Chile : Después del rescate

(Entrevista al compañero Guillermo Teillier)

El diputado nacional y presidente del Partido Comunista de Chile analiza la actualidad en su país y reflexiona sobre el hecho que conmovió al mundo: el rescate de los 33 trabajadores atrapados durante 69 días en una mina.

Sin certezas de que estén vivos, al cierre de esta edición, cuatro mineros ecuatorianos están atrapados en una mina de oro de ese país, dos personas permanecen sin dar pruebas de supervivencia en una mina artesanal del departamento colombiano de Boyacá y una explosión provocada por el letal gas grisú provocó tres decenas de muertos en una mina de carbón china, donde seis mineros aún están encerrados en la oscura garganta.
Mientras la prensa mundial siguió los detalles, con ritmo de reality show, del penoso decurso de la vida bajo tierra de los 33 trabajadores atrapados durante tres meses (y finalmente rescatados) en el norte de Chile, ocho mineros murieron en ese país por causa de una actividad central en la economía de la nación y que, sin embargo, aún no es debidamente regulada en las difíciles condiciones en que se ejerce.

Mientras la minería ejercida por las trasnacionales ávidas de la riqueza subterránea (y agotable) de nuestro planeta se cobra muertes en cifras de genocidio, el diputado chileno y presidente del PC del país andino, Guillermo Teillier, analizó el tema con Nuestra Propuesta.


-¿Persisten las razones que llevaron a la situación que se vivió en la mina, más allá de la resolución feliz de la tragedia?

-Primero aclaro que me alegro por los 33 mineros que salieron con vida, independientemente del gobierno. Pero las situaciones que llevaron a la cuasi desgracia se deben a la falta de normas de seguridad obligatorias para todos los empresarios. Es la ambición de los empresarios la que rompe el saco por querer ganar más utilidades descuidando las normas existentes sin tomar medidas precautorias. Esto tiene un relicto, porque en estos días han fallecido otros dos mineros por falta de medidas de seguridad, en Valparaíso. Conversé con dirigentes de los pequeños mineros, que acá se llaman pirquineros, y me contaron que se les exigen las mismas medidas de seguridad que a las empresas grandes, aunque no tengan cómo poner esas mismas medidas. Necesitan que el Estado chileno les proporcione créditos para poder instalar en cada emprendimiento minero los elementos necesarios para prevenir las posibilidades de catástrofe.


Además, el Estado debería inspeccionar mucho más seguido cada una de las obras que se llevan adelante, porque casi no hay inspección. Tienen que ser más drásticas las sanciones: la misma empresa del accidente en la mina San José ya había sido multada por infracción y pagado la multa. Pero pagada la multa no tomó las medidas necesarias de prevención.

-¿Era una empresa de capital chileno?


-La empresa responsable del accidente se llama San Esteban, de fondos privados chilenos, aunque da la impresión de que también habría capital extranjero, porque la inversión extranjera en la minería de Chile es muy important

-¿Con qué incidencia?

-Aunque la San Esteban era mediana por su producción y utilidades, el setenta por ciento de la minería chilena del cobre está en manos extranjeras.


-¿Cuáles son las principales empresas extranjeras?

-Una es Río Tinto, que es australiana. También está la Barrick Gold, más relacionada con la producción de oro en el Sur. Pero también hay grandes empresas chilenas como la de Los Pelambres, que es de la familia Luksic, dueña también del banco más grande del país, el Banco Chile; pero también ellos están asociados a empresas extranjeras pese a parecer empresas nacionales.

-¿Y cómo trabaja, ante todo esto, el ministro chileno de minería, Laurence Golborne?

-La explotación minera en mi país se mide por leyes y normas. Se acaba de aprobar un proyecto de ley, enviado por el gobierno al Congreso, que pretende subir los impuestos a las mineras durante año y medio.

-¿A partir de la cuasi tragedia en la mina San José?

-No, a partir del terremoto del 27 de febrero (se necesita un fondo para la reconstrucción). Se presume que por este alza de impuestos, de paga voluntaria para las empresas que quieran o no acoger la ley, el gobierno estaría en condiciones de obtener 1.000 millones de dólares para la reconstrucción. Sin embargo, estas empresas han ganado, año a año, un promedio de 20.000 millones de dólares de utilidades y poco han pagado al Estado chileno. Lo que se está pidiendo es una miseria al lado de las grandes utilidades que se llevan. Además, las empresas tienen a su favor una invariabilidad tributaria (que tenían ya hasta 2018). Si acogen la nueva ley, que las llevaría a subir de poco más de tres por ciento sobre las utilidades en concepto de impuetos hasta un cinco por ciento, el Estado les regala seis años más de invariabilidad tributaria.

-O sea, hasta 2023...


-Claro. Significa para ellos un tremendo negocio. Sacando la cuenta, sólo con la tasa del alza que le van a poner para este año y medio, el Estado chileno dejará de percibir en este periodo cinco mil millones de dólares. Además, los especialistas dicen que como estas empresas tienen asociadas en el exterior, piden créditos y descuentan los intereses, que son abusivos. O compran maquinaria en el exterior y les ponen sobreprecios. O sea que tienen muchas maneras de evadir.

-Un accionar que en muchos lugares del mundo se está cuestionando últimamente.

-Exactamente. Burlan las leyes. Por eso es que al respecto se argumentó que con la invariabilidad tributaria que se les ofrece desde el Estado chileno se van a perder de 15.000 a 16.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Además, para la reconstrucción del país (al menos lo que dice el gobierno), se necesitan ocho mil millones.

-Cuando vimos que Piñera fue uno de los primeros presidentes que se acercaron a Ecuador luego de la crisis que se dio allí y del pronto accionar de la Unasur, se habló de una «nueva derecha» en América Latina. Sin embargo, por lo que usted me está diciendo parecería ser una derecha tradicional...

-Claro. Es una derecha tradicional que, con una cara más democrática, intenta devolver los huevos al águila. La propia Concertación en todos estos años nunca fue capaz de proponer una reforma de royalty y este gobierno la propuso, aunque insignificante en lo que va a hacer al pago por parte de las empresas. Lo que ocurre ahora es que hacen aparecer públicamente como que un gobierno de derecha le cobra royalty a las grandes empresas trasnacionales en una especie de reforma tributaria que es, claro, de un año y medio. Pero todos sabemos que después de un año y medio el Estado devolverá todo a las empresas, porque en el propio sistema de Chile el Estado le devuelve todo cuando a los empresarios se hace un irregular retiro a las ganancias. Todo es en realidad un préstamo del Estado chileno, pero aparece públicamente como una ley de reforma tributaria. Hay resistencias, claro. Hace poco, a raíz de la huelga de mapuches en el sur, discutimos la modificación de la Ley Antiterrorista que, como toda una serie de medidas de este tipo, llaman a engaño a la gente, porque la propia situación de la mina en el norte es engañosa. Los 33 mineros rescatados van a tener su vida asegurada de aquí en adelante, pero los otros 600 trabajadores que laboraban en la empresa ya han sido despedidos, están cesantes y no saben cuál va a ser su futuro. Es decir, que acá hay algo que queda en la oscuridad y que es precisamente lo que provoca el sistema neoliberal.

-Esta forma de hacer política, muy parecida a la de otros regímenes de la región, como los de Perú, Colombia y México, tan ligada a los intereses de las trasnacionales y organismos internacionales de tanto peso como el FMI (por decir uno solo), ¿está reñida en algún modo con las nuevas políticas que llevan otros gobiernos de Latinoamérica?

-Están reñidas. Y no sólo eso. Si usted observa, en el Parlamento chileno el propio gobierno hace declaraciones muy «de caballeros» ante los presidentes de Ecuador o Brasil (no de Argentina ahora, por el conflicto que hay en relación al pedido de extradición de Galvarino Apablaza). Pero el presidente Piñera se apresura a hablar en relación a la crisis institucional en Ecuador porque Chile tiene un litigio con Perú por el límite marítimo. En eso, Ecuador podría ser un socio muy apreciado por Chile en La Haya, porque si ese país dice que su acuerdo marítimo con Perú es el mismo que tiene Chile con Perú y avala así este acuerdo, se le está dando la razón a Chile.

-¿El movimiento popular en Chile, con estas políticas de Estado, cómo se encuentra y cómo se podría articular con otros movimientos populares en América Latina?

-En Chile el movimiento popular está todavía un poco estupefacto, pero ya hubo manifestaciones masivas para tratar de poner un alto la ola de despidos habida desde que asumió la derecha, ola que seguramente se va a acentuar a fin de año, cuando se anulen varias partidas presupuestarias, porque se está reduciendo el presupuesto anual de la nación, lo que significa más despidos. También hubo protestas de sectores del transporte y de la salud ante las intencionalidades de privatizar todo, con la idea del gobierno de licitar hospitales, para concecionarlos y pasarlos a la administración privada durante 20 o 25 años. Se ha logrado detener esa obra privatizadora. Ahí donde se dio mucha resistencia, el gobierno cedió un poco, pero para abrir otros flancos y buscar las regalías para los grandes empresarios y, sobre todo, las empresas extranjeras.

-En este contexto en la nación más importante del Pacífico sudamericano, ¿qué posibilidades hay de profundizar con herramientas institucionales procesos como el Banco del Sur o la Doctrina de Defensa Común de Sudamérica?

-El peso que tiene Unasur es tan grande que obliga incluso al gobierno de Chile a favorecer la integración. Eso no quiere decir que el gobierno de Chile no esté en la misma cuerda que Perú, México y Colombia y en la que van a seguir. Pero saben que no pueden hacerse a un lado de Unasur. Unasur tiene fuerza de convocatoria para todos los países latinoamericanos, pero esta fuerza va a depender del rumbo que tome, del peso de cada uno de los países que la integran y de los que esté ocurriendo al interior de cada uno de esos países.
 El tema del Banco del Sur practicamente no ha llegado a Chile. Llegó cuando estaba la Concertación, que lo desdeñó como un elemento de integración de los países latinoamericanos (sin embargo, el país se incorpora a la Ocde). No he visto ninguna intencionalidad del gobierno por incorporarse al Banco del Sur.