Derecho a la Protesta Social: Tres Puntas Tiene el Camino

Protesta Hydroaysén

El derecho constitucional a reunión se meuve en una coyuntura de tres frentes. El gobierno cambió la autorización para la nueva marcha contra Hidroaysén para el sábado; la ambientalista Sara Larraín denuncia que los que provocaron la violencia fueron infiltrados de carabineros; y diputados opositores anunciaron acciones legales contra Carabineros, por uso excesivo de fuerza durante las últimas manifestaciones, con saldo de varios heridos.

La marcha contra HidroAysén, inicialmente programada para el viernes 27, finalmente se realizará el sábado, a las 15:00 hrs, con punto de inicio en Plaza Italia.
Personajes como el alcalde de Santiago, y políticos de derecha de variados pelajes, han opinado que el gobierno no debiera permitir esa manifestación.
Pero al parecer olvidan que el derecho a reunión está establecido en la misma Constitución, que para otros menesteres, esos mismo personajes sacan a relucir, investida de una jerarquía incluso superior que la propia biblia.
La piedra de toque es la violencia, tal como viene sucediendo desde hace más de cuarenta años en Chile.
Es evidentemente cierto que las manifestaciones de protesta contra cualquier símbolo del actual sistema convocan a sectores radicales y marginales, que encuentran terreno propicio para descargar su rabia y frustración. También lo es que esa carne de cañón constituye un terreno fértil para la manipulación de ultramontanos y agentes de inteligencia, interesados en dejar las cosas como están, precisamente por la vía de asociar, en el imaginario colectivo, violencia con legítimos derechos de rango constitucional, tales como los de reunión, opinión y expresión.
Si el poder político formal, en este caso el Gobierno, se planteara realmente impedir la violencia, bastaría que utilizara una pequeña parte del profuso contiengente policial que despliega en tales ocasiones, para separar a quienes acuden en ejercicio de sus derechos, de aquellos que lo dificultan por medio de expresiones de violencia, necesarias en otros contextos, pero que hoy reducen la eficacia de la lucha de masas.
Ese es el punto: no va a ser el Gobierno el que tome medidas técnicas preventivas contra la violencia, porque le teme a la lucha de masas, y cree que el mejor antídoto, son imagenes como las del carabinero agredido, repetidas ad nasuseam por el servil aparato mediatico.
Antes bien, hay pruebas concretas de que frecuentemente son infiltrados de los propios servicios policiales los que aparecen incitando a los grupos radicales, como demostró sin sombra de dudas, el episodio ocurrido en una marcha de la ANEF, el año pasado.
Pero, en todo caso, ninguna de estas consideraciones tiene estatura o entidad suficiente para derogar un derecho constitucional por la vía administrativa; y conviene tenerlo en cuenta: si el Gobierno se ciñe a su propia legalidad, carece de facultades para prohibir manifestaciones como las que organizaciones ecologistas convocan contra Hidroaysén.
Según la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, "el permiso de las marchas es una obligación del gobierno darlo, es un tema constitucional":
"Todo el mundo sabe que los violentistas no pertenecen a la gente que va a protestar contra HidroAysén. Por ello, la responsabilidad de los desmanes es responsabilidad de Carabineros".
También mencionó la sospecha de infiltración:
“Hace dos semanas que buscan a los culpables de los primeros incidentes, pero aún no pasa nada. Eso nos dice que los violentistas son incitados por la misma fuerza pública, para que así la gente rechace las manifestaciones y seamos criticados”.
Acciones legales contra violencia policial
Los diputados Hugo Gutiérrez (PC) y Gabriel Silber (DC) iniciarán acciones legales contra Carabineros por el uso excesivo de fuerza durante las últimas manifestaciones y que diera como resultado jóvenes con lesiones de variada gravedad. Así lo anunciaron en conferencia de prensa en la sede del Congreso
en la capital, a la que asistió también Cristian Peralta, uno de los heridos por parte de las fuerzas policiales.
Los parlamentarios, acompañados de la concejal de Pudahuel Tamara Hommel, junto con anunciar la solicitud a carabineros de realizar un sumario interno que aclare efectivamente los hechos y la violencia demedida contra los manifestantes, representaron su rechazo a indolencia del gobierno frente a las víctimas de la fuerza policial.
El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez señaló:
“Cuando uno escucha al intendente de la región metropolitana señalar que no va a conceder autorización para realizar una reunión en plaza Italia, debido al golpe que recibió un funcionario policial con un skate por parte de un manifestante, uno podría decir también, en consecuencia, que no deberían utilizar estos carros lanzaguas, ni bombas lacrimógenas porque hay una estudiante universitaria con el rostro dañado justamente porque recibió una bomba lacrimógena en el rostro.
El mismo criterio que utiliza el intendente para decir que no va a conceder autorización para que la gente se reúna, podría utilizarse para no usar bombas lacrimógenas ni carros lanza-aguas contra los manifestantes, que es lo que se hace. Donde hay una misma razón debe existir una misma disposición. En consecuencia, si el intendente está instando a no autorizar una reunión pacifica tal cual lo permite la Constitución y la ley, yo creo que hay que nuevamente poner sobre la mesa la discusión sobre los métodos disuasivos que usa carabineros para enfrentar las manifestaciones.
En este caso los carabineros usan estos disuasivos para causar lesiones graves a las personas y no para desbaratar una manifestación que se salió de los causes legales Y eso debe ser investigado. Por eso yo apoyo la propuesta de un sumario administrativo, que es lo que corresponde que carabineros haga en estos casos. Y así como el presidente de la republica se da el tiempo de ir a ver a un funcionario policial lesionado por parte de un manifestante con un skate, también debe darse el tiempo para ir a ver a esta joven universitaria que tiene lesiones graves producto de una lacrimógena y también ver a la persona que hoy presentamos. Que el presidente vea cuáles son las consecuencias de un actuar, a nuestro entender, indebido de la policía de carabineros”.
Consultado por la reciente detención de que fue objeto durante una manifestación contra dos termoeléctricas en quique, señaló:
“En mi caso particular, puedo dar cuenta que en Iquique, mientras nos manifestamos pacíficamente con respecto a la decisión politica de instalar dos termoeléctricas a carbón en el borde costero, la violencia vino de parte de los funcionarios policiales, no por parte de los manifestantes. Entonces si Piñera está tan preocupado de perseguir a los violentistas, le quiero decir que los violentistas fueron funcionarios de carabineros. Si están presentando querellas en todo el país en contra de estos violentistas le rogaría, le exigiría que en Iquique presente las denuncias criminales en contra de los funcionarios policiales que me agredieron, me detuvieron y que me tuvieron privado de libertad por más de una hora. Creo que eso es profundamente arbitrario, ilegal y vejatorio al fuero que uno tiene como parlamentario”.
A su turno, el diputado Gabriel Silber coincidió con la propuesta de sumario interno y agregó:
“A nuestro juicio esta situación es inadmisible. Vamos a pedir una reunión con el ministro del Interior y esperamos el mismo trato, la misma deferencia, las mismas explicaciones que diera el presidente Piñera cuando visita a los heridos de carabineros hacia los manifestantes.
Como parlamentarios estamos viendo como el clima se está enrareciendo y nos preocupa la violencia de parte de la autoridad. Dado lo anterior estamos evaluando asistir a las manifestaciones, no sólo como manifestantes como le hemos hecho en otras oportunidades, sino también a ejercer nuestro rol fiscalizador en terreno acompañados de medios de grabación y filmación. Muchas veces la información oficial es absolutamente disímil de lo que ocurre efectivamente en los hechos Tenemos antecedentes de los tribunales de justicia que hablan de detenciones ilegales, de carabineros instigando a la violencia en dichas actuaciones. Que carabineros sepa que no va existir impunidad respecto de su actuar.”
Fuente: diarioreddigital