domingo, 9 de enero de 2011

Pueblos Originarios, modelo extractivo y destrucción

La Agencia de Noticias CNA entrevistó a Darío Aranda, autor del libro “Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias”, quien hizo un detallado relato del estado de situación de los pueblos originarios en nuestro país. Una nota que deja al descubierto la complicidad entre el Estado, el poder Judicial y los privados, en un exterminio de nunca acabar contra los indígenas y campesinos argentinos
Lavirtual masacre llevada adelante por las autoridades españolas a los pueblos originarios se extendió por casi cuatro siglos, y luego de las sucesivas independencias de los países latinoamericanos, los gobiernos salidos de las mismas, cometieron nuevos atropellos, en nombre de un supuesto “progreso” de los estados y la entrada de los países de la región al concierto global.


La Argentina ha sido un caso particular dentro de la región, ya que desde sus comienzos los pueblos indígenas no fueron tan mayoritarios como en el Brasil, Perú, México, Ecuador, Guatemala o Chile, pero éstos estuvieron concentrados principalmente en el norte y el sur del país, y que luego de la Conquista del desierto” encarada por Julio Argentino Roca, muchos de ellos fueron utilizados por los criollos y la clase dirigente de entonces como mano de obra esclava para la realización de las distintas obras de infraestructura que sumergiera a la Argentina en la tan deseada región “europeizante” que soñaban los hombres de esa época.

Hoy en día, se estipula que en todo el territorio nacional existen alrededor de 600.000 miembros de los pueblos originarios, distribuidos en 31 comunidades, y cuya calidad de vida dista mucho de ser las ideales, y donde lo que tiene preponderancia es un contexto de miseria y de desidia por parte de las autoridades muy grandes. Algunos estudios van más allá y señalan que más del 50% de los argentinos tiene en sus venas sangre originaria.

Ante este estado de situación de los pueblos originarios en nuestro país, la Agencia de Noticias CNA, entrevistó a Darío Aranda, autor del libro “Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias”, para interiorizarse sobre una situación apremiante de los indígenas y campesinos argentinos, y que demuestra la falta de respuestas oficiales al estado en que se encuentran los mismos.

Darío Aranda tiene 33 años, y estudió periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Desde hace diez años trabaja junto a comunidades campesinas e indígenas en talleres de periodismo y comunicación social. Es colaborador del diario Página/12, en el cual publicó las investigaciones que dieron origen a este libro. Su trabajo ha puesto el foco en cómo impacta el modelo económico extractivo (soja, minería, petróleo, pasteras) en las poblaciones rurales.

En esta charla con Agencia CNA, Aranda trata todos los temas referentes a los pueblos originarios, y nos ayuda a entender por qué esta problemática tiene tan poca trascendencia en los grandes medios masivos de comunicación.

-En su nuevo libro, “Argentina originaria. Genocidios, saqueos y resistencias” usted habla de la íntima relación que existe entre el modelo económico extractivo (llámese soja, minería, petróleo, etc.) y el deterioro masivo de los pueblos originarios en la Argentina. ¿Podría explicar cómo es que se llevó a cabo este proceso y las complicidades que ha habido desde el poder político y económico de la Argentina para esta destrucción?.

-Los pueblos indígenas de la Argentina tienen primero, para dar un antecedente, están marcando un proceso de reorganización, que no lo descubro yo, sino que lo hacen las propias organizaciones de indígenas y los académicos que trabajan en el tema, marcan que a partir del quinto centenario, de 1992, se está llevando adelante un proceso reorganizativo, que obedece a un conjunto de articulaciones con todos los pueblos indígenas del continente. Los pueblos indígenas de la Argentina tienen ciertas particularidades, que por ejemplo cuando hay una organización madre a nivel nacional, que no la hay a nivel provincial y ni siquiera por pueblo indígena, lo que marca algunas fortalezas y debilidades; entre las fortalezas está en que no hay ningún gobierno provincial o nacional que pueda controlar los reclamos indígenas, se puede llegar a cooptar a algún sector, pero es tan heterogéneo y hay tantas cabezas, que nunca se va a poder llegar a frenar todos los reclamos indígenas.
-¿Hay una falta de leyes sobre los derechos indígenas en la Argentina o se ha venido trabajando en ello en los últimos años desde el poder central?.

-Argentina en la última década, adhirió y promulgó cierta cantidad de leyes que marca una legislación de avanzada en cuanto a los reclamos indígenas, y hay muchas leyes de los pueblos originarios que se están violando en forma sistemática, pero por suerte los pueblos indígenas de a poco van conociendo esos derechos vulnerados que tienen, de que existe una legislación que los avala, entonces empezó el reclamo de ellos.
-¿Y hay mucha gente que esté al tanto y tenga conocimiento de estas leyes que avalan a los pueblos originarios en nuestro país?.

-La 26.160 es la última de una serie de leyes. Antes estuvo la reforma constitucional de 1994 y la adhesión a un convenio internacional que se llama 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que marca legislación de avanzada en cuanto a los derechos indígenas. A la par del reconocimiento de todos estos derechos, en Argentina como en toda Latinoamérica, se está dando un proceso de avance de distintas industrias, de distintos modelos productivos, por ejemplo la soja, el avance de las fronteras petroleras, la minería a gran escala. Estos distintos tipos de industrias requieren territorios, y estos territorios en gran parte, están en manos de pueblos indígenas y de comunidades campesinas. Quizás el ejemplo más evidente por la magnitud que tiene, es el modelo sojero, el modelo de agronegocios, que ha extendido la frontera agropecuaria a lugares donde antes los campesinos y los pueblos indígenas vivían tranquilamente.
-En un artículo suyo publicado hace unas semanas atrás en Página/12, remarca que el 89 por ciento de los conflictos con los pueblos originarios comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario, principalmente en el norte argentino, con más de 160 conflictos de tierras y ambientales, y casi ocho millones de hectáreas afectadas. ¿Por qué el Estado no da las tierras a los indígenas que por ley supuestamente deberían reconocer y respetar?.

-Ese dato de un trabajo llevado adelante por un colectivo de organizaciones del Chaco argentino, que se llama la Red Agroforestal , y ellos dan cuenta de lo que muchas veces uno desde el territorio o visitando y escuchando comunidades, relatan continuamente lo mismo, que es que a partir de los últimos 10 o 15 años empezaron a llegar empresarios de distintos niveles, ya sean chicos o grandes, a reclamar la tierra donde ellos vivieron siempre. Entonces ese territorio que los empresarios en la gran mayor cantidad de las veces logran quedarse, con complicidad de los políticos locales y del Poder Judicial, implica la expulsión de los campesinos indígenas y muchas veces esa expulsión se da hacia las grandes ciudades, como el Gran Resistencia, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires.

-Desde hace diez años trabaja junto a comunidades campesinas e indígenas y saca periódicamente sus notas en Página/12. ¿Cómo nació la idea de sacar este libro contando las históricas desventajas de los pueblos originarios y las continuidades de las prácticas genocidas contra los pueblos indígenas de Argentina?.

-Yo desde hace 10 años, desde que estudiaba Periodismo en la Universidad de Lomas de Zamora que comencé a escribir sobre el tema, y la verdad que era bastante ignorante –y creo que lo sigo siendo todavía- en lo que se refiere a las comunidades indígenas, que es un mundo bastante complejo pero a la vez bastante interesante. Cuando ingresé a Página/12 como colaborador en el año 2003, comencé a viajar mucho más y conocer mucho más la realidad de las comunidades campesinas e indígenas. En esos años, hablamos del 2003, no se hablaba tanto del modelo sojero, y con la oportunidad que tuve de viajar, pude presenciar como se han masacrado cosas como es por ejemplo el Impenetrable Chaqueño, que han venido siendo arrasadas por este modelo agropecuario. Soy colaborador de Página/12, publico artículos cada tanto, y el libro es como consecuencia de un día por ahí detenerme a pensar que los periodistas muchas veces pensamos en el día a día, y el libro fue la oportunidad de pensar un poco más allá sobre lo que había pasado con los pueblos indígenas en estos últimos años, y que va a pasar en el futuro no?. Este libro es como la consecuencia de eso, y está escrito ya en el subtítulo “Genocidios, saqueos y resistencias del paso y del presente de los pueblos indígenas”, es como la resultante de un laburo de un par de años, y en gran parte el libro recopila artículos y publica otros nuevos.
-¿Por qué cree que hay pocos periodistas en los grandes medios de comunicación que tratan los temas referentes a las problemáticas de los pueblos originarios en nuestro país?.

-Yo creo que hay un montón de periodistas que trabajan estos temas, sobre todo en los medios alternativos, no tanto en los grandes medios de difusión enquistados en la Capital Federal. En todo esto hay una serie de factores que confluyen, uno de ellos es que los grandes medios de comunicación, son por un lado socios estratégicos de este modelo extractivo, por ejemplo de la soja, entonces es raro que le den voz o que hagan artículos de denuncia de ese modelo, en este caso con los indígenas o campesinos, entonces es raro que los encuentres en estos medios, porque en realidad los dueños de estos medios son socios estratégicos de este modelo.
-¿O sea que en gran parte de los medios no salen publicadas todas estas historias por cierta complicidad que hay de sus dueños con el modelo extractivo del cual venimos hablando en la entrevista?.

-Los campesinos e indígenas al cuestionar este modelo productivo, también cuestionan a los gobiernos nacionales y provinciales, entonces ahí los medios de comunicación, como pueden ser Página/12 o ahora más cercano en el tiempo lo que es Tiempo Argentino, se dificulta bastante publicar críticas marcadas a la política del gobierno nacional, así que eso es complicado para los periodistas. Por otro lado, me parece también que entra bastante por la pereza de algunos colegas, de los periodistas que desde hace muchos años, por diversos factores, se practica un periodismo de escritorio, donde los colegas no quieren salir de abajo del aire acondicionado o de la calefacción, y no les interesa salir a cubrir el territorio. Para cubrir los pueblos originarios en la Argentina hay que viajar bastante, y muchas veces no son los lugares más cómodos para viajar. Eso es una serie de factores que confluye en que no se le da más trascendencia a esta temática en los grandes medios. Pero para no defenestrar a los colegas, también hay que decir que pasa por la gran flexibilización laboral que tiene el gremio, que muchos colegas trabajan en diversos lugares al mismo tiempo, y también desde lo cultural debo decir que hay una discriminación por parte de muchos colegas, de una clase media de la cual los colegas son parte, hacia los pueblos indígenas y campesinos del país. Me parece que hay una discriminación en ese sentido, y también debo confesar que la temática en sí misma, como lo es la de los pueblos campesinos e indígenas “no vende tanto” como otras temáticas, como sucede con la economía o la política, donde seguramente les reporta mucho más desde el lado económico que escribir sobre las comunidades campesinas e indígenas.
-¿Por qué son muchos los políticos y gobiernos provinciales que desconocen la ley 26.160 (Ley de Emergencia de Propiedad Comunitaria), caso por ejemplo el gobierno neuquino de Jorge Sapag, que sigue cometiendo periódicamente atropellos contra la comunidad Mapuche de la provincia?.

-Yo creo que los políticos no desconocen la ley, sino que al contrario, la conocen muy bien y es una decisión política de los gobiernos provinciales ser socios de los privados en ese sentido. Al mismo tiempo, al igual que los políticos son socios del interés privado, el Poder Judicial también es cómplice y discrimina a los pueblos indígenas. Me parece que es una lógica que se da en todas las provincias sin importar el signo político que éstas tengan. Puede pasar por ejemplo en la ultrakirchnerista Formosa, como también puede pasar en la opositora Neuquén. En este sentido, me parece que el reclamos de los pueblos indígenas, campesinos y también de las asambleas ambientales, me parece que les marca un callejón sin salida a los distintos gobiernos de la región, ya no tan sólo el argentino. Todos los gobiernos de la región, más o menos progresistas, basan buena parte de su renta en los modelos extractivos, y para seguir manteniendo esa renta de la que se valen estos gobiernos, necesitan nuevos territorios, y esos territorios están en manos de campesinos e indígenas que no van a aceptar vender sus territorios, porque lo que protegen es una forma de vida, entonces con los conflictos es el camino más lógico y natural
-O sea, que hay una parte de la clase dirigente a la que importa muy poco los Derechos Humanos de los miembros de los pueblos originarios de nuestro país.

-Yo creo que un sector mayoritario de la clase dirigente y del Poder Judicial, incluso de la sociedad podríamos decir, me parece que cree que los pueblos indígenas no tienen Derechos Humanos, o que los Derechos Humanos son para un sector de clase media urbana, que los sectores pobres del campo no tienen Derechos Humanos. Yo estoy cada día más convencido de eso, y no es un descubrimiento mío, sino que las comunidades lo vienen denunciando desde hace mucho tiempo, y hace dos años en una entrevista que está en el libro, el Juez de la Corte Suprema , Eugenio Zaffaroni, dio cuenta de que hay una discriminación estructural hacia los pueblos indígenas, y por eso mismo todavía no se reconoce que los pueblos indígenas han sufrido un genocidio, es un resultado de eso
-En el transcurso del último año, han sido asesinados 3 personas vinculadas a los pueblos originarios, sin que todavía ningún político vinculado al oficialismo se haya hecho cargo de esta represión salvaje, por personas que lo único que reclaman es la posesión de la tierra que ancestralmente les pertenece. El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. ¿Por qué en la Argentina los políticos eluden sus responsabilidades en estos casos y tratan de desviar la atención hacia otros temas?.

-Yo creo que los gobiernos provinciales impulsan un modelo de “desarrollo” que choca de lleno contra la forma de vida de los pueblos indígenas y campesinos, y no dudan en reprimir a la resistencia que hacen éstos. Estamos ante un inicio de una escalada de violencia, porque si no hay condena social o de la Justicia sobre esas represiones, esas represiones se van a sostener en el tiempo y se van acentuar
-Incluso la semana pasada en la provincia de Salta, hubo un acto conjunto de la Gendarmería Nacional y de la policía provincial contra la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, que ocupaban tierras que les pertenece histórica y ancestralmente, y sin embargo, un terrateniente de la provincia de Salta, amigo de distintos gobernantes, los obligó a desalojar conjuntamente con un juez que dio una orden. ¿Todos estos hechos marcan una complicidad del poder económico, político y judicial, para seguir manteniendo esta situación de poco valor que se les da a las comunidades indígenas en la Argentina ?.

-Los pueblos indígenas y el campesinado son como el costo que tienen que pagar para sostener este modelo de “desarrollo”, y lamentablemente, creo que están dispuestos a pagarlo. Yo vislumbro e imagino un mayor avance del sector privado, una mayor complicidad del Poder Judicial y del sector político, mayor resistencia y organización de las comunidades, y también una mayor represión. Me preocupa mucho el silencio del gobierno nacional, un gobierno que tomó como bandera los Derechos Humanos de la década del ’70, pero que no hace lo mismo con los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos
-La organización campesina, así como también la organización conjunta de los pueblos originarios, ¿puede servir para que la clase dirigente escuche alguna vez los históricos reclamos que se vienen llevando adelante desde hace años en búsqueda de una mejora a su situación?.

-Yo creo que por un lado eso quienes podrían responderlo mejor que yo son las comunidades indígenas y campesinas, por lo tanto mi mirada es totalmente subjetiva y son ellos los que pueden dar una mejor respuesta a esta pregunta. Me parece que los últimos años han demostrado que a mayor nivel de organización, más han sido escuchados, por distintas vías, ya sea por un corte de ruta o desde reuniones con una mirada ya política del tema. Sin duda, si no se organizan estos pueblos, va a ser más fácil para los poderes de turno avasallar sus derechos. En ese sentido soy optimista, creo que los pueblos campesinos e indígenas están cada día más organizados, saben que van por sus territorios, y saben que la única manera que queda es organizarse y luchar para hacer valer sus derechos.
-¿O sea que se puede ser positivo de cara al futuro si pensamos en todos estos temas de las comunidades indígenas y pueblos comunitarios en nuestro país?

-Divido en dos mi respuesta. Por un lado, yo soy optimista en cuanto a la organización y la lucha de las comunidades indígenas. Yo creo que hay cada día más derechos, y hay distintas formas de lucha para reivindicar esos derechos. No por eso dejo de ver que la avanzada sobre sus territorios va a ser cada vez mayor, y que a la resistencia indígena y campesina, le va a responder el Estado y el sector privado, con represión. Yo puedo decir que durante los últimos dos años, cada día se incrementan más la cantidad de desalojos y de represiones que sufren los pueblos indígenas de todo el país. Estamos ante una escalada en ese sentido, que sería la parte muy negativa de todo esto, pero por otro lado soy optimista en que los pueblos indígenas están dispuestos a defender sus territorios, se están organizando y están en lucha.
-¿Podría decirse entonces que hay una mayor toma de conciencia por parte de las nuevas generaciones de políticos que comienzan a darle una mayor importancia a estos temas, dejando atrás las viejas concepciones del pasado, donde no se le daba ningún sentido a estas luchas?.

-No sé si pasa por una cuestión generacional, sí creo que pasa por una cuestión de la propia organización y reclamo de los pueblos indígenas. Creo que hoy en día están mucho más fuertes, y es por eso que son más escuchados en sus reclamos, y es por eso que el poder político no puede ignorarlos completamente como si los ignoraba antes. Que haya leyes que protegen a los pueblos originarios, no son resultado de dádivas de los políticos, sino que son resultado de una lucha constante y sostenida de los pueblos indígenas


































































































































































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