Perú expulsa a británico por participar en protestas contra concesiones forestales y contaminación petrolera

El Gobierno de Perú decidió expulsar del país al religioso británico Paul Michel John Thomas McAuley por haber participado en protestas en la ciudad selvática de Iquitos, según una resolución ministerial que fue confirmada a Efe por el afectado.

La resolución, emitida el pasado 11 de junio y a la que hoy tuvo acceso Efe, señaló que McAuley fue investigado por la Policía de Seguridad del Estado, que confirmó que cometió una infracción a la Ley de Extranjería “que establece que la cancelación de la residencia en el país del extranjero procederá por realizar actos contra el orden público interior”.

Añadió que las investigaciones policiales probaron que McAuley preside la Asociación “Red Ambiental Loretana” desde 2006 y que “desde la creación de dicha asociación ha venido participando en diferentes actividades de carácter político”.

Menciona entre estas actividades marchas de protesta “contra el Estado peruano” y otros actos “que constituyen alteración del orden público”, según el Ejecutivo.

El despacho del Interior determinó “cancelar la residencia” del religioso y le dio un plazo de siete días para abandonar el país a partir de la recepción de la resolución, bajo la amenaza de ser expulsado e impedido de volver a ingresar al país.

Ante esto, McAuley, religioso de la orden de La Salle, manifestó a Efe su sorpresa y dijo que la resolución le fue comunicada ayer, cuando regresó a Iquitos tras visitar la frontera con Colombia.

Explicó que en su trabajo con la Red Ambiental se dedica a “monitorear el uso de los recursos naturales y sobre todo los derechos de los que viven en medio de los bosques”.

Entre sus acciones, añadió, estuvo la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional contra las concesiones forestales y denuncias por contaminación petrolera a empresas como la argentina Pluspetrol.

“Creo que inevitablemente el campo en que trabajamos ha tocado a ciertos grupos de poder o grupos de intereses”, indicó, para luego considerar “sorprendente” la acusación de haber participado en actos “contra el Estado peruano”.

“No hay ningún documento nuestro, ninguna palabra, sobre el Estado peruano; lo que es obvio es que hemos tenido diferencias, hemos elevados nuestra protesta por ciertas decisiones políticas que afectan a la población amazónica de ciertos Gobiernos de turno, nunca contra el Estado peruano”, remarcó.

El religioso católico indicó que las protestas siempre contaron con la autorización de la Prefectura de Iquitos, la autoridad política de la zona, y que su trabajo “está directamente vinculado” a la decisión de la Iglesia católica sobre protección de los recursos naturales establecida en la reunión de Aparecida (Brasil).

Dijo, en ese sentido, que cuestiona “la nueva ley forestal que el Gobierno quiere a toda costa aprobar para favorecer a los grupos industriales que quieren grandes extensiones para agrocombustibles, para etanol, para poner palma aceitera por todos lados”.

“Esto sí hemos dicho, que va a ser muy peligroso y no va a traer ningún beneficio para la población local”, remarcó.

El religioso señaló que sus abogados pedirán que se anule la resolución que ordena su expulsión e indicó que espera “por lo menos” tener un mayor plazo para dejar el país.

McAuley remarcó que continuará colaborando con su organización porque considera que la Amazonía es “un lugar de tanta importancia y lastimosamente hay una política que están yendo justamente en contra de los más frágiles, los campesinos, los lugareños y los indígenas”.

Medios periodísticos de Iquitos informaron que hoy se celebrará una vigilia de apoyo al religioso y que en la también selvática ciudad de Yurimaguas se ha convocado una paralización de protesta.

En ese sentido, el religioso agradeció el apoyo y pidió “que sea un momento de reflexión para todos” y que los pobladores de la Amazonía tengan “la posibilidad de manejar sus propios recursos”.