Casi todos los crímenes políticos en democracia continúan impunes

Por Catriel Etcheverri


Desde la profanación de las manos de Perón hasta las muertes del 19 y 20 de  diciembre de 2001, pasando por el asesinato de Carlos Fuetealba, las investigaciones fracasaron o llegaron solamente hasta los autores materiales.
 
Faveale, en el marco de la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, permiten pensar que este no será otro de los tantos crímenes con tintes políticos ocurridos desde el regreso de la democracia que quedará impune. Desde la profanación de la tumba del ex presidente Juan Domingo Perón y el robo de sus manos, en junio de 1987, hasta el asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba en 2007, los crímenes ocurridos en un contexto político tuvieron, en la mayoría de los casos, un denominador común: la impunidad.


Tal es el caso de Teresa Rodríguez. Durante el mandato de Felipe Sapag al frente de la gobernación neuquina, la joven empleada doméstica de 24 años cayó asesinada. El 12 de abril de 1997 mientras regresaba a su casa en su ciudad natal, Cutral-Có, Teresa cruzó frente a una movilización de docentes que protestaban sobre la Ruta 22 por un recorte salarial. En ese momento la policía lanzó una feroz represión sobre los manifestantes.

Pasó el tiempo sin que la justicia pudiera avanzar en la investigación. Luego la causa por su asesinato se cerró, los imputados fueron absueltos y los cuatro policías condenados por abuso de armas recibieron apenas una sentencia en suspenso que les evitó ir presos, y fueron reincorporados a la policía poco tiempo después.

El gobierno de Fernando de la Rúa se abrió y cerró con dos hechos de violencia impunes. El 17 de diciembre de 1999, apenas una semana después de la ceremonia de asunción, la gendarmería abría fuego sobre los manifestantes que protestaban en el Puente General Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes. Mauro Ojeda, de 19 años, y Francisco Escobar, de 25, murieron sobre el puente al ser alcanzados por los disparos de los gendarmes, mientras que otras 28 personas resultaron heridas.

Las extendidas protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron reprimidas con mayor dureza en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Mientras De la Rúa se veía obligado a abandonar la Casa Rosada en helicóptero, el entonces gobernador santafesino Carlos Reutemann lograba el triste récord de ser la provincia con mayor cantidad de muertos durante las refriegas. Cerca de 30 personas fueron asesinadas por la policía en esas dos jornadas.

Nadie fue preso por las muertes de Ojeda, Escobar, ni por las ocurridas el 19 y 20 de diciembre.

La muerte de Aníbal Verón, el 10 de noviembre de 2000, es otra muestra de falta de justicia en un crimen político. El entonces gobernador de Salta y luego compañero de fórmula de Carlos Menem en las presidenciales de 2003, Carlos Romero, ordenó el desalojo de la Ruta Nacional 34, tomada por desocupados a la altura de General Mosconi. Al igual que Teresa Rodríguez, Aníbal se convirtió en una bandera de lucha.

Los casos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados en la estación de Avellaneda el 26 de junio de 2002, y el de Carlos Fuentealba, muerto el 5 de abril de 2007 en Neuquén, tienen otra particularidad. Los autores materiales de esos asesinatos, el comisario de la Bonaerense Alfredo Fanchiotti y el cabo de la policía neuquina José Darío Poblete, fueron condenados. Sin embargo, el permanente reclamo popular para llevar al banquillo de los acusados a quienes son sindicados como los autores intelectuales de ambos homicidios, el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex gobernador Jorge Sobisch, nunca prosperó en la justicia.