la cuenca del Caribe. Esa deuda fue muy importante para reinsertar de modo forzado a nuestro país en la economía mundial y para neutralizar el contenido de la revolución haitiana”.

En la segunda mitad del siglo XIX la deuda implicaba el 70 por ciento de los ingresos del Estado. Pese a las declaraciones de la comunidad internacional, Haití sigue pagando una deuda que representa ahora el doble del presupuesto público, cuando en el terremoto perdió el equivalente al 120 por ciento del Producto Interno Bruto.

“La presencia actual de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) creada en 2004 la consideramos una presencia imperialista bajo cobertura de Naciones Unidas que gasta 700 millones de dólares al año y no tuvo la colaboración con el pueblo ante las consecuencias de terremoto. Por el contrario, la misión integrada sobre todo por países latinoamericanos se dedica a reprimir las movilizaciones de los trabajadores y estudiantes haitianos”, explica Chalmers.

La crisis provocada por la destrucción de los aparatos productivo y estatal sólo podría resolverse con la movilización del pueblo haitiano y con brigadas de solidaridad. “La actitud de la comunidad internacional contrasta con el papel que juega Cuba que tiene 1.300 médicos en Haití. A raíz del segundo golpe de Estado contra Aristide en 2004, el gobierno haitiano cortó los subsidios a los médicos cubanos durante un año pero esos médicos fueron mantenidos, albergados y alimentados por las poblaciones campesinas lo que muestra una solidaridad maravillosa. Para otros, Haití es un banco de pruebas de la re-militarización del continente”, concluye el análisis de Chalmers.

Indígenas y campesinos

“Queremos que los recursos naturales sean administrados por las comunidades y los pueblos indígenas y no por los municipios, por eso buscamos una nueva distribución del poder que es la autodeterminación”, desgrana Diego Faldón sus razones con inamovible serenidad. El pueblo chiquitano, al que pertenece, acaba de realizar una marcha de 35 días en demanda de autonomía junto a otros pueblos de tierras bajas. Por eso el dirigente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz remata: “Aunque esté el hermano Evo en el gobierno tenemos que seguir peleando, porque no obedecemos al gobierno sino a nuestras bases”.

“Vinimos al Foro para difundir lo que hacemos más que para vender”, dice la campesina Gladys Gómez de la Asociación de Mujeres Norteñas. “El segundo objetivo es avanzar en comercializar nuestros productos con otros movimientos similares al nuestro para eludir las trampas del mercado controlado por el gran comercio, lo que conseguimos en los encuentros departamentales y en algunos espacios muy puntuales”, añade.

La asociación está integrada por 230 mujeres campesinas en el distrito de Horqueta, 430 kilómetros al norte de Asunción, en el departamento de Concepción. Los catorce comités que integran la asociación se especializan en diversas producciones: remedios y pomadas naturales para úlceras, hemorroides y quemaduras, jabones naturales, artículos de limpieza, confitería, frutas y verduras agroecológicas que comercializan en las ferias locales. Un aparato de destilación propiedad de la asociación sirve de base a todos los comités para la elaboración de sus productos. Además tienen una chacra y una huerta comunitarias, cría asociativa de vacas y gallinas.

“Hace apenas diez años llegó el asfalto a Concepción”, dice Gladys. Horqueta es la segunda ciudad del departamento, con unos 60 mil habitantes, que producen maíz, mandioca, porotos y algodón. Junto al vecino San Pedro, son dos departamentos de expansión sojera y, por lo tanto, de fuerte emigración campesina. Es que en Paraguay los monocultivos se expanden aniquilando las economías campesinas. Por las buenas, forzándolas a emigrar a las periferias de las ciudades, o por las malas ya que ambos departamentos están controlados por los llamados “narco-ganaderos”, que combinan el ganado con los plantíos de marihuana.

Históricamente fueron los dos departamentos más destacados en la lucha campesina, en dictadura y en democracia. Ahora fueron incluidos por el gobierno de Lugo entre los cinco donde se implantó el estado de excepción. “Concepción es el departamento con más campesinos del país y el 50 por ciento de la producción es autoconsumo”, asegura Gladys. “Creemos que la militarización es la forma de facilitar el ingreso de la soja de la mano del agronegocio”. Isidoro Bazán, veterano dirigente de la Organización Campesina del Norte, va más lejos y asegura que desde los atentados del 11 de setiembre “los campesinos nos hemos vuelto sospechosos”.

Su argumento surge de la experiencia cotidiana: “Los que resistimos y luchamos contra el agronegocio somos acusados de terrorismo, nos espera la cárcel o las medidas sustitutivas. En Horqueta hay más de cien campesinos que tienen que ir a firmar todos los meses a la comisaría”. El auditorio, poblado por decenas de jóvenes de varios países de la región, no da crédito a lo que escucha. “Si esto es el progresismo, cómo habrá sido la dictadura”, exclama un joven colombiano.

“Lo que tenemos en común”, vuelve Gladys, “es el deseo de seguir viviendo en las comunidades, seguimos aferradas a la tierra porque no queremos irnos a las ciudades, pero para resistir necesitamos superar la invasión de sojeros. Para eso nos organizamos, hacemos capacitación en equidad de género, salud sexual y reproductiva, no violencia y derechos humanos. Las chacras comunitarias nos sirven para fortalecer el tejido colectivo y eso fortalece la resistencia”.

Niños y niñas que trabajan

“Cuando aportamos algo en la casa los padres nos tienen en cuenta, nos preguntan”, asegura Gladys González mientras no para de saltar y gritar en la marcha de apertura del Foro. Tiene apenas 16 y empezó su vida laboral hace nueve vendiendo choclo en la terminal de autobuses de Asunción. Hace tiempo se decidió a integrarse en la Coordinadora Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores (conats).

La organización nació en 1999 a partir de Calle Escuela, una ong decidida a convertir a niños y niñas en sujeto de sus vidas. Los que participan en conats presentan biografías casi idénticas: comenzaron a vender en el mercado, la Terminal de autobuses o fueron lustrabotas, sufrieron como mínimo “abusos verbales” y se retrasaron en la escuela, tienen más de seis o siete hermanos y viven en barrios muy pobres, en general en asentamientos ocupados por familias expulsadas del campo por el avance incontenible de la soja.

Graciela García, de 14, vive con su madre y siete hermanos. No recuerda cuándo empezó a vender en el Abasto pero es seguro que “cuando estaba en la panza de mi mamá ya me iba al mercado”. Se levanta a las dos de la madrugada todos los días para llegar al mercado sobre las 4; trabaja vendiendo frutas y verduras y va a la escuela de tarde, “con mucho sueño y muy cansada”.

Francisco Estigarribia, que ya tiene 18, cuenta una historia increíble. “Soy el quinto entre nueve hermanas y hermanos, vivimos en San Antonio, una ciudad muy cerca de Asunción. Todas mis hermanas y hermanos trabajamos. Vivo con padres, pero desde el año pasado sólo los fines de semana porque estoy en la facultad en la noche y no tengo medios para llegar hasta casa cuando salgo a las 10 de la noche”. Francisco empezó a vender empanadas que cocinaba su madre en el barrio, luego vendió frutas y verduras y empezó a trabajar en el mercado. “Nos íbamos a la terminal de ómnibus para vender, trabajaba con ella hasta el medio día y después me iba a la escuela”.

A los diez años ingresó a la Organización de Lustrabotas de la Terminal de Ómnibus de Asunción y a los 12 fue elegido representante. “Éramos 50 lustrabotas y yo trabajaba de 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Cuando terminaba seguía con mi mamá en su local de venta de comestibles, hasta las 12 de la noche, nos íbamos juntos a casa y al día siguiente tenía que estar a las 7 de la mañana de nuevo en el colegio”. Hoy trabaja en la Secretaría de la Niñez y estudia en la universidad junto a varios compañeros que pasaron por CONATs.

Las madres también se han organizado, como suele suceder en estos casos, detrás de sus hijos. Lourdes Torres, madre de un chico trabajador apunta: “Aprendí que mis hijos tienen derecho a opinar y a ser escuchados”. Se ocupan de mantener las ollas colectivas en sus asentamientos, de sostener la organización territorial siempre precaria de sus hijas e hijos.

Gladys no quiere eludir el tema más conflictivo, el enfrentamiento con quienes se apoyan en el artículo 32 de la Convención de Naciones Unidas para rechazar el trabajo infantil. “Lo que hay que erradicar es la pobreza. Si no trabajamos no comemos, el trabajo nos ayuda a formarnos como personas y, en todo caso, se trata de que nuestros padres tengan un trabajo con un salario digno para que no tengamos que recoger la basura para comer”.

En los margenes de la ciudad

Hace pocos meses el senador liberal Luis Jaeggli propuso una ley para quitar de las calles a los cuidadores de autos y limpiavidrios, lo que levantó una fuerte oposición tanto de las organizaciones de niños y niñas trabajadores como de buena parte del movimiento social. Al defender su propuesta, Jaeggli mostró su verdadero pensamiento, que consiste en la defensa del golpismo: “Lo que pasó en Honduras, para mí es totalmente legal”.

La actitud de los políticos de la derecha contrasta con el apoyo que la ONG Calle Escuela ofrece a los niños que trabajan. Durante el Foro Social se cumplió el primer año de las clases de capoeira en la Terminal de Ómnibus de Asunción, donde decenas de chicos participaron de clases de una especialidad afrobrasileña que mezcla el arte marcial, la música y la destreza física.

Bajo una pequeña carpa en el centro del Foro Social, los miembros de la Coordinadora de Defensa Comunitaria (CODECO) estrenan un video donde explican que miles de familias viven en el Bañado Norte, una porción de tierra ganada al río Paraguay por campesinos llegados a la capital hace cinco décadas. En 2004 la CODECO se separó de la organización madre, COBAÑADOS, para eludir el clientelismo del Partido Colorado y plantarle cara a la pobreza en base a la solidaridad y la minga, el trabajo colectivo solidario gracias al que sobreviven los pobres de todo el continente.

Al calor de la especulación neoliberal, en 1994 la municipalidad legisló que el Bañado es una zona verde y tiene valor de reserva natural. Con esa ordenanza se puede desalojar a la población de una zona que ocupa desde décadas. “En 2004 intentaron quitar la tierra a quienes vivimos allí pero la movilización puso un freno al proyecto de Franja Costera financiado por el Banco Mundial”, asegura María. Con poco más de 35 años, es la secretaria de actas de CODECO, mantiene un emprendimiento familiar con 40 cerdos que se alimentan en base al trueque con los recolectores. “Ellos nos traen la comida que rejuntan en la calle y yo les retribuyo con cerdos en las fiestas y el 1º de mayo”.

El 10 de diciembre hicieron una gran marcha hasta el centro de la ciudad denunciando los renovados intentos de desalojo, en la que jugó un papel destacado la Asociación de Carreros, Carritos de Mano, Recicladores y Recicladoras del Bañado San Miguel, que sobreviven recogiendo y clasificando la basura de la ciudad. Como casi todos los campesinos, los vecinos de los Bañados tienen animales, gallinas, cerdos y sobre todo caballos, un preciado instrumento de trabajo que les permite aumentar la carga de sus carritos. Patricio Pintos hace las veces de veterinario, ya que aprendió a dar inyecciones como funcionario de salud pública.

María se detiene a explicar cómo funcionan los diferentes comités que integra CODECO. Asegura que los portavoces cumplen un papel especial en sus comunidades, ya que “devuelven la calma a su gente con palabras suaves”. Imposible olvidar la formación cristiana de esta camada de activistas.

Carmen Castillo, una mujer de piel oscura que es la principal referente de la organización, añade que “tenemos una organización horizontal, donde todos somos parte de las decisiones”. Ante las inevitables bromas enfatiza que no es dirigente y lo grafica con una frase que cada vez se escucha más y más, entre los de abajo de este continente: “Yo no mando, a mi me mandan”.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las Américas (www.cipamericas.org/es)