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El miércoles a la madrugada un grupo de personas aún no identificadas incendiaron una de las rucas más antiguas que había en Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Esa vivienda era una de las pruebas fundamentales para demostrar la cantidad de años que hace que los mapuches viven allí. “Están tratando de borrar evidencias de que acá siempre estuvimos los mapuches”, aseguró Luis, miembro de la comunidad de Paichil Antriao. Luis considera que el hecho fue perpetrado por la policía local y que es apañado por el gobierno provincial.
“Ser mapuche es una forma de vida, la práctica de un sentimiento ligado a lo territorial, al lugar que pertenecemos. Nuestros nombres significan cosas vinculadas a la naturaleza. El mío, por ejemplo, es tomado de un águila que existe sólo en este territorio”, afirmó a Miradas al Sur Roberto Ñancucheo, titular de la Dirección de Pueblos Originarios, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. “Para que la vida y la conexión con la naturaleza siga, tenemos que mantenernos en suelo mapuche. Si no defendemos estos lugares perdemos nuestra identidad y nuestra cultura”, agregó.
Debido a la quema de la ruca del miércoles, muchos de los representantes de la comunidad no pudieron asistir a la reunión por la sanción de la Ley de Relevamiento Territorial que se desarrolló en Neuquén y que tuvo como protagonistas a diversas organizaciones de pueblos originarios junto a la Confederación Mapuche del Neuquén y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) para debatir acerca de esa norma. Esta iniciativa busca legitimar la tenencia de la tierra que le corresponde al pueblo mapuche y su tratamiento se potenció luego de que en 2007 se reglamentara la Ley 26.160, de “Emergencia en materia de la posesión y propiedad comunitaria indígena”, y se creara el Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”. Problemas con la ley y con los medios. Pero la mala relación de los mapuches con la policía –autores del incendio, según varios miembros de este pueblo originario– tiene sus antecedentes.
En 2009, inculparon a toda la comunidad mapuche de Neuquén por un incendio –hasta el momento no pudo descifrarse la autoría– ocurrido en Villa La Angostura. “Lo único que tenemos es la solidaridad de la gente de las provincias, de las organizaciones, de los sindicatos, que se ponen a disposición para ayudarnos en nuestra resistencia.
Por parte de los empresarios, si es por ellos, cuanto más urgentemente puedan deshabitarnos, mejor. Quieren quedarse con todos nuestros territorios, no hay una mirada de culpa ni nada. Ellos sólo tienen una manera de negociar: desalojar, como hasta ahora. Y cuando no han podido meter a la policía para inventarnos atentados o reprimirnos, nos intimidaron, quemaron y rompieron nuestras casas”, advierte Ñancucheo.
“Por parte de la sociedad hay aceptación del pueblo mapuche. Pero para los medios nuestra demanda está mal vista ya que justamente pertenecen a los mismos terratenientes y a los políticos que tienen empresas y entidades que quieren nuestro territorio. Utilizan eso que piensan ellos y lo ponen en boca de la sociedad”, explica el director de Pueblos Originarios.
“Lo mismo pasa con la ley de medios: que quieren establecer que es arbitraria, cuando sabemos que fue algo consultado, debatido por todos las organizaciones y, sin embargo, lo siguen usando como si fuera un ataque a Clarín y TN”. La comparación tiene también su punto salvaje: “El tema mapuche aquí también es así. Tanto, que los terratenientes han denunciado una fuerte relación de nuestro pueblo con la ETA y con las Farc. La mayoría de los que están en el gobierno neuquino nos quieren afuera, porque están en contra de la ley, y porque somos los mapuches quienes le demandamos nuestro territorio y el uso de los recursos. Estamos en una disputa clara con ese poder”, sentencia.
Pero en Neuquén la pelea por las tierras deriva en escándalos. Así, hace poco tiempo se descubrió una millonaria cesión de tierras fiscales en Aluminé que favoreció al intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, y a sus funcionarios. A su vez, ellos las vendían. Las tierras están valuadas en más de un millón de dólares, y sus compradores ilegales no se hicieron esperar cuando salieron a la luz las irregularidades: querían lo suyo, ahora y de forma legal.
Sobrepasado por el escándalo, el miércoles pasado, el gobernador Jorge Sapag se pronunció en contra de las ventas y congeló por 180 días las transacciones. “Enfrente de nuestras tierras siempre hay un club de golf, un country o casas que valen un millón de dólares. Sobre nuestras tierras están las demandas más fuertes. Esa gente quiere borrar nuestros datos históricos”, detalla Ñancucheo.
Desconocimiento y conciencia.
Existe otro problema grave que podría ser un primer eslabón de la cadena: la falta de conocimiento sobre los pueblos originarios. “Es un tema que lleva muchos siglos. El conocimiento se da a partir de una práctica”, asegura Ñancucheo. “Hoy hay una clara intención por revertir esa situación, por la demanda de los indígenas pero también por la conciencia que va tomando el Gobierno Nacional.
El pasado 20 de mayo, para los festejos del Bicentenario, nos reunimos con la Presidenta para plantearle la demanda de los pueblos indígenas, a lo cual respondió con un compromiso claro: el Estado tiene que dar respuesta. Ha asumido un compromiso muy serio y eso es evidente, ya que el Inai está discutiendo en la misma mesa que nosotros.
Por eso estimo que la desinformación y la ignorancia de los argentinos respecto de los pueblos indígenas también tiene que ver con las elecciones que tomaron los gobiernos para ignorarnos”. Y remata: “Estamos planteando un Estado pluricultural y con una práctica de la interculturalidad que tiene que enriquecer a la sociedad que vive aquí”. Así es que la lucha de los mapuches no sólo termina en la reinvidación por la propiedad de sus tierras, ahora pueden presentar su propuesta política y de Estado.
Prensa Organizacion Barrial Tupac Amaru
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