Oro verde en Sudamérica

Por Juan Carlos Pavoni
Fitomejorador de Trigo en INTA. Productor agropecuario y analista de Gestión Agropecuaria

En Brasil. Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia el monocultivo crece a costa de la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente, lo que impone buscar alternativas al modelo productivo de semillas transgénicas y glifosato.

En 2007 Brasil conmemoró los 125 años de la introducción de la soja en el territorio nacional, alcanzando una productividad media de 2.900 kilos por hectárea. La conquista territorial y el aumento de la productividad llevaron a Brasil al puesto de segundo mayor productor de este grano, respondiendo por aproximadamente 28 por ciento de la producción mundial y primer productor del hemisferio sur, con aproximadamente 21 millones de hectáreas cultivadas y 61 millones de toneladas de granos en el ciclo 2007/08. Así fue señalado en el material preparatorio del V Congreso Brasileño de Soja.

En ese encuentro, realizado el año pasado en Goiania, se planteó que –siguiendo el ritmo de producción de Brasil– la Argentina es el tercer productor mundial de soja en el hemisferio sur. Aproximadamente, en el país se cultivan 17 millones de hectáreas. Se estima que en los últimos ciclos se cosecharon 47 millones de toneladas, contabilizando un aumento de más de 5 millones de toneladas con relación al anterior escalón productivo. Y en Paraguay –quinto país en producción de soja en el mundo– se produjeron 7 millones de toneladas en el ciclo 2007/08, con una renta aproximada de 2,8 mil millones de dólares, lo que representa del 60 al 70 por ciento de las divisas del país.

El Mercosur fue la región que más creció en producción de soja en todo el mundo durante las últimas décadas. En 1970 la región era apenas una promesa para el cultivo de la soja. La producción no pasaba de 2 millones de toneladas, del total mundial de 42 millones. Su productividad no era superior a los 1.400 kilos por hectárea. En 2008, el Mercosur respondió por 115 millones de toneladas de un total de 218 millones de la producción mundial. La conclusión en este congreso es que definitivamente el Mercosur se convirtió en el mayor polo productor del mundo.

Entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se siembra una superficie de soja que alcanza hoy las 53 millones de hectáreas, lo que significa el 53 por ciento de su superficie cultivada total, de 100 millones de hectáreas cultivables actualmente. Esto constituye una clara tendencia al monocultivo. Aunque últimamente sufrió una leve retracción en Brasil, todas las estimaciones ven una expansión del cultivo en aquel país hasta las 100 millones de hectáreas, vale decir, un crecimiento en los próximos diez años del 66 por ciento desde las 60 millones actuales.
Hay que agregar el crecimiento de la soja en el este boliviano, particularmente en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia ya se encuentra en el nivel de producción de 2 millones de toneladas. Según la estimación de ingresos de divisas citados por los analistas Gerardo Evia y Rocío Lapitz en 2004, alcanzaron los 24.000 millones de dólares, pudiendo estimarse que en la actualidad rondarán los 29.000 millones.

El bloque geográfico ocupa ya el segundo lugar como productor mundial de soja y el primer lugar como proveedor mundial en el mercado de la exportación. Los ingresos de divisas por este medio son determinantes en la generación de superávit comercial y fiscal, lo que genera una dependencia del modelo de muy difícil abordaje.

La evolución del cultivo en los cinco países durante los últimos quince años fue explosiva, aunque con alguna variación en su ritmo y desplazamiento en el tiempo. La Argentina fue el primero en el tiempo y en su tasa de crecimiento anual. Todos los países asimilaron un modelo tecnológico y productivo particularmente asociado al cultivo que implica la sumatoria de la técnica de siembra directa, las semillas transgénicas, herbicidas de amplio espectro y acción selectiva sobre la especie, como el glifosato y más insecticidas de alta toxicidad para la protección del alto valor del cultivo como el endosulfán.

Este paquete tecnológico aplicado al cultivo tiene la particularidad de introducir una notable facilidad para su ejecución. Fue acompañado por una demanda creciente de la producción y dos períodos de altos precios del grano. El cultivo se expandió como reguero de pólvora. A su paso, la soja se tomó varias víctimas entre producciones agropecuarias alternativas. Carne, leche, maíz, sorgo, algodón, hortalizas y hasta los mismos bosques nativos en la Argentina; café y bosques nativos en Brasil; bosques nativos en Paraguay y pasturas naturales de tradición ganadera en Uruguay.

Todos los indicadores y las percepciones de los técnicos especializados señalan que, más allá de alguna suspensión temporaria producto de la crisis económica y financiera en curso, la demanda mundial de productos derivados de la soja, incluidos los biocombustibles, será creciente. Los precios, más allá de las lógicas oscilaciones que imponen el clima y los mercados, se sostendrán.

Ante estos pronósticos, sería de primera significación que los gobiernos y sociedades involucrados en las consecuencias negativas de dicha evolución creciente del cultivo se abrieran a un análisis en conjunto de la problemática, debatiendo las vías por las cuales se debe encarrilar un modelo productivo que atienda tanto las necesidades de financiamiento fiscal como aquellas que hagan sustentable el modelo productivo; para, finalmente, planificar la producción mediante la utilización racional y razonable de los recursos involucrados y la preservación de cuestiones centrales al desarrollo humano, como la salud, la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

De acuerdo con la interesante conclusión del politólogo y analista de información Martín Pardo, “el mercado se impone y se ha generado una suerte de percepción bastante generalizada de que sólo es posible encontrar caminos de desarrollo en la región de la mano del ‘oro verde’, lo que responde en buena medida a la ausencia de verdaderos espacios de reflexión y debate, que contribuyan a encontrar otras estrategias regionales que contemplen el imprescindible equilibrio entre desarrollo y la sustentabilidad social y ambiental”.

La búsqueda de un modelo alternativo

Es imprescindible reconocer la naturaleza regional del problema y otorgar prioridades para las soluciones parciales y de aplicación progresiva que se deban planificar. La primera prioridad es consensuar el avance de las fronteras agrícolas sobre los bosques nativos y establecer una política común que acote el modelo productivo a la utilización de técnicas que preserven el medio ambiente y la salud humana, reconociendo límites precisos de cambio en el ecosistema, plasmando legislaciones y ordenamientos nacionales de acuerdo con las políticas consensuadas y acordando procedimientos de monitoreo que permitan corregir las desviaciones que es lógico esperar.

Los países del Mercosur cuentan para su producción agropecuaria con la disponibilidad de grandes recursos naturales. La gran aptitud productiva de sus suelos, el generoso régimen de lluvias, la variedad de climas con balances altamente positivos de temperatura y la captación de luz solar otorgan en conjunto un valor extraordinario a su renta agraria. Es un plusvalor a favor de su competitividad internacional cuando de su explotación se trata. Se suma a lo anterior que en grandes extensiones de nuestros países el valor de la tierra aún es irrisorio y la normativa ambiental absolutamente inexistente o completamente inaplicada. Ambas situaciones son las que más temprano que tarde pondrán en riesgo su competitividad y harán insustentable el modelo productivo.

Las estrategias utilitaristas del mercado son extremadamente limitadas para sostener una utilización socialmente responsable de los recursos naturales que hoy determinan ventajas comparativas. Los Estados tienen la obligación de intervenir con urgencia para diseñar estrategias de competitividad a partir de otras formas de valor agregado mientras se aseguran la integridad de los ecosistemas, como el impulso a la producción de carnes, destinando las tierras y sus producciones de pasto y granos a dicho fin bajo sistemas de rotaciones que combinen una mayor productividad global con la preservación del recurso suelo y el recurso agua. La producción de carne vacuna en sistemas pastoriles y la producción de granos en sistemas de incorporación controlada de insumos agroquímicos puede ser la gran marca registrada del Mercosur.

Para analizar el papel de los agroquímicos en uno y otro modelo productivo es necesario tener en cuenta que todos los cultivos extensivos que se realizan modernamente, como trigo, maíz, girasol, soja, etcétera, incluyen compuestos químicos para el control de malezas y plagas.

Ninguno está exento de algún grado de toxicidad para la vida humana. Por ello todos exigen precaución para su uso. Cabe preguntarse si los que participan del actual modelo de producción vigente para el cultivo de soja –glifosato y endosulfán– son más dañinos que otros que podrían oficiar de agroquímicos de reemplazo. Así como la Argentina autorizó la utilización de estos dos productos sin contar con información propia que mostrara los alcances de su toxicidad, nuestro país no cuenta con estudios del efecto comparado de estas drogas, ni con las que se usaron antes, ni de las que eventualmente actuarían en su reemplazo. Por otra parte, tampoco se conocen con certeza los efectos sobre la vida humana y de otros seres vivos benéficos para la actividad agrícola. Existe una cuestión básica en todo este tema: los Estados resignaron su accionar fiscalizador y no se cuantifican cuáles son los agroquímicos intolerables.

El prontuario de Monsanto

El cuestionamiento particular al actual modelo productivo de soja se articuló desde una mirada sobre los antecedentes de la empresa que lo difundió como paquete integrado de semillas y agroquímicos. Monsanto es una empresa norteamericana con nefasta y devastadora historia en el desarrollo de sustancias de elevada toxicidad en sobreexposiciones. Fue la que desarrolló el agente naranja a partir de la combinación, en dosis letales y con alta contaminación de dioxina, de dos herbicidas preexistentes y cuyo uso con fines bélicos en Vietnam dejó decenas de miles de víctimas –entre vietnamitas y soldados norteamericanos– afectados en su salud y sus capacidades físicas de por vida.

Esta empresa es la que lanzó al mercado el glifosato en la década de los ’70 y despegó con mayor ímpetu con la difusión de los transgénicos veinte años después. Su marca comercial es Roundup Ready. Fue registrada ante la agencia oficial norteamericana responsable de la aprobación de todo tipo de drogas de uso público, sea para la atención de la salud humana o animal o para uso en la protección de cultivos agrícolas. Según la información de varias fuentes, el trámite no estuvo exento de anormalidades que motivaron varios cambios en la categorización de su toxicidad. Diversas organizaciones y personalidades que enuncian vocación protectora por la salud humana y el medio ambiente denunciaron bien temprano, desde su aparición en el mercado de agroinsumos, sus decididos efectos nocivos, pero es difícil emitir juicio definitivo, en la medida en que, más allá de la descripción de esos efectos relacionados con la droga, no se desarrollaron investigaciones bajo condiciones controladas de laboratorio que demuestren incontrovertiblemente la producción de tales efectos nocivos sobre la salud humana y animal.

Esto, y hasta donde nos es conocido, se mantuvo hasta los días recientes en que un grupo de investigadores del Conicet publicó sus resultados. Este hecho constituye un avance importante para dilucidar el verdadero alcance del daño provocado por el uso masivo de esta droga. Esto podría incluso desencadenar acciones basadas en el principio precautorio. Sin embargo, debe reconocerse que se necesitan investigaciones cruciales que aún no surgieron y que el Estado no encaró con la dedicación que la magnitud del problema requiere.

A propósito de la búsqueda de una prueba crucial que clausure definitivamente la posibilidad de daños mayores, traemos a consideración el caso de otra droga de características similares en sus efectos al glifosato: el paraquat. Se trata de un desecante total, aunque sin la característica sistémica del glifosato. Fue muy usado en todo el mundo y en Estados Unidos, en particular en el estado de Kansas, donde treinta años más tarde se lo relacionó con la intensificación de las estadísticas de aparición del Mal de Parkinson. La hipótesis de muchos investigadores fue que la exposición continuada a la deriva de aplicaciones con paraquat provocaría esto, dada la similitud de la estructura química de esta molécula con la de una conocida neurotoxina que induce in vivo un síndrome compatible con la enfermedad de Parkinson. Los resultados de los trabajos realizados por investigadores en neurofisiología demostraron que la droga provoca daños neuronales irreversibles que determinan el citado mal y cuya manifestación se produce muchos años después de su exposición a ella. Como consecuencia de estas investigaciones algunos países han considerado y/o dispuesto la cancelación de permisos de uso del paraquat.

El glifosato, cuya acción ha sido cuestionada en diversos territorios y por variedad de actores, no es más que uno de los componentes del problema y debe ser abordado como tal. Su resolución debe estar insertada en las necesidades de los países y nuestras sociedades.

Propuestas para una transición

Nuestros países no pueden salir de un día para el otro, ni siquiera de un año para el otro, del modelo productivo de agricultura con insumos de alto impacto sin sufrir graves consecuencias en sus variables sociales y económicas.

Para no adoptar formas traumáticas, la salida de tal modelo debe ser planificada estratégicamente e implementada progresivamente y en toda la región. Constituye la única manera políticamente correcta y técnicamente apropiada para superar sus efectos indeseables, sin tirar por la borda toda la productividad que asegura bienestar a los actores directos de la producción, financiamiento fiscal y posibilidades de inversión con recursos propios apuntando al bienestar general.

Pensando en la totalidad del “modelo de salida”, quizá la reducción primero y la eliminación total después de los insumos cuestionados (semillas transgénicas y agroquímicos acompañantes) podrían hacerse en un período no inferior a dos años, para en la campaña agrícola siguiente contar con el abastecimiento de las semillas y los agroquímicos de reemplazo, cuya toxicidad para la salud humana y su agresión al medio ambiente deben ser esencialmente diferentes a las del producto que desplazan. Estamos partiendo de una estimación de un plazo mínimo que está sujeto a la inmediata puesta en marcha de los programas de investigación capaces de demostrar una acción despojada de los efectos perniciosos de los productos en danza. Se trataría del reemplazo del sistema actual por el que se conoce como “sistema integrado de control de plagas”, que los técnicos del INTA deben asegurar que sea efectivamente útil para sostener un nuevo modelo productivo.

A los fines de incentivar la actividad privada relacionada, se debería establecer que con la puesta en marcha del nuevo modelo productivo se prohibirá la difusión comercial de los actuales productos de semilla y agroquímicos.

En paralelo, sería conveniente un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas acerca de un nuevo modelo de tributación que haga posible la orientación de la producción hacia actividades de menor rentabilidad pero más amigables con el ambiente y la vida humana.

Durante la transición, el sistema de siembra directa debería ajustar sus procedimientos para prescindir del glifosato, al menos en alguna de las etapas del cultivo. Los criaderos de semillas tendrían que articular programas de creación de variedades de semillas que no constituyan organismos genéticamente modificados.

Cualesquiera sean las iniciativas que se adopten para corregir la equivocada acción de los gobiernos que autorizaron la utilización de estas drogas sin encarar las debidas acciones precautorias, se requiere de una política consensuada y una acción concertada en el marco del Mercosur, para lograr una solución que beneficie a toda la región sin perjudicar económicamente a ningún Estado nacional en particular.