sábado, 20 de agosto de 2011

Colombia: pillaje, promesas y paz (I) James Petras

Catedrático, activista...James Petras es conocido por su pensamiento revolucionario y anti-imperialista, así como por sus prolíficas publicaciones en cuestiones políticas de América Latina y Oriente Medio.

El autor ha sido invitado al "Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y por la Paz de Colombia", que termina este lunes. He aquí su pensamiento.
James Petras
Vivimos en una época de gran destrucción y grandes oportunidades económicas, y América Latina no es la excepción. En el contexto global, el imperio de EE.UU. está involucrado en guerras destructivas (Afganistán, Irak, Pakistán, Libia, Yemen, Somalia y Haití).
Por el contrario, China, India, Brasil, Argentina y otras “economías emergentes” están incrementando el comercio y las inversiones, y reduciendo la pobreza.
La Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.) se encuentran en una profunda crisis económica. La “periferia” de la UE (Grecia, Irlanda, Portugal y España) está totalmente en bancarrota.
Las “dependencias” de EE.UU. en América del Norte (México), América Central y el Caribe son narco-estados virtuales plagados de una pobreza masiva, cifras astronómicas de delincuencia y estancamiento económico.
Estas dependencias de EE.UU. son saqueadas por multinacionales extranjeras, oligarcas locales y políticos corruptos.
Colombia se encuentra en una encrucijada: puede seguir los pasos de su predecesor, el narco-presidente Álvaro Uribe y continuar siendo una dependencia militar, una posición estratégica del imperio estadounidense en América del Sur.
Colombia también puede permanecer al margen de los mercados mundiales más dinámicos y en guerra con su gente, o por medio de un nuevo liderazgo político-social que afecte a una profunda reorientación de la política, concluir la transición hacia una mayor integración con los mercados dinámicos del mundo.
Colombia tiene todos los ingredientes objetivos (materiales y humanos) para formar parte del nuevo orden dinámico.
Pero, ante todo, debe despojarse de su papel de vasallo militarizado de Estados Unidos y de ser objeto de explotación por parte una oligarquía rentista. Colombia debe cesar sus golpes de apoyo a EE.UU. (Honduras, Venezuela) y amenazando a sus vecinos (Ecuador).
Colombia no puede desarrollar sus fuerzas productivas, financiar la modernización de la educación superior y mejorar la capacitación técnica, al mismo tiempo que gasta miles de millones en los cientos de miles de militares, paramilitares, policías y operativos de inteligencia.
El aparato represivo militar se dirige a la represión de los sectores más productivos, creativos y motivados de la masa trabajadora.
La prosperidad depende de la paz civil, que a su vez depende de la profunda desmilitarización del Estado colombiano.
La conexión entre la economía y el ejército está clara. China gasta una décima parte del presupuesto militar de EE.UU., pero crece cinco veces más rápido.
La política exterior independiente de Brasil y la realineación con el mercado asiático ha llevado al país a un alto crecimiento, mientras que México, como un satélite del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, es un estado malogrado, estancando.
Desmilitarización: las especificaciones de Colombia
Colombia es la sociedad más militarizada de América Latina, con el mayor número de víctimas civiles. “Militarismo” en Colombia incluye la mayor operación activa de la fuerza militar dentro de las fronteras estatales, así como el hecho de ser el mayor receptor de financiamiento militar de la mayor potencia militarista en el mundo.
Como un cliente subordinado del imperio de EE.UU., Colombia tiene un triste historial de derechos humanos, como demuestran los continuos asesinatos de periodistas, sindicalistas, campesinos activistas y defensores de los derechos humanos.
La violencia estatal y paraestatal, sin embargo, no es algo aleatorio; más de 4 millones de campesinos colombianos, agricultores, e intermediarios rurales han sido desposeídos de sus tierras a la fuerza para ser confiscadas por terratenientes, narcotraficantes, generales y empresarios aliados con el gobierno.
En otras palabras, el terror y la apropiación masiva es un método peculiar de Colombia de “acumulación de capital”. La violencia del Estado es el método para asegurar los medios de producción con el fin de aumentar las exportaciones agrícolas a expensas de los pequeños agricultores.
En Colombia, el exterminio estatal y paraestatal sustituye al mercado y sus “relaciones contractuales” al efectuar las transacciones económicas.
La desigualdad en las relaciones entre un Estado militarista y los movimientos populares de la sociedad civil han sido el principal impedimento para la transición de un régimen político oligárquico a un sistema electoral pluralista, representativo y democrático.
Colombia combina las formas elitistas de representación propias del siglo XIX con una represión militar más típica del siglo XXI: un caso de desarrollo conjunto y desigual.
Así las cosas, nos encontramos con un “crecimiento desequilibrado”, un ejército, policía y fuerza paramilitar súper desarrollados, e instituciones sociales y políticas subdesarrolladas, dispuestas y capaces de participar en las negociaciones a través de la reciprocidad y los compromisos dentro de un marco cívico.
La cultura del estado de “guerra permanente” socava las condiciones de confianza y reciprocidad, y plantea riesgos inaceptables para cualquier interlocutor social y político.
Dentro del estado militarizado – especialmente debido a sus arraigados vínculos con las instituciones militares regionales estadounidenses – sólo las “negociaciones” que refuercen el actual orden socio-económico y la disposición política institucional son aceptables.
Incluso reconocidos “mediadores de paz” entablando “negociaciones” y exigiendo concesiones unilaterales de los insurgentes, rara vez han conseguido concesiones recíprocas por parte del Estado.
La mayoría de los países de América Latina que han pasado por la transición de un régimen dictatorial a una política electoral han respetado a los opositores; sólo en Colombia se han asesinado a todos los dirigentes y activistas políticos – de la Unión Patriótica – que pasaron de la lucha armada a la electoral.
Ninguna otra oposición en América Latina (o en Europa, o en Asia)ha experimentado la violencia estatal infligida en la Unión Patriótica (UP): 5.000 activistas asesinados, incluyendo entre ellos candidatos presidenciales y al Congreso.
Los actuales regímenes de centro-izquierda latinoamericanos, sus economías prósperas y su abierto y libre movimiento de lucha social, son producto de la agitación social (entre 1999-2005) que puso fin a las “políticas militarizadas”.
Revueltas populares en Bolivia, Argentina, Ecuador y Venezuela despejaron el camino para el centro-izquierda. En Brasil, Uruguay y Chile los movimientos sociales ayudaron a desplazar a los regímenes de derecha.
Como resultado de las luchas y los levantamientos populares, los regímenes de centro-izquierda aplican políticas económicas relativamente independientes y programas de lucha contra la pobreza. Han mejorado el nivel de vida y proporcionan un espacio político y social para la continua lucha de clases.
Colombia es uno de los pocos países que no han logrado hacer la transición de un régimen militarista de derechas a uno social de centro-izquierda, así como hacia un modelo de desarrollo, porque a diferencia del resto de América Latina, todavía tiene que experimentar un levantamiento popular, dando como resultado una nueva configuración política. (Próxima edición: 2 Parte)
(Traducido por Katrina Velasco – Email: katrinavelascoreyero@gmail.com)

No hay comentarios:

Ir arriba

ir arriba
Powered By Blogger