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El acto se realizará en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Uruguay a "eliminar las trabas jurídicas" para investigar el caso de la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman en 1976.
En un documento titulado "Informe en el cumplimiento del fallo de la CIDH", al que accedió El País, el gobierno enumera una serie de medidas a realizar. Entre ellas, la divulgación resumida de la sentencia en el diario oficial y otro de circulación nacional, la cual se publicó el pasado domingo 21 de agosto.
Por otra parte, se está coordinando la realización de un acto en el que participarán los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. El evento se deberá realizar en el plazo de un año desde la fecha en que se dictó la sentencia (24 de febrero de 2011). El fallo también fue colgado en las páginas web de Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación y Cultura.
"Se ha acordado en la comisión coordinada por la Secretaría de la Presidencia, que debe tratarse de un acto que cumpla con la finalidad establecida en la sentencia, esto es, la asunción de responsabilidad por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico-militar. En el mismo participarán los tres poderes del Estado, que la redacción del documento a leer durante la realización del mismo así como otras particularidades de dicho acto, sea acordada por todas las partes conjuntamente con las víctimas del caso", según el establece el documento elaborado por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Asimismo, se buscará otorgarle la "más amplia participación a las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos".
Dicho acto deberá realizarse mediante una ceremonia pública conducida "por altas autoridades nacionales". Aún no fue acordado el contenido de los discursos y tampoco la fecha en la que se realizará, dijeron a El País fuentes legislativas.
Además, el gobierno deberá colocar una placa con el nombre de las víctimas de la dictadura en el edificio del Servicio de Información de Defensa (Luis Alberto de Herrera y Monte Caseros). En esa placa deberán constar los nombres de todos las personas que estuvieron detenidas en el lugar.
Otra de las resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo supone la adopción en un plazo de los años de medidas pertinentes "para garantizar el acceso técnico y sistematizada información acerca de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que reposan en archivos estatales". En ese marco, se recuerda que el equipo de historiadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República a través de "sucesivos convenios con Presidencia, ha llevado a cabo una exhaustiva investigación histórica de las violaciones a los derechos humanos; estos trabajos se encuentran a disposición del público en general", agrega el documento.
También deberán instrumentarse las medidas que sean necesarias para "garantizar el acceso técnico y sistematizado de información acerca de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura que reposa en archivos estatales", tales como los provenientes de la Justicia Militar y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Como medida complementaria se establece la necesidad de "continuar y acelerar la búsqueda y localización de María Claudia García o de sus restos mortales y entregarlos a sus familiares". Así como la instrumentación del pago en tiempo y forma a los reclamantes de la suma de US$ 513.000 por concepto de indemnización por daño material e inmaterial a Macarena Gelman, hija de María Claudia García.
Además, se dispuso la conformación de un grupo interministerial a los efectos de coordinar las obligaciones impuestas por la CIDH.
En tanto, se amplía la integración de la Secretaría de la Comisión de Seguimiento para la Paz, con la incorporación de un representante de un Ministerio Público y Fiscal y un otro de las organizaciones de la sociedad civil.
FA pedirá el aval al gobierno para modificar la Caducidad
El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, se reunirá en los próximos días con autoridades de Presidencia de la República, para conocer la posición del gobierno respecto a la modificación de la fecha de prescripción de los delitos amparados en la ley de Caducidad.
Para evitar que el 1° de noviembre los delitos cometidos en la última dictadura militar queden sin efecto, el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) presentó un borrador de proyecto.
El diputado Carlos Coitiño (PVP) dijo a El País que "se buscarán los acuerdos que sean necesarios" a nivel del Frente Amplio, para modificar la fecha de prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).
El PVP presentará el lunes 29 en la Mesa Política del FA el texto que pretende sea de consenso de todo el Frente Amplio. Coitiño explicó que el texto del proyecto no se conocerá hasta tanto no exista un acuerdo a nivel de la fuerza política, dado que se quieren evitar nuevos enfrentamientos internos a causa de la ley de Caducidad.
En la coalición de izquierda funciona desde hace meses una comisión sobre Caducidad, en la que se analizan las distintas salidas para eliminar el ordenamiento jurídico a la norma. Como resultado del trabajo realizado en dicha comisión, el FA presentará asesoramiento legal gratuito a los familiares de las víctimas de desaparecidos en la dictadura. Coitiño comunicó en la última reunión de bancada del FA los logros alcanzados por dicha comisión.
En tanto, solicitó que se envíe un pedido de informes al presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, para que comunique lo actuado por el Parlamento en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El País
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