"Política Feminicida en la Ruptura de la Democracia". Por Mercedes Hernández, presidenta de la AMG

Muchas han sido las voces que se han alzado desde hace décadas contra los poderes fácticos que han alterado y destruido, en numerosas ocasiones, el orden político en diferentes países de América Latina.


Sin embargo, la gran mayoría de estos análisis han obviado e invisibilizado las brutales formas de coerción infringidas al cuerpo político colectivo, a través de los cuerpos individuales de las mujeres: crímenes como las desapariciones forzosas, los secuestros destinados a la trata, la tortura, la falta de asistencia sanitaria, las violaciones sexuales --masivas y selectivas-- y los asesinatos han permanecido ocultos tras el panorama generalizado de violencia en la ruptura del orden constitucional, ante la amenaza o consolidación de los golpes de Estado.

El terrorismo sexual motivado por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres, debe ser considerado como una estrategia de combate que permite que el miedo y la parálisis social dobleguen la voluntad de los grandes sectores la población, en los contextos caracterizados por la ausencia de un Estado de Derecho sólido.

Esto ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo en las sociedades modernas. Sólo en Honduras los feminicidios aumentaron más de un 160% desde el Golpe de Estado en 2009, mientras que en Guatemala la política feminicida implementada a raíz del gobierno de facto de Efraín Rios Montt, en 1982, a través de las políticas de tierra arrasada, declaró a las mujeres como el enemigo interno y generó un escenario de impunidad que está íntimamente ligado a los más de 5.200 feminicidios cometidos en los últimos seis años.

La conmoción interna generada ante la supresión de las garantías constitucionales, en países donde la violencia de género goza de una altísima tolerancia social, afecta desproporcionadamente a las mujeres, quienes suelen ser las víctimas preferidas por los brazos armados de las diferentes articulaciones políticas y de los intereses económicos de todas las partes en conflicto; más aún si representan una apuesta clara por la resistencia civil frente a las continuas violaciones de los derechos humanos.

Este es el caso de las mujeres que han estado y están en primera línea de la defensa de la Democracia. Se podría nombrar a cientos de ellas en Latinoamérica, pero hay nombres que destacan y cuyo compromiso es incuestionable, este es el caso de las Feministas en Resistencia, en Honduras, o de la guatemalteca Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

La impunidad de los delitos por razones género ha sido muy habitual en los procesos de conflictividad social, ya que con frecuencia son los agentes estatales quienes ordenan y ejecutan estas estrategias del terror. Son, por lo tanto, cómplices y responsables directos de esa violencia. La impunidad ha sido norma en la medida en que el Estado es partícipe del incumplimiento de las obligaciones establecidas y del fomento de una cultura de discriminación contra las mujeres, que ha incidido en los motivos y en la modalidad de los crímenes, así como en la respuesta dada por las autoridades ante estas prácticas de subyugación ciudadana.

La violencia contra las mujeres es una herramienta sistemática y letal utilizada de manera planificada durante los estados de excepción, de sitio, de conmoción interna --o con el nombre que adopten en cada país-- para el sometimiento individual y colectivo de los pueblos. En estos métodos, han tomado parte todos los sectores inmersos en los conflictos sociales, cuyos integrantes, al compartir la idea de la inferioridad de las mujeres, comparten también la instrumentalización de la violencia de género como método de control social, así como el encubrimiento de los perpetradores de estos delitos que viven sin temor de ser detenidos, procesados o castigados.

La misoginia instrumentalizada, por individuos y grupos violentos, así como el silencio que la rodea han constituido históricamente los guardianes del orden social establecido dentro de unos modelos de democracia que nunca han satisfecho las exigencias ni las expectativas de las mujeres, que viven su condición de ciudadanas de manera absolutamente defectiva.

Estos pactos de silencio suponen un enorme obstáculo en los procesos de vuelta al Estado de Derecho y al orden constitucional ya que han generado situaciones de absoluta impunidad que significan la negación de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Mercedes Hernández es presidenta de la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG), directora de la Asociación de Mujeres Jóvenes Generando y secretaria general del Lobbie Europeo de Mujeres Migrantes LOBBIEMM.

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