PANAMA: Justicia para los menores masacrados, destitución inmediata de José Mulino y Gustavo Pérez‏

Rebanadas de Realidad - Ciudad de Panamá, 18/01/11.- Un total de cuatro jóvenes han perdido la vida como consecuencia del irrespeto absoluto de los derechos humanos de los panameños por parte de la Policía Nacional. Más aún, las autoridades del Ministerio de Seguridad Publica y de la Policía Nacional pretenden continuar faltándoles el respeto a la ciudadanía panameña y a las familias de las victimas de sus atropellos.


Con motivo de las muertes ocurridas en el Centro de Cumplimiento de Menores tanto el ministro de Seguridad, Raúl Mulino, como el director de la Policía Nacional , Gustavo Pérez, deben ser separados de sus cargos y sometidos a una investigación exhaustiva por su responsabilidad en esta tragedia. Hace apenas seis meses, en Changuinola, Bocas del Toro, murieron dos obreros víctimas de disparos de perdigones y otras cuatro personas por los efectos de los gases lacrimógenos, producto de órdenes criminales dadas por las autoridades a agentes de la Policía Nacional.

El Partido Alternativa Popular exige la remoción de los dos funcionarios mencionados antes de que la tragedia se vuelva a repetir en otras circunstancias. En julio de 2009, el ministro Mulino le pidió a los custodios de la penitenciaria La Joya que dispararan si era necesario impedir evasiones. Poco después dio órdenes de reprimir a los obreros que protestaban por las condiciones de inseguridad en sus trabajos. Los indicios son claros y evidentes de que las más altas autoridades gubernamentales de Panamá no tienen la formación ni la voluntad para asumir sus responsabilidades políticas.

Si un agente de Policía no cumple con su función, si toma la ley en sus propias manos y abusa del poder que la Republica le confiere, debe rendir cuentas por su conducta. Si ese agente de Policía abusa de sus funciones cumpliendo órdenes entonces sus superiores deben rendir cuentas de sus abusos.

El ministro Mulino y el director Pérez han reiterado en múltiples ocasiones su desprecio por los derechos humanos. Han señalado que castigarán a jóvenes, trabajadores, educadores y activistas sin importar sus obligaciones frente a la Ley y ante las convenciones internacionales que Panamá ha firmado. Las organizaciones del país han mostrado en repetidas ocasiones su preocupación sin que los gobernantes muestren su capacidad de respuesta.

En noviembre de 2010 la ministra de Gobierno viajo a Ginebra para rendirle cuentas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Panamá. En ese momento se hizo énfasis en la tragedia de Changuinola y aseguró que no se repetirían los abusos de la Policía Nacional. Sólo pasó medio año y el país se enfrenta a otra tragedia producto de la incapacidad de los gobernantes. Lo ocurrido en el Centro de Cumplimiento es una muestra de que el gobierno miente.

El gobierno no ha asumido las consecuencias de lo acontecido. Según la Alianza Ciudadana , “el Centro de Cumplimiento de menores tiene capacidad para 75 adolescentes, no obstante, al momento del siniestro se encontraban detenidos 145 adolescentes. Los adolescentes privados de libertad están en condiciones insalubres, sin mucho acceso a la luz del día, comen en el piso y en el mismo lugar donde hacen sus necesidades fisiológicas, delante de todos. Los programas de resocialización son inexistentes, por lo que predomina la ociosidad”. Según el gobierno, “la policía envía a sus peores unidades a los Centros Custodia y Cumplimiento de Menores”.

La Alianza Ciudadana también informa que “en el pabellón incendiado se encontraban un total de 50 jóvenes de los cuales siete llegaron al Hospital Santo Tomás producto de quemaduras en todo el cuerpo y el resto fue enviado a la celda de máxima seguridad del Centro de Custodia. La “máxima” como le llaman son celdas oscuras, donde se duerme en el piso, lo que está prohibido por las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”.

En el caso de los jóvenes que sufrieron quemaduras mientras sus resguardos observaban y que fallecieron posteriormente, es responsabilidad del gobierno cumplir con la ley. Tienen la obligación de proteger a los privados de libertad de todo tipo de abuso. Lo acontecido es un crimen y el gobierno tiene que rendir cuentas. El ministro Mulino y el director Pérez tienen que ser reemplazados con otras personas que den garantías de su apego a la Ley y al respeto de los derechos humanos de los panameños.

La Confrencia Episcopal panameña fue tajante al señalar que “la fuerza pública y los estamentos de seguridad no pueden olvidar que deben ser garantes de la vida y honra de todos los ciudadanos panameños, aun a riesgo de la propia, y no ofrecer el vergonzoso espectáculo en los lamentables sucesos acaecidos...”