México frente al mundo

México es el segundo Estado más demandado ante ese órgano, solamente superado por Colombia. Este factor se disparó desde 2002.
Alejandra Nuño | El Universal

En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”, elaborado a partir de una visita que hizo el pleno de la Comisión al país. El informe daba cuenta de distintas preocupaciones en materia de derechos humanos, haciendo una exhaustiva radiografía sobre las deudas pendientes en el tema. Posteriormente, en 2003, la CIDH publicó un informe especial sobre Ciudad Juárez.

A estos informes se han sumado expresiones de preocupación de organizaciones nacionales e internacionales, y se han emitido recomendaciones emitidas por diversas instancias de Naciones Unidas.

Empero, la situación retratada no ha cambiado y actualmente evidencia la deuda pendiente con los derechos humanos, particularmente en relación con los sectores más desfavorecidos. Por ello, cada vez es más frecuente ver a México demandado ante instancias internacionales.

El primer indicador es el incremento considerable de peticiones o denuncias presentadas en su contra. De acuerdo con el Informe Anual 2009 de la CIDH, México es el segundo Estado más demandado ante ese órgano, solamente superado por Colombia. Este factor se disparó a partir de 2002 en tanto que, durante 2001, había nueve países de la Región con mayor número de peticiones, y en 2000 había once.

A esta situación se ha sumado el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, derivadas de la condena al Estado por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la masacre de Aguasblancas, las torturas de que fue víctima Alfonso Martín del Campo Dodd, la violación sexual de militares a tres indígenas tzeltales en Chiapas en 1994, la desaparición forzada del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, el ensañamiento contra el General Gallardo y las distintas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Chiapas y Veracruz, por mencionar algunas.

Asimismo, por el incumpliendo de sus recomendaciones, en casos más recientes, la CIDH ha remitido los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, en 2008 emitió su primera sentencia condenatoria por el Caso Castañeda; y en 2009 emitió dos sentencias más por los casos de Rosendo Radilla y “Campo Algodonero”. En 2010, la Corte emitió dos sentencias por la violación sexual por militares, de Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas me’phaas (tlapanecas). De igual manera, se está a la espera de que la Corte emita una sentencia más por la detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso, cometidas contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

Estos casos muestran patrones de violaciones de derechos humanos: el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, los saldos negativos de la militarización, la discriminación y exclusión de sectores en situación de vulnerabilidad, la criminalización de movimientos sociales y el abuso de la jurisdicción militar para investigar violaciones de derechos humanos. También han evidenciado el riesgo en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan estos y otros casos, tanto en instancias nacionales como internacionales.

En sus decisiones, la Corte Interamericana ha dictado medidas de reparación estructurales que abonarían en la no repetición de estos hechos. No obstante, México aún tiene que demostrar una verdadera voluntad política para enfrentar ese reto, lo cual daría cuenta de un Estado Democrático que valore la gran responsabilidad que implica asumir sus obligaciones en la materia.

El principal reto en esta materia es la voluntad política para cumplir con obligaciones internacionales, sobre todo cuando la situación cada vez se deteriora más y las amenazas a los derechos humanos provienen de distintos frentes. Así, es necesaria la coordinación entre instancias federales y estatales. La discusión seria del Poder Judicial sobre el cumplimiento de obligaciones internacionales es un compromiso impostergable, como lo es la adopción de políticas públicas respetuosas de derechos humanos, y la necesaria reforma constitucional en materia de derechos humanos que no sea un maquillaje formal sino el reflejo de un marco normativo congruente, garantista y de vanguardia.

De no asumirse tales compromisos, México seguirá ocupando los principales lugares de condena en instancias internacionales por la falta de protección y garantía de los derechos humanos de todas las personas en su territorio.

Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)