Ecuador: SITUACION DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

COLECTIVO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
El Colectivo de Organizaciones Sociales por el SI y el Buen Vivir estará vigilante del proceso de transformación de la justicia y la aplicación de los otros puntos de la Consulta Popular, aprobada por los ecuatorianos en las urnas, el pasado 7 de mayo. Entre las organizaciones sociales que conforman este Colectivo están: Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas, Confederación de Trabajadores del Ecuador, Cámara de Economía Popular y Solidaria, la Federación de Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), la Federación de Empleados y Trabajadores de la Salud Anexos del Ecuador (FETSAE), Confederación Nacional del Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador (FEDELEC), el Comité de Empresa de Auxiliares Educativos, Comité de Empresa nacional de los trabajadores de la Corporación nacional de Telecomunicaciones (CNT), Red nacional de Trabajadores del Sector Eléctrico (Enlace), Coordinadora nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), Empresa de Taxis Ejecutivos y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).

RELECCION EN LA FEUE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
El Presidente reelecto Torres agradeció a todos los estudiantes universitarios no por haber votado por su candidatura sino por acudir masivamente al proceso electoral que “cada vez va madurando”. Recordó que cuando Marcelo Rivera ganó la FEUE, lo hizo con 2 mil votos mientras que “nosotros acabamos de ganar casi con 16 mil votos”. “Marcelo Rivera ganó en un ambiente del 80 por ciento de ausentismo de los estudiantes, en esta ocasión hemos tenido el 83 por ciento de asistencia a las votaciones”, agregó. “Lo que no es correcto es que la Universidad Central se convierta en la central de campaña de un partido político, que la despartidización significa la oportunidad de la Universidad Central en su conjunto de ser plural, de ser tolerante, de que si alguien es de izquierda se lo respete, se lo valore, si alguien es de derecha, se lo respete y se lo valore”, afirmó.
REUNION DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y GABINETE
El renaciente movimiento social, agrupado alrededor de la defensa de la gestión política del Gobierno de Correa, lentamente va tomando cuerpo, con amplios apoyos desde las esferas de gobierno, pero incorporando mayor radicalidad y discursividad propia; incluso ahora se pretende llegar a generar una plataforma propia que vaya de común acuerdo con las líneas estratégicas de la llamada revolución ciudadana. En ello es importante destacar la capacidad de movilización que lentamente ha ido alcanzando esta organización de movimientos sociales, en especial luego de los sucesos del 30S. A pesar de ello al interior del grueso del movimiento social, la corrupción gremialista, corporativista y economicista; siguen siendo el caldo de cultivo para que dirigencias corrompidas en el ejercicio del poder, puedan mantener un discurso antigobiernista, apoyados en la cada vez menor influencia de una izquierda parlamentarista, electorera y oportunista.
PARTIDO SOCIALISTA – FRENTE AMPLIO
EL Consejo Nacional del Partido Socialista – Frente Amplio, reunido en la ciudad de Puyo el 16 de julio de 2011, luego de los debates y deliberaciones correspondientes, se pronunció por ratificar el apoyo crítico y propositivo al proceso de cambios estructurales que debe impulsar el gobierno del Presidente Rafael Correa y manifiesta su disposición de fortalecer y apuntalar dichas reformas; acordó implementar acciones orientadas a consolidar las transformaciones radicales como la revolución agraria en todas sus dimensiones económicas y productivas que permitan alcanzar la redistribución de la tierra, así mismo la conveniente y sostenible incorporación de tecnología y el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos hídricos; se propone el fortalecimiento de una estructura nacional campesina y asume la agenda política propuesta por la FENOCIN que sustenta los cambios estructurales en el agro, apuntalando la implementación de programas y proyectos dirigidos hacia este sector; apoyar activamente el proceso del Código Orgánico del Trabajo, Ley de Cultura, Ley de Comunicación, Ley de Recursos Hídricos usos y aprovechamiento del agua, ley de Tierras y las leyes fundamentales que garanticen la soberanía alimentaria para el cambio en el sector agropecuario. El PS-FA expresa su desacuerdo con la criminalización de la lucha social, pues reconoce a la protesta, organización y movilización como instancia legítima para reclamar y exigir los derechos de las grandes mayorías de nuestro pueblo, en búsqueda del desarrollo de la democracia y la transformación política y social de nuestro país.
LA INTRINGULIS ECOLOGICA
De manera por demás contradictoria o francamente oportunista la dirigencia indígena, que se ha orillado en un discurso ultraecologista, para oponerse a la política de explotación de los recursos mineralógicos de parte del Estado; ahora asume como lesivo a sus intereses la negociación que adelanta el gobierno con organismos de las Naciones Unidas, esto es el programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD), que establece una propuesta de compensaciones a los pueblos indígenas en especial que han asumido a través de programas locales de iniciativa gubernamental “Socio bosque” y “Socio páramo” de preservar recursos estratégicos para el hábitat.
Para ello la dirigencia indígena, ha acusado que este programa buscaría adueñarse de los territorios indígenas. Por primera vez la dirigencia indígena reconoce aquello que desde hace mucho se ha denunciado, de que la mayoría de las posiciones ecologistas inmersas en el llamado “negocio verde” es precisamente el de mantener un control estratégico de importantes territorios a nivel de los países del tercer mundo; con el objetivo inicial de negociar la reducción de emisiones de carbono, pero a más largo plazo para la generación de proyectos de control de territorios geopolíticamente importantes, así como zonas privilegiadas que a futuro se convertirían en hábitat de colonias europeas; y por último territorios de reservas de recursos naturales para la explotación transnacional futura; a lo cual, en el momento presente se oponen furibundamente, un puñado de ONGs ecologistas, fáciles de hacer y deshacer, en función del financiamiento transnacional que reciben.
De igual o parecida manera fue la propuesta que adelantó, lo que en su momento Correa denunció como la “argolla ecologista infantil”, la cual, a la cabeza de un Alberto Acosta y su esposa Ana María Varea (máxima funcionaria del PNUD-Ecuador) pretendieron manejar el fideicomiso Yasuni – ITT de 3.500 millones de dólares, en el cual graciosamente se confiscaba el 40% del territorio ecuatoriano, prácticamente toda la amazonía, con el mismo cuento que hoy la dirigencia de la CONAIE rechaza, esto es la declaratoria de la intangibilidad de estos territorios.
Además en el momento presente, la crítica de la dirigencia de la CONAIE sobre las negociaciones del Estado ecuatoriano a través del gobierno nacional con el programa REDD, están fuera de contexto, porque en primer lugar hay una amplio articulado en la Constitución aprobada que impediría la afectación de los territorios indígenas; en segundo lugar porque el gobierno actual, ya no es la junta general de accionistas de la burguesía y el imperialismo, como en las anteriores, veces, sino un gobierno de corte popular, democrático y soberano; a más de ello en el concierto internacional, es factible, deseable y conveniente que las negociaciones, referidas a proyectos de gran envergadura, a más de la legítima representación de los pueblos indígenas y las comunidades locales, este legítimamente representado el Estado; más aún en el caso ecuatoriano, en el cual el gobierno se ha jugado nítidamente por una propuesta ecológica seria, y; ha dado muestras suficientes de respeto, valoración e inclusión de las nacionalidades y pueblos indígenas; en lo que se ha definido constitucionalmente como un Estado plurinacional.
Pero, igualmente la dirigencia de la CONAIE, dejándose llevar del discurso ecologista infantil, de manera sorprendente manifiestan estar igualmente en contra del “pago por servicios ambientales”, pues ello implicaría “mercantilizar la Pachamama”; cuando atrás de este discurso “místico” están los intereses de las grandes transnacionales del negocio verde y de los países altamente industrializados, que plantean el conservacionismo a ultranza en las regiones del tercer mundo, a cambio de nada; de ninguna compensación, precisamente desde aquellos países que más han contaminado y contaminan el globo terrestre .
ALIANZA DE LA CONAIE CON EL FRENTE POPULAR
Las futuras elecciones motivan la realización de reuniones de los representantes de los grupos políticos y sociales que se declaran en oposición al Gobierno. Entre los grupos, se registran a las organizaciones lideradas por la Conaie y el Frente Popular (brazo seccional del MPD), entre las que se nombró a varios posibles representantes para las elecciones del 2013: del Movimiento Participación, a Gustavo Larrea; de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mery Zamora; del Movimiento Pachakutik, a Lourdes Tibán; y también el economista Alberto Acosta” . Además de ello se comprometieron a desarrollar un Mandato, en base a la declaración del Encuentro, en la cual, desde una visión puramente política, acentúa la oposición al gobierno, acusándolo de haber traicionado el proyecto político, cuando en la realidad el proyecto político de APAIS incluso ha ido más allá de lo inicialmente planteado, como base programática, que reflejaba un tibio reformismo, en el cual la politización de la ciudadanía respondía a los ejes posibles de la socialdemocracia, posición ideológica – política defendida entusiastamente incluso en la actualidad por el mismo Alberto Acosta.
En la actualidad, la posición política de APAIS sin ambages expresa una opción directa al Socialismo del Siglo XXI, pero los argumentos de la oposición de los movimientos sociales, recogidos por los “lúcidos” teóricos de la FLACSO y la PUCE, acusan a APAIS de liderar un “modelo autoritario de modernización capitalista”, esta acusación no hace más que expresar el resentimiento de un sector de la burocracia pública de un sector de la clase media, al haber tenido que ajustarse a una mayor eficiencia, control y trabajo, en la gestión de carácter especialmente estatal.
Igualmente, expresa el resentimiento de sectores de la izquierda oportunista, reciclada en las ONGs y en los centros de educación superior, “lesionados” por
la regulación de sus millonarias cuentas “para el desarrollo sustentable” y los otros por la Ley orgánica de Educación Superior, y que no han encontrado mejor y más fácil argumento, que en primera instancia acusar a Correa del gobierno mas neoliberal de la historia; lo cual difícilmente creíble, hubo de trastocarse en “modernización capitalista” que incluso visto desde la óptica de un sistema semifeudal y semicolonial o de capitalismo dependiente que se ha caracterizado a la formación económica social ecuatoriana, sería incluso progresista; pero No, incluso el programa de APAIS va mas allá de esto, al plantearse un modelo propio de desarrollo en un horizonte de 20 años, que se plasma en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que plantea, saliendo del extractivismo, arribar a un modelo de desarrollo, asentado sobre la industrialización sustitutiva de importaciones estratégicas, basada en la soberanía energética, y con amplios desarrollos en el bioconocimiento y el turismo; y, en el cual incluso de avizora medios y formas de desacumulación de el capital en pocas manos; haciendo del Estado el eje dinamizador de las políticas económicas y sociales, pero dejando amplias aperturas a la iniciativa de la “ciudadanía”; en lo que se podría denominar un socialismo de Estado.
Si bien los avances en el modelo del Estado Plurinacional no han sido muchos, ello en mucho se debe a la oposición ciega de la dirigencia corporativizada de la mayor organización de los pueblos indígenas: la Conaie, que jugándose de manera aventurera a la política de echar abajo al Gobierno, ha jugado al todo o nada. A pesar de ello el Gobierno con bases de la misma Conaie y de las fuerzas aliadas de otras confederaciones indígenas y campesinas han logrado grandes avances en relación a una política de legalización y distribución de la propiedad de la tierra y de apoyo a la producción, de hecho insuficientes para el requerimiento histórico postergado por más de 500 años; pero igualmente la obra social del gobierno, en educación, salud, vivienda, infraestructura vial, apoyo técnico y tecnológico, ha permitido que la pobreza en general y la pobreza absoluta se revierta en un 8% en el sector indígena – campesino; ello ha sido suficiente para mantener la misma o igual votación de apoyo que logró Correa en las elecciones del 2006, a pesar de la inmensa campaña de los medios de oposición de la derecha aliada a la posición intransigente de la dirigencia corporativizada indígena, que incluso bloquearon con un levantamiento, una de los mejores propuestas de ley orgánica de recursos hídricos; y que generó enfrentamientos con la policía; y que desmedró grandemente el capital social del gobierno de Correa en el sector indígena - campesino.
La crisis mundial del 2009 impidió igualmente que el gobierno optase por una mayor y más decidida acción de desconcentración de la propiedad de la tierra, a más de que el enfoque del gobierno, y con mucha de razón, en el contexto de una economía dolarizada, ha estado enfocado a sostener, modernizar y profundizar el sector agro-exportador de la Costa; lo que ha postergado una acción de mayor envergadura en la región sierra; y en lo cual igualmente ha conspirado una burocracia corrupta e indolente, que hubo de ser eliminada, con la liquidación del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario – INDA, traspasándose sus competencias a una Subsecretaria de Desarrollo y Reforma Agraria del mismo Ministerio de Agricultura, que al momento se halla empeñada en lograr la titulación de aproximadamente 700 mil predios y la entrega de títulos colectivos de propiedad de territorios de los pueblos amazónicos sobre un 1’000.000 de hectáreas. Pero igualmente el estratégico proceso de reforma agraria se ha visto detenido, a la espera de una propuesta de ley de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, que se ha dicho será presentada en los primeros días de septiembre; Conferencia en la cual participan organizaciones sociales del movimiento indígena-campesino, así como representantes de instituciones de investigación y ONGs.
De igual manera la aprobación del articulado de la Circunscripciones Territoriales Indígenas – CTIs, en el marco del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD; significó el cumplimiento de una demanda histórica de las nacionalidades y pueblos indígenas amazónicos, que con el apoyo del ECORAE, definen y avanzan en el desarrollo de sus planes de vida; y, en los cuales hay expectativas por las rentas que por la nueva ley de hidrocarburos se canalizan directamente para el desarrollo de estas comunidades y pueblo.
Estos y otros logros del gobierno, en el ámbito económico, político y social, a nivel nacional e internacional, no han podido ser ocultados a los ojos de un sector altamente politizado del movimiento indígena; que en determinados casos, como en el mandato de no oponerse al COOTAD dieron las nacionalidades indígenas amazónicas a los asambleístas de Pachakutik; han generado que importantes comunidades, gobiernos locales y autoridades seccionales, hayan entrado directamente a negociar con las instancias de gobierno, mejores condiciones para su desarrollo; y que hayan rechazado de manera explícita o implícita la posición sectaria y filoderechista de la dirigencia de la Conaie y más aún de Pachakutik; incluso hasta la Federación Interprovincial de Centros Shuar – FICSH, del cual fue dirigente el actual Vicepresidente de la Conaie, estan al momento negociando con el Gobierno apoyo para el desarrollo de sus comunidades.
Pero no fue hasta la aceptación de Ricardo Ulcuango como embajador del Ecuador en Bolivia, que la crisis de dirección de la Conaie se visualizó en toda su dimensión. Más aún de que el mencionado dirigente del pueblo kichwa Kayambi viene de la vieja tradición socialista y comunista de luchadores indígenas – campesinos, liderados desde los años 20, por Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña; Gualavisi y Lechón, que luego de la revolución del 28 de mayo de 1944 crearon la primera organización indígena nacional, la Federación Ecuatoriana de Indios – FEI, que en lo posterior fue una de las bases para construir el movimiento indígena – campesino ECUARUNARI en la década de los 70, y que impulso la creación de la CONAIE en la década de los 80.
Más aún el mismo Ricardo Ulcuango llegó a ser Presidente del Ecuarunari, luego Vicepresidente de la CONAIE, luego Diputado por el Movimiento Pachakutik, y en un acto de desprendimiento, cuando podía optar por la reelección o quedarse en la gestión de algunas de las institucionalidades indígenas, optó por regresar a su tierra a levantar su organización comunitaria; estando por fuera de las argollas de poder, que se habían ido armando ante la ausencia de una dirección política unificada del movimiento indígena, cuyo brazo política había sido cooptado, primero por el arribismo de un sector izquierdoso de la clase media urbana de origen blanco – mestizo, y luego por los apetitos electorales de una élite indígena, atrapada en las telarañas de los proyectos de las ONGs y financieras internacionales, que definitivamente había cortado sus nexos existenciales con sus comunidades de origen; a la cual las posiciones poder, el dinero de los proyectos y/o los latisueldos de las instituciones; y la vida occidental urbana, rápidamente les han absorbido. De ahí que fácilmente esta dirigencia ideológicamente ha estado al vaivén de la moda de los proyectos, declarándose sustentable en unas veces, feminista en otras, defensora de los derechos humanos, del código de la niñez, y por último ecologista a ultranza.
La respuesta de la dirigencia de la Conaie, presionada por la acusación lanzada por el ex – Alcalde de Cotacachi, Auqui Tituaña, de que la elección del actual Presidente de la Conaie y el mismo nombramiento de Ulcuango como embajador, respondía a un acuerdo previo con el Gobierno; expulsó de manera abyecta a Ricardo Ulcuango; cuando a la dirigencia que estuvo involucrada en las negociaciones con la extrema derecha de la Junta Cívica de Guayaquil, apenas lo había amonestado; la respuesta de Ulcuango se dio precisamente en esta tónica, de que el no había pactado con la derecha; y, el llamado a que la dirigencia de la Conaie, aterrice en las reales necesidades de las bases, y; al Gobierno, de que de cumplimiento al mandato plurinacional de la Constitución nombrando mayor cantidad de funcionarios indígenas en todos los niveles del Gobierno. No bien concluida con la expulsión, vinieron las declaraciones de Tituaña, declarando abiertamente ser partícipe de un proyecto de derecha, en el cual se habría adelantado conversaciones con Joyce de Ginnata y Guillermo Lasso, la primera alta representantes de la derecha burguesa de la Costa; y el otro, ex ministro del gobierno de Lucio Gutiérrez y Gerente del Banco de Guayaquil.
Estas posiciones filoderechistas, contradicen tácitamente con la raíz del indigenismo radical, que se gestó en base a las luchas indígenas - campesinas de la década de los 50 que se apoyaba fuertemente en la reclamación de la reforma agraria, fue morigerado en una posición indigenista, basada en la lengua y la cultura, que pretendió avanzar a la reclamación de pueblos y nacionalidades, así como de territorios, y de un desarrollo autónomo; pero que en los hechos reales, ha sido únicamente la región amazónica la que ha dado este trascendental paso; en el caso de la sierra, las múltiples interpolaciones de la sociedad blanco – mestiza dominante han ido configurando un escenario de pueblo con hegemonía indígena, que se ha trasladado al escenario del los gobiernos locales en los cuales los procesos electorales han desarrollado alianzas pluriétnicas y modelos de gestión compartidos.
Otro sector de la dirigencia indígena, en su desesperación por mantenerse en la hegemonía del poder, ha vuelto los ojos a los sectores de la llamada izquierda, que antes atacaba motejándolos de “izquierdosos” por ser parte de un estrato de la pequeña burguesía urbana de origen blanco-mestiza; que se había orillado al puro sindicalismo, luego al electoralismo y parlamentarismo, y que había sido desde siempre denunciado desde el movimiento indígena como oportunista y sectaria y más aún racista; pero que igualmente este sector de la llamada izquierda atacaban al movimiento indígena, tildándoles de indianistas, resentidos sociales, racistas, divisionistas, etc.
Las condiciones y razones para esta crítica en nada o casi nada han variado, a pesar de ello, por las condiciones antedichas, ahora resultan ser los aliados estratégicos del movimiento indígena, peor aún en la alianza pluriclasista y políticamente amplia, incluso sectores de la vieja burocracia estatal y sectores de la misma derecha son y fueron objeto de tratativas y acercamientos; en el nivel político Pachakutik en nada ha escatimado la alianza con las fuerzas más oscuras de la derecha; ello contagió a la misma dirigencia indígena de la Conaie, que se dio el lujo de recibir en su propia sede a lo más rancio de la oligarquía reaccionaria de la Costa, en la figura de la llamada Junta Cívica de Guayaquil, con quienes adelantaron un pacto explícito para derrocar el Gobierno; pues desde hace mucho tiempo atrás y hasta la actualidad el pacto implícito se mantiene; lo que les ha obligado incluso a solidarizarse y rasgarse las vestiduras por la supuesta “defensa de la libertad de expresión” de la vanguardia oligárquica del diario El Universo.
De esta manera igualmente han pretendido ser victoriosos en la Consulta Popular del 7 de mayo del 2011, cuando fundidos con la derecha y los grandes medios de comunicación, juntos no lograron sacar la votación que alcanzaron estos mismos sectores en las elecciones presidenciales del 2009.
Otra de las muletillas con las cuales continuamente la dirigencia indígenas y la oposición supuestamente de izquierda juega es la supuesta persecución del gobierno a dirigentes indígenas y sociales. Al respecto es claro que el gobierno de Correa, desde sus limitaciones legalistas y las ilusiones democratistas, aupó el proceso de judicialización de la protesta popular; craso error en tanto y en cuanto, no se priorizó la derrota política a más largo plazo de una dirigencia sectaria y fraudulenta que con manifiestos tremendistas levantó a la movilización a un grueso del pueblo indígena; más aún cuando en el articulado del sistema judicial ecuatoriano se mantenían aún visos de la legislatura de la seguridad nacional heredados de las épocas dictatoriales; y, aún más, cuando la estructura de la función judicial estaba plagada de gamonales de pensamiento enfeudado, que a lo largo del tiempo han sido los más acérrimos enemigos y verdugos de los indígenas, de los campesinos y pobres en general.
Este craso error del gobierno hubo de pagar caro, cuando en vísperas de la estratégica consulta popular del 7 de mayo; este sector de jueces corrompidos manipuló evidentemente los procesos judiciales instaurados contra los dirigentes por los incidentes del levantamiento en territorio Shuar; y con ello levantó una ola de oposición de la cual se aprovechó la oposición de la derecha a través de los grandes medios de comunicación para enemistar aún más al movimiento indígena con el gobierno, lo que contribuyó a la baja votación alcanzada en este sector.
Recién al momento el Gobierno ha logrado depurar el Código penal y avanza aceleradamente en la depuración de los jueces corruptos y en la modernización de la justicia, como fruto del mandato de la Consulta Popular del siete de mayo.
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Publicado por La Hora de los Trabajadores