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( - aviso: son imágenes perturbadores) representa no sólo su atroz sufrimiento personal sino también el de su país, Papúa Occidental. Es víctima de unos soldados indonesios y víctima también de décadas de una geopolítica y de un pillaje que ha privado a su pueblo de su derecho a la independencia, de sus recursos naturales, de su cultura y de las vidas de, como mínimo, 100.000 personas.
Papúa Occidental, la parte occidental de la isla donde se halla también el país de Papúa Nueva-Guinea, hogar de más de 300 tribus diferentes y territorio de 421.000 km2 cubiertos en su mayoría de selva primaria ya rápidamente desapareciendo con el lucrativo negocio de cosecha de árboles, y que alberga ricos yacimientos de metales, es un gran botín económico tanto para Yakarta como para sus aliados occidentales.
Tierra ocupada militarmente desde 1963, con la complicidad de los EEUU que, en plena Guerra Fría y a lo largo de la Guerra de Vietnam, dio carta blanca a los militares de Indonesia a cambio de su alianza geoestratégica. Huelga decir que estos contaban también con el silencio cómplice de la ONU.
Durante casi 50 años Yakarta, que siempre ha impuesto una censura inflexible por toda la zona, ha podido actuar con impunidad total contra la población del país, considerada por los colonizadores indonesios como poco más que animales, y por tanto un estorbo prescindible.
La resistencia tomó forma con la creación del OPM (Movimiento para la Liberación de Papúa Occidental) en 1965 y, el 1 de julio de 1971 sus líderes, Nicolas Jouwe, Seth Rumkorem y Jakob Hendrik Prai proclamaron la República de Papúa Occidental y redactaron un proyecto de constitución.
Aunque el OPM tiene el apoyo de casi toda la población que se resiste a ser absorbida por la cultura javanesa ya mayoritaria en el país como resultado de una intensiva campaña de trasmigración (financiada por el Banco Mundial inter alia), la lejanía del país, la censura y el silencio de los países supuestamente civilizados han hecho que el grado de intensidad de perfil bajo del conflicto haya facilitado enormes abusos contra el pueblo y la tierra misma en forma de desastre ecológico, sobretodo con la mina abierta de cobre y oro de Freeport McMoran y la acelerada desaparición de la selva tropical. La situación del OPM, desde el punto de vista occidental, queda muy claramente descrita en palabras del embajador de los EEUU en Indonesia, Francis Joseph Galbraith, en junio 1969:
"El Movimiento Papúa Libre no es una organización revolucionaria perversa como piensa la mayoría […]. Estos disidentes del gobierno no tienen ningún conflicto con demás partes, no reciben asistencia externa o dirección y son prácticamente incapaces de desarrollar una insurrección generalizada en contra del gran régimen militar indonesio en Irián [Papúa] Occidental…"
El embajador Galbraith no entendía muy bien los principios de la guerra de guerrillas. Hoy en día el OPM controla zonas difícilmente delimitables en las que el terreno montañoso y boscoso les da cobertura.
Por muchas razones, no es nada fácil averiguar la capacidad de resistencia ni el alcance organizativo del OPM aunque los universitarios representan la forma más visible de la resistencia con protestas y manifestaciones, siempre castigadas con dura represión, incluso con asesinatos.
De hecho, en un contexto político dominado por la violencia del ejército al que pertenecía, con fama de duro, el actual presidente "civil" Susilo Bambang Yudhoyono, la represión llevada a cabo por los militares, la policía y los milicianos mercenarios, es constante y despiadada.
También los más de un millón de habitantes del Java superpoblado trasladados a Papúa no solamente aligeran la presión demográfica de la isla sino que tiene el papel muy premeditado de aculturizar el pueblo de Papúa Occidental.
Además establecen zonas divisorias para aislar la guerrilla y constituyen un arma étnica que domina toda actividad económica y todo proyecto de desarrollo. Evidentemente el nivel de pobreza entre la población local queda muy por encima de la media nacional.
En 2004, la Universidad de Yale publicó un informe con el título Indonesian Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesian Control (Abusos de derechos humanos en Papúa Occidental:
Una aplicación de la ley de genocidio a la historia del control indonesio). Concluyó que a pesar de la dificultad de obtener información, "la evidencia histórica y contemporánea aquí presentada indica claramente que el gobierno de Indonesia ha perpetrado acciones proscritas con la intención de destruir el pueblo de Papúa Occidental como tal, en violación de la Convención del 1948 sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y la prohibición incorporada en el derecho internacional consuetudinario."
Benny Wenda, un líder del OPM, ahora exiliado en el Reino Unido escribió hace unos días una carta abierta explicando la situación actual:
"Hay una crisis humanitaria muy grave en Papúa Occidental. Miles de civiles incluyendo mujeres y niños se han refugiado en la selva huyendo de los militares de Indonesia. Organizaciones humanitarias y observadores derechos humanos internacionales y los periodistas tienen el acceso a la región prohibido. Lo que pasa aquí es un genocidio.
Por favor, haced todo lo posible para ayudarnos antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos urgentemente las fuerzas de la Paz de la ONU y que los responsables de estos crímenes horrorosos sean llevados ante los tribunales. […] Nosotros somos seres humanos y sólo pedimos los mismos derechos que vosotros, para vivir en paz sin miedo de detención, asesinato, intimidación, tortura o violación."
Éste es el nudo de la cuestión: el de derechos. Durante casi 50 años y a pesar de los esfuerzos del gobierno de Indonesia y sus aliados, las graves violaciones de los derechos del pueblo de Papúa Occidental no han sido un secreto en absoluto. Siempre ha habido gente que ha puesto el grito en el cielo sobre los crímenes que se han cometido en este bello país, un grito que siempre ha caído en oídos sordos o indiferentes.
¿Por qué? ¿Es que no hemos avanzado más allá del pensamiento preilustrado para quedarnos con el razonamiento de gente como Tomás de Aquino que afirma que el derecho natural –la base de los derechos humanos universales– es neutral frente a la esclavitud o a la libertad, "pues se trata, en ambos casos de productos de la razón para beneficio de la vida humana"? ¿Es ésta una razón que beneficie la vida humana?
¿La Declaración de Derechos Humanos "Universales" excluye a este hombre torturado y a su pueblo? La dura realidad es que los derechos humanos son sólo para algunos y si no podemos reclamarlos para todos sin excepción, y si los que disfrutamos de los mismos no podemos reconocer el deber de proteger los derechos de los demás, el círculo de los afortunados irá encogiéndose cada vez más.
Julie Wark es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso.
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