Juicio a represores: la querella pidió prisión perpetua para los acusados.
Además, los abogados exigieron que los imputados revelen dónde están los cuerpos de los desaparecidos en la última dictadura militar.
El primer juicio en Mendoza por la desaparición forzada de cuatro militantes justicialistas durante la última dictadura militar entró hoy en su tramo final con el pedido de condena a prisión perpetua para tres de los cuatro imputados por parte de la querella, y que los imputados digan dónde arrojaron los cuerpos de los desaparecidos.
Durante los alegatos de la querella, Diego Lavado pidió las penas de “prisión perpetua” para el ex teniente Aníbal Guevara; el ex comisario Raúl Alberto Ruiz Soppe; y el ex integrante de la D2 de la Policía, Juan Labarta, acusados de homicidio triplemente agravado, aplicación de tormentos, asociación ilícita y falsedad ideológica.
En tanto que para el ex abogado de la policía, Raúl Egea Bernal, solicitó una pena de doce años de prisión ya que lo exceptuó del homicidio.
El juicio oral en el que se investiga la desaparición de Pascual Sandoval, José Guillermo Berón, Roberto Osorio y Francisco Tripiana continuará el lunes cuando aleguen los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado. Luego del censo será el turno de los defensores de los imputados, y unos días después, el Tribunal Oral II que integran Roberto Burad, Héctor Cortés y Roberto Nacif dictará la sentencia.
En más de dos horas y media de exposición, Lavado dio una cátedra acerca de los aportes brindados por las jurisprudencias alemana y francesa, habló de los aparatos organizados de poder y detalló el dominio del hecho y los grados de participación de los distintos actores en las cinco regiones en las que se dividió a la Argentina desde marzo 1976 para lograr su control operacional.
En tanto, Pablo Salinas alegó que en Argentina "hubo una organización criminal, un plan común que tenía por finalidad delictiva de la Junta eliminar a los oponentes e incluso apropiarse de los niños", y que "contaba con un grupo de tareas, integrado entre otros por el imputado y ex Teniente Aníbal Guevara, y los ex policías Labarta, Fierro, López, Mússere (imputado pero fallecido durante este juicio), y Trentini".
El letrado calificó a las autoridades militares y policiales de los 70 como "una empresa criminal llevada adelante por los integrantes de la Junta Militar a partir del terrorismo de Estado".
"La sola pertenencia a esa organización criminal, es prueba suficiente para condenar a los imputados", dijo Salinas.
Finalmente, el querellante les habló a los imputados diciéndoles que cualquiera de ellos tiene aún la posibilidad de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos.
"Apelo a que antes de que termine el juicio nos digan dónde están ellos", dijo y les pidió "un poco de dignidad" por las familias no tienen a dónde llevarle flores a sus muertos. "Digan dónde están los cadáveres, quedó probado que ustedes saben dónde están", concluyó.
Por su parte, Alfredo Guevara pidió además que el Juzgado Federal investigue ahora la participación del ex comisario Hugo Trentini (condenado por el homicidio del estudiante bonaerense Sebastián Bordón); y compulsas para el ex comisario Oscar Raúl Pérez, el comisario Pedro Carrió Lopez, y Braulio Navarro Chirino (por ser en 1976 director de la penitenciaría donde hubo mujeres detenidas).
Las compulsas podrían recaer también sobre el sacerdote Franco Reververi, quien fue visto por varios detenidos en momentos que se realizaban torturas; el médico José Miguel Ruiz Pozo, Miguel Savés y el oficial Gerardo Gutiérrez, quien figura haber trasladado a Tripiana en marzo de 1976.
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