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 El pasado 20 de mayo el Gobierno de Bolivia aprobó el decreto 2366 por el cual se autoriza la actividad hidrocarburífera en las áreas protegidas. La medida es justificada desde el primer artículo de dicho documento, bajo el argumento de que es de intéres público para el desarrollo del país, y de interés local, en la medida en que podría contribuit a reducir la pobreza de los habitantes en las zonas intervenidas. Además se ordena que el 1% de la inversión petrolera o gasifera debe ser depositada para el mantenimiento del área protegida en la cual se ha explorado y perforado.       
 Un debate en dos frentes. El argumento del Gobierno y el DS 2366 es que con esta medida se aprovechará los recursos hidroburíferos para reducir la pobreza en las comunidades que habitan las áreas protegidas. 
Al respecto, Marco Gandarillas, Director del Cedib, señala que el Decreto es nefasto en ese sentido, por un lado es un golpe más a los derechos de los pueblos indígenas ya mismo que se hace la actividad hidrocarburífera a cambio de ese 1%, por el otro, se omite por completo la consulta previa y por supuesto no hay posibilidad de negarse a la actividad extrativa así estén en juego impactos que pueden hacer desaparecer a dihos pueblos.
 "Las actividades extractivas no benefician a las comunidades todo lo contrario: desarticulan la organización comunal y/o indígena originaria, dejan los daños ambientales a los pobladores, destruyen su base de economía local. Eso lo vemos a lo largo y ancho de todo el país en donde se realiza este tipo de actividad, señaló
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