San Juan: Barrick consiguió suspender la ley protección glaciares
Las empresas Barrick y Exploraciones Mineras SA, ambas concesionarias de la explotación del proyecto minero "Pascua Lama", consiguieron, del Juez Federal de San Juan, la suspención en la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares, que se sancionó luego de un intenso debate en el Congreso de la Nación, terciando entre las empresas mineras, el gobierno de San Juan, los grupos ambientalistas y provincias cordilleranas cuyas existencias dependen en gran medida del agua de los glaciares. Por cierto, la provincia de San Juan adhirió al pedido de suspensión en defensa de la autodeterminación constitucional sobre sus recursos. En contraposición la "Fundación Ciudadanos Independientes", una ONG con fines ambientales, pidió el rechazo de la medida de suspensión presentándose en el expediente. Pero fue excluida por el juez y también por la Corte. Luego de suspender la aplicación de Ley de Preservación de los Glaciares, el juez se declaró incompetente y remitió el expediente a la Corte Suprema.
Los juristas consultados por la suspensión de esta ley nacional, entienden que "la Corte mantiene la suspensión y considera que el objeto del proceso no tiene que ver con la prevención del medio ambiente ni con un eventual perjuicio que pudiera causarse o con la reparación de un daño producido a aquel bien colectivo, sino que se pretende tutelar derechos que se relacionarían con el interés directo de Barrick y Exploraciones Mineras". Además, sostiene que hay conflicto entre el Estado provincial y la Nación, por regular esta última de manera extrema los recursos naturales, en violación a facultades reservadas de la Provincia en dominio y explotación.
Lo extraño es que la resolución no establece plazo en la suspensión de la ley de Glaciares, no permite la gestión de la ONG y deja en manos provinciales la no aplicación inmediata.
Éste no es un dato menor, en tanto Mendoza se sumó en el debate nacional a una estricta conducta de preservación de los glaciares y de prohibición de explotaciones en las áreas blancas y de los llamados periglaciares (glaciares de escombro), que en nuestra región abastecen entre el 60 y el 70% del agua de nuestros ríos principales cuando hay sequía o cuencas deprimidas en las altas cumbres.
La provincia se pronunció por la prohibición y un estricto control -en uso de facultades federales incluso- de todo proyecto de explotación en zonas de glaciares. Además, dispuso cumplir con uno de los preceptos de la Ley nacional, la evaluación exacta o censo de los glaciares y ámbitos periglaciares, para diseñar su política de preservación y la política industrial, turística u obras de infraestructura (puentes, caminos, túneles, etc). Por eso se firmó un convenio con el Cricyt, el Ianigla y la UNCuyo, asignando recursos y técnicos para la inmediata realización de ese censo.
La Corte, en definitiva, prioriza en esta puja de intereses el de las provincias -en este caso de San Juan, en coincidencia con los de las empresas mineras- como dueñas del recurso y les reconoce dominio, manejo y decisiones sobre su cuidado y explotación, postergando el criterio de una política nacional acordada en el Congreso para preservar, como política del Estado del país, el celoso cuidado de los glaciares y de las fuentes naturales de agua dulce, escasa y en crisis de abastecimiento.
.Es de esperar que Mendoza ratifique, ante esta decisión judicial, su opción por el más celoso de los cuidados sobre sus glaciares -por otra parte en claro retroceso en sus dimensiones- y complete lo antes posible el censo exacto de sus fuentes de agua, priorizándolas por sobre intereses particulares
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.Pueblada en Córdoba para frenar la avanzada minera
El valle de Calamuchita se moviliza para evitar la explotación minera a cielo abierto y alerta sobre la posible contaminación de la principal cuenca de agua de la provincia. El valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, está movilizado. Los pobladores de la región consideran que su principal capital de desarrollo, el turismo, está en peligro a partir de la intención de la empresa Complejo Minero Cerro Blanco S.A. de explotar yacimientos del emblemático Cerro Blanco, ubicado al oeste del Río Durazno, jurisdicción de Villa Yacanto de Calamuchita. Este proyecto pone en jaque a la cuenca hídrica más importante de la provincia, ya que de concretarse podría contaminar el caudal de los siete embalses que proveen de agua potable a toda Córdoba. La zona está en la mira de la explotación minera desde hace varios años. En 2003 se pretendió reiniciar la actividad, pero ante una férrea resistencia vecinal se logró dar marcha atrás a tales pretensiones. Toda la provincia de Córdoba es rica en minerales y en las Sierras Grandes seduce la extracción de cuarzo, feldespato, mica, berilio y tantalio-columbita, algunos de los cuales tienen una pureza del 99 por ciento. "Los vamos a volver a frenar. Si es necesario me planto frente a las máquinas", dijo Alejandro Martín uno de los lugareños de Villa Yacanto, que también participó de la anterior cruzada comunal. Los vecinos se reunieron con las autoridades locales y provinciales, y decidieron convocarse en asamblea permanente para hacer oír sus reclamos.
Las razones por las que se oponen
La minera promete una inversión de 3 millones de dólares, la generación de al menos 20 puestos de trabajo y el compromiso de no contaminar. Para los lugareños el medio ambiente no se negocia. El impacto económico que promete la minera es superado hoy por el conjunto de inversores turísticos y ganaderos ya instalados en la región. "En el hipotético caso de que ésta se transforme en una región minera, muchísimas inversiones quedarían truncas, ya que la minería y el turismo no son compatibles. El turismo es un recurso renovable; la minería, no", dijo el secretario de Gobierno Municipal, Juan Pablo Perucca. El referente ambientalista de Calamuchita Fabián Carbia explicó los costos ecológicos de la explotación minera a cielo abierto que se pretende impulsar. "Los sedimentos llegarían al río del Durazno, uno de los tributarios del Río Grande, el cual forma la represa Hidroeléctrica Cerro Pelado. Aguas abajo se forma el embalse Arroyo Corto, luego este curso de agua es uno de los afluentes del Embalse de Río Tercero, la represa de mayor superficie de la provincia, junto al río Santa Rosa y Quillinzo, que conforma el Río Tercero (curso de agua más importante de la provincia)", manifestó el ambientalista. Desde la cooperativa eléctrica local también se pronunciaron en contra del emprendimiento, entre otras cosas, porque la minera demandaría un consumo equivalente al doble de lo que se genera en la actualidad. "Es como dar energía a dos Yacantos y esa infraestructura no está disponible", explicó el presidente de la cooperativa, Rodolfo Musumeci. Además de perjudicar la cuenca con residuos, Carbia habló de contaminación sonora por los ruidos de las explosiones. Por estas horas, los vecinos del valle juntan firmas para elevarlas a la Legislatura provincial. Piden una normativa que declare a las Sierras de los Comechingones libre de minería.
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