Uruguay urgente, ¿Ruidos de botas?: La izquierda una izquierda uruguaya a la interperie

En momentos en que el Parlamento uruguayo se dispone a dejar sin efecto la oprobiosa Ley de Caducidad de la Intención Punitiva del Estado, más conocida como ley de Impunidad, el Jefe del Ejército, General Jorge Washington Rosales, en el enésimo acto de insubordinación cometido por algún integrante de las Fuerzas Armadas Uruguayas desde el ascenso al gobierno de la Coalición de Izquierdas Frente Amplio, manifestó su contrariedad respecto al proyecto de ley en estudio.


Pero no ha sido solamente eso. Dicho general manifestó su total respaldo al General Jefe del Ejército IV, Miguel Dalmao, que espera (una vacilante decisión del gobierno) para ser juzgado por la justicia, acusado del asesinato en la tortura de la joven militante comunista Nibia Sabalzagaray en 1974.

La mesa política del FA reprobó totalmente las manifestaciones del militar por violar el Artículo 77 de la constitución, el cual dice que los militares tienen expresamente prohibida toda manifestación de carácter político, salvo el voto.

Una de las mayores incógnitas que tenía el pueblo uruguayo en vísperas del ascenso al gobierno de la coalición de Izquierdas, en marzo del 2005, era respecto a qué actitud tomarían los líderes de la coalición respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía. Eso porque muchos de los integrantes de las distintas agrupaciones políticas que conforman la coalición, habían sido perseguidos ferozmente por los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas (1968 - 1984). Muchos de los que al final, accedieron al gobierno, fueron antes encarcelados sufriendo largas condenas de cárcel, para no hablar de los “apremios físicos” a los que fueron sometidos, o sea diversas formas de tortura. Para muchos la incógnita se sintetizaba en aquella máxima de la filosofía popular: “Toda carta tiene contra, –lo dice un tango- y toda contra se da”.

A pocos días de iniciado el período de gobierno, el 14 de abril del 2005, se produjo la primera "pulseada" entre gobierno y militares, cuando se realizó, por parte de dirigentes políticos de derecha y jerarcas militares y policiales, el "acto de homenaje a los caidos en defensa de las instituciones", aludiendo con ello, a policías y militares abatidos por los grupos revolucionarios.

La entonces ministra de Defensa Azucena Berruti, anunció el día anterior que el acto no se llevaría a cabo, por lo cual seguramente la mayoría de la población uruguaya se sintió complacida pero, sí se realizó el acto: dentro de las instituciones militares. O sea, se desoyó el mandato político. El gobierno encabezado por el Dr. Tabaré Vázquez hizo "mutis por el foro".

Desde al 2005 hasta ahora, han habido muchos actos de insubordinacion, entre ellos las manifestaciones de Rosales comprometiendo al gobierno uruguayo al manifestarse a principios de mayo del 2008 respecto a la justicia chilena. Rosales se encontraba en Chile de visita a militares uruguayos juzgados por su participación en el asesinato en Uruguay del Ing. Químico Eugenio Berríos, ex- agente de Pinochet, asesinato gestionado personalmente por Pinochet que viajó a los efectos a Montevideo, en momentos en que la presidencia de Uruguay era ejercida por el lider del partido Blanco (de extrema derecha) Luis Alberto Lacalle.

Rosales que bregaba por un pronto retorno a Uruguay de los militares juzgados en Chile, manifestó estar "preocupado" y con "incertidumbre por el futuro de los coroneles Tomás Casella, retirado y Eduardo Radaelli y Wellington Sarli, en actividad.

El jefe del Ejército manifestó entonces que evaluaba a la Justicia chilena como "tardía", "lenta" y de "falta de confianza". Llamado el ministro de Defensa de Uruguay José Bayardi al Parlamento para dar explicaciones, restó simplemente importancia al hecho.

Antes, el día 14 de Septiembre del 2006, el diario matutino La República titulaba en tapa: “De espaldas a la democracia: los 3 comandantes homenajearon al terrorista que se quitó la vida”.

Luego de que varios de los más connotados criminales, responsables de una larga lista de crímenes realizados en los tiempos de la dictadura cívico-militar fueran encarcelados, dichos tres comandantes, Tte.Gral. Carlos Díaz, Tte.Gral. aviador Enrique Bonelli y el Contralmirante Oscar Debali, participaron el 13 de septiembre del 2006, de un acto de homenaje a uno de ellos, Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó (?) en momentos en que era arrestado.
El acto se celebró en la Sede del Centro Militar.

El orador del acto fue el Cnel. Carlos Rivarola que señaló que “el mejor homenaje que podemos tributarle al Cnel. Rodríguez Buratti es aportar nuestra mayor contribución para fortalecer la siempre vigente unidad de la familia militar”.

A ningún integrante del gobierno el hecho parece haberle llamado la atención. Más allá de la muestra de unidad y de fuerza mostrada por las Fuerzas Armadas fue indudablemente un acto de desconocimiento del veredicto de la justicia y seguramente podría haberse tipificado como “apología del delito”. Los tres comandantes, profusamente fotografiados en dicho acto, deberían haber sido retirados de sus cargos de inmediato. El gobierno se limitó a callar. Y con su silencio, legitimó el juicio positivo de los tres comandantes en Jefe de las FFAA hacia un grupo de criminales frente a las tropas, el país y el mundo.

Hace tiempo ya que no caben dudas acerca de la inclinación golpista de gran parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas Uruguayas, inclinación corroborada en cada oportunidad que se les ha presentado. En principio se entendió naturalmente que esa postura, era sustentada además por los políticos que estuvieron detrás del golpe, en particular, la dirigencia del partido Colorado (como el ex presidente Julio María Sanguinetti), de larga tradición golpista.

Nadie podía pensar que el Dr. Tabaré Vázquez, primer presidente uruguayo integrante de la coalición de izquierdas FA, tuviera algo que ver con ello pero, hay hechos que son, sino imposible, muy difíciles de explicar. El general Miguel Dalmao, defendido ferbientemente por el Jefe del Ejército Rosales, que espera para ser juzgado por crímenes cometidos en tiempos de la dictadura, fue ascendido a general en el año 2005 por Tabaré Vázquez, a pesar de las denuncias ya existentes contra él, de organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos y familiares de las víctimas.

En momentos en que Vázquez asumió a la presidencia (marzo de 2005), el jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, era el General Aviador Enrique Bonelli. El mismo Bonelli le manifestó a Vázquez su participación como co-piloto en el llamado "Segundo vuelo", vuelo realizado por la FAU en 1976 para trasladar detenidos uruguayos desde Argentina para ser luego desaparecidos. El jefe de la fuerza Aérea Uruguaya ostentó el récord de ser co-autor de la desaparición de más de una veintena de presos políticos. Lo más lógico hubiera sido que, por parte del propio Bonelli o por parte de Vázquez el militar hubiera sido removido. Vázquez mantuvo a Bonelli en el cargo.

Pero al final, parece que los ruidos de botas que escuchó todo el mundo, se apagaron por los pasillos de la Casa de Gobierno a la hora del café. Concluido el consejo de Ministros en el cual participó el presidente José Mujica, para disipar dudas (y plantear oscuras interrogantes), el Jefe del Ejército Jorge Washington Rosales (con cincuenta estrellas en las charreteras), será "amonestado", lo cual quedará estampado en su legajo. La izquierda, la vieja y sacrificada izquierda que existe y lucha en el Uruguay, cada vez más a la intemperie.

Argenpress