LOS HUEVOS CAEN FRESCOS, PODRIDOS Y HASTA BIEN FRITOS, SOBRE LOS “POETAS DE LA FALANGE”

"Hablaremos, como dijera en uno de sus poemas Agustín de Foxá*, desde el “alfabeto de nuestras banderas”, aun a riesgo de que como les ocurriera a los poetas de la Falange, en su gira por Hispanoamérica, nos tiren huevos, porque confiamos en que el lector, ávido de información y con espíritu crítico constructivo, como ocurriera en Paraguay a dichos intelectuales, nos los tirare frescos”.
*Conde de Foxá y marqués de Armendáriz, (Madrid, 28 de febrero de 1906-30 de junio de 1959), escritor, periodista y diplomático español de irrecuperable ideología falangista-fascista.

La cita entrecomillada es parte del “¿Quiénes somos?” con que se presenta en la “sociedad virtual” la publicación de la “Agencia Nacional de Noticias Hispanoamérica”, organización neo-falangista nada virtual con sede central en España, muy activa y muy generosamente financiada por mega corporaciones multinacionales altamente comprometidas con los intereses imperiales a escala intercontinental. Anticomunista y antiobrero de alma, el sitio se nutre del aporte militante internacional de columnistas de la talla “moral” del que citamos a continuación, un pequeño personaje de la farándula fascista vernácula que de tanto jetear y jetear con sus veleidades de ingenioso intelectualoide post dictadura 1972/1985, se ha ganado un merecido sitial de “renombre” en la sublime carrera de simple torturador jubilado convertido ahora en locuaz adoctrinador de las nuevas generaciones represivas de la “Banda Oriental”.
Es cierto que hay que disponer de un buen aparato vesicular y un hígado muy resistente para introducirnos en el cavernícola palabrerío trascripto, pero vale la pena prestarle atención, porque nos abre bien los ojos como para corroborar que aquí también la defensa de los torturadores y asesinos del pueblo oriental, no es ni casual ni espontánea, sino que la misma es encarada concienzuda y organizadamente, como parte del rol asignado por la clase dominante a sujetos que no son tan sólo ejecutores pasivos de sus designios maquiavélicos. Lo que se lee, demuestra claramente –más allá de subterfugios, eufemismos y citas pseudo filosóficas que ni el mismo Cantinflas hubiese podido improvisar- que las cúpulas militares del “proceso” asumen ese rol de guardaespaldas y sicarios activos del capitalismo, plenamente concientes de su co-responsabilidad en la ejecución de los más brutales delitos de lesa humanidad de los que hoy se los pretende desvincular manteniendo la Ley de Impunidad y acogiéndolos a una prescriptibilidad que de hecho nos convertiría a todos en verdaderos encubridores de una delincuencia frente a la cual la delincuencia del “rastrillo” que hoy produce la paranoia mediática de Canal 4 y compañía, es un verdadero juego de niños.

Para Uds., la palabra del coronel (r) Luis Agosto (Secretario General, Unidad Nacional, Partido Nacional), el mismo que para contribuir al mantenimiento de la Ley de Impunidad, se confiesa hoy culpable no de torturas, sino de “apremios”, por no haber empleado en su valiente labor “patriótica”, la picana eléctrica, sino otras “técnicas” más económicas y artesanales, que significaron la muerte temprana y estragos físico-psicológicos de por vida, en muchísima gente cuyo principal “delito” fue el de enfrentarse a la impunidad capitalista antes de que ésta tuviera su propia Ley de Caducidad, hoy ya muerta aunque aún sin cristiana sepultura, como sin duda la tendrá gracias a la dignidad combativa de un pueblo para el que el “agosto” del fascismo “criollo-hispanoamericano”, ya no podrá seguir vendiendo buzones ni obeliscos así nomás...
Todo lo que sigue, entrecomillado, y para ir llevando:

x**** Cartas a la Redacción de “Agencia Nacional de Noticias Hispanoamérica” (publicado a principios de 2011)

“Señor Director de Agencia Nacional de Noticias Hispanoamérica:
De mi consideración:
Remito a ese importante medio de difusión el siguiente comunicado, que hago público sobre asuntos de álgida actualidad uruguaya pero que reflejan una realidad que viven todas las naciones de nuestro Hemisferio. Para el lector de otros países, se trata de la acción de la partidocracia local de eliminar irregularmente normas de pacificación nacional refrendadas por dos actos plebiscitarios por nuestra población.
Saludo a ustedes como probados exponentes de la genuina libertad y veracidad informativa.
Coronel (r) Luis María Agosto Bessonart, Montevideo
A la hora del llamado a responsabilidades por una inestabilidad institucional sin perspectivas de amainar, dos personalidades o personajes merecerán recordarse como los que más eficientemente están desalojando al Derecho del debate sobre la Ley de Caducidad.
Uno, el Ministro Almagro, que intenta persuadir a la población de la inevitabilidad de acomodar nuestros instrumentos legales, constitucionales y supraconstitucionales de derecho interno, en que se basa la independencia --real y no sólo formal-- de nuestro Estado, a una soberanía supranacional no electa ni consentida por nuestro pueblo. Pueblo que se dio una constitución que eligió el término “jamás” (sic) para proclamar lo contrario, es decir que los orientales no debemos abdicar de nuestro derecho-deber de mandar en nuestra tierra.
Concibo el internacionalismo como ideología, plataforma o utopía de ciertos pensadores o partidos, pero repruebo que desde un cargo público expectable se intente vestir de dignidad jurídica esa vocación personal o partidista de “desalambrar” las fronteras de nuestro territorio nacional. Más sincero era Julio Herrera y Obes cuando confesaba quejumbroso que se sentía “como gerente local de una empresa con casa central en Londres”.
La segunda figura de no envidiable nombradía es el académico Martín Risso, cuya mediática “solución” al dilema de cómo emascular los pronunciamientos populares la describió con admirable exactitud Korzeniak como “ingeniosa”. Y por cierto lo es, ya que ultrapasando Risso la ingénita vocación cesarista del Frente Amplio, que apenas si osaba superponer la ley ordinaria a los instrumentos de democracia directa, aconseja, Risso, que la triste faena de “derogar” el mandato popular (ese que “se equivoca” cuando no coincide con el programa de mi partido) la cumpla, no el legislador… sino el Poder Ejecutivo.
Que tan pobres ideas y penumbrosas actitudes sean el terreno en que se debate cuestión tan fundamental como aquella de que dependen la estabilidad y la paz pública, me impide hacer más que mencionarlas, dada su insolvencia. Y si las menciono es sólo en honor a nuestro pueblo, para que conste que no es éste, sino algunos que abusan de su jerarquía gubernativa o académica, el que promueve tan inconvenientes cambios político-jurídicos. El pueblo no se equivocó; sin vacilar se pronunció, y ante su presencia soberana no ceden quienes deberían hacerlo, en lugar de negarle acatamiento, pues ese pueblo los ha agraciado con su confianza y con los halagos del poder que disfrutan.
Igualmente importante –y no he visto que en ello hayan reparado aún quienes critican estas tentativas antijurídicas— es que en el escenario al que el oficialismo y una oposición sólo nominal han llevado al país, la existencia misma del poder político está comprometida. No hay en esto exageración, sino definición: la Política es la concreción del interés general, del bien común. Ella concierta y equilibra los bienes privados de los grupos y de las personas, la constructiva relación entre las clases sociales, entre lo temporal y lo espiritual. Así lo enseñó Aristóteles a todas las edades, pueblos y estirpes, porque pertenece a la naturaleza humana, y ésta resiste, invariable en lo sustancial, a la usura de los tiempos, las costumbres, los estilos. Lo decimos porque no es política, sino sectarismo –su antítesis—el abusar como hoy se abusa del Derecho para segregar y estigmatizar a la institución militar so pretexto hipócrita de sancionar conductas individuales con instrumentos cuya sola audaz invocación genera legítimas sospechas sobre la validez de los móviles (piénsese tan solo en esa invención diestra de los criminólogos cubanos que Korzeniak bautizaría de “ingeniosa”: la “autopsia psicológica” arte mediúmnico que se ha abierto paso a codazos de baja política en un derecho penal uruguayo que ha dado nobles y auténticos penalistas.
A la absurdocracia, opongamos la voz del sentido común: “Que el Estado no esté dividido y no correrá riesgo de perecer, que los cuerpos sociales naturales [como el Ejército, agrego, LMAB] no sean pisoteados ni desechados por el Estado…y el bien público se incrementará por ese mismo impulso” (Maurras, “Le Bienheureux Pie X, Sauveur de la France” Plon, Paris, 1953). Todo depende y pivota sobre un factor: que sea eso –el bien común-- lo que se pretenda, y no exactamente lo contrario.
** Cartas a la Redacción (Montevideo, 23 de mayo de 2010):
Sr. Director de AGENCIA NACIONAL DE NOTICIAS HISPANOAMERICA:
Adjunto reflexiones que aunque originadas en mi evaluación de la situación de mi país, creo pueden reflejar un problema colectivo de nuestra Hispanoamérica.
Saludo a usted muy atentamente, Coronel (r) Luis María Agosto Bessonart
Señor Director:
¿VIVIMOS EN UN ESTADO DE DERECHO?
 La pregunta no es ociosa como un confortable status quo mental pudiera sugerirlo, y como las ciencias sociales exigen una incesante verificación de sus leyes ante el tribunal de la Realidad, invitamos a las organizaciones cívicas, gremiales, religiosas, culturales que no hayan renunciado a pensar para no parecer asociales, a discutir serenamente tan espinosa cuestión. Para tantos temas insípidos se invita a eso que llaman “un gran debate nacional”, que me siento legitimado para promover una reflexión sobre la cuestión –esta sí transcendental-- de si en el Uruguay de hoy, el Derecho sólo sobrevive en la atmósfera de incubadora de los códigos, alimentados hasta la obesidad por políticos que sueñan con ver inmortalizado su nombre en la ilustre compañía de Eduardo Acevedo, Gonzalo Ramírez, Espalter y demás codificadores vernáculos (cuyas luces y buen uso del idioma –admitámoslo—superaban los de los audaces legiferantes hodiernos).
¿Vivimos, pues, en un Estado de Derecho? Los síntomas no son alentadores. Los siguientes son un puñado de ejemplos de una lista que podría ampliarse indefinidamente.
Primero, la rendición incondicional del Estado frente a la delincuencia. Es un hecho irrefragable que el sistema político está contumacialmente omiso en el cumplimiento de su obligación constitucional de proteger la vida de los habitantes de la República. Ahora bien, como enseña Bidart Campos, Estado ineficiente = Estado ilegítimo. Destitución, y responsabilidad civil, administrativa y penal de los jerarcas omisos son las respuestas, las cuales están escandalosamente ausentes. ¿Son, las que menciono, medidas extremas? No: son mandatos constitucionales. ¿Reacción desmesurada, pasional? Pregúntese a las familias de los trabajadores asesinados en la tétrica rutina diaria ante la cual los hombres del sistema declaran estar –ah-- “preocupados”, o injurian a los pobres atribuyendo la criminalidad a la pobreza, como si el delito fuera monopolio de la clase menos pudiente.
Segundo, desnaturalización de la ley. La ley es, por definición, norma general, lo cual garantiza la adhesión voluntaria de los gobernados a su mandato, convencidos por ello, sin necesidad de coacción externa (que sería imposible si las mayorías sociales fueran infractoras) de que si se les recortan ciertos derechos es en aras del bien común, y no por arbitrariedad o interés personal de los que mandan.
Ahora bien, según la mitología esópica del Estado progresista, el fondo común de los gobiernos que lo precedieron fue la entrega del país a la alta finanza internacional. Pero he aquí que lo típico del sistema que supuestamente nos ha liberado de esa ignominiosa servidumbre económica, no ha sido amparar a los desprotegidos, aumentar el salario real (como señaló una agrupación nacionalista, el 15% de los trabajadores sobreviven con $5.000 mensuales), crear vivienda, amparar y no matar la producción granjera, abrir fábricas y promover el ahorro y la inversión local, y, en suma, suturar de una vez las famosas “venas abiertas”, sino una paroxística tendencia a la entrega de la soberanía económica del país, con extremos delirantes de “reprogramación” (perpetuación) de deudas a las que nunca llegó ningún gobierno que los precediera. Genuflexión ante la usura que pareciera voluntario afán progresista de dar razón a Ezra Pound en cada uno de los versos de su Canto XLV, y diestro también en ponerse, como internacionalistas que son sus titulares, en las antípodas del Gral. Artigas, que se honraba en “no ser verdugo” de sus compatriotas.
Lo cual crea también a nuestros mitólogos alguna dificultad para que nos proclamemos Estado de Derecho, como que la Constitución manda que el Uruguay no sea patrimonio de ningún poder extranjero.
Leyes fundamentales, en suma, que en el sistema que nos rige han perdido generalidad, es decir calidad de leyes, como que se aplican según el dictado de las ideologías, con gravísimo riesgo de perturbación social por desobediencia colectiva.
Tercero, interpretación subjetiva, cuestionable, de las leyes por parte de la judicatura, último reducto de la legalidad frente a los abusos y negligencias de los demás poderes, según el conocido dogma del liberalismo político. Particularmente en la órbita penal, impar custodio de la paz pública, la libertad y bienes que hacen la diferencia entre derecho o sumisión injusta, se da una invasión impropia de atribuciones legislativas por ciertos jueces. La evaluación de lo que debe entenderse por “alarma social” es elocuente: ¿por qué hay alarma social –que obliga a procesar con prisión—en el caso de un ciudadano al que se imputa legítima defensa excesiva al ser rapiñado por enésima vez, y no hay alarma social cuando se paraliza un expediente penal para contemplar el turístico abandono del país por la Sra. María Julia Muñoz, testigo clave de una investigación judicial? ¿Tan embotada se juzga la conciencia pública que ve como intrascendente un caso de atraco a las arcas públicas hipotéticamente perpetrado por altos jerarcas oficiales? ¿Por qué no se aplicó a la Sra. Muñoz, el cierre de fronteras que –como corresponde— se impone a todo moroso en el pago de pensiones alimenticias cuando pretende abandonar el territorio nacional?
 ¿No consideró el juez actuante que la inexplicable excepción quebranta la confianza pública en la judicatura, con todas sus ominosas secuelas –justamente—para el Estado de Derecho? Tenemos que formularnos estas preguntas sin prejuzgar sobre las respuestas, pero exigiendo, en nombre de la población, las respuestas que –sorprendente realidad—no reclama una oposición que falta a su obligación elemental de controlar.
Cuarto: constante violación de principios jurídicos supraconstitucionales, con entronización reptante del totalitarismo de Estado. Basado en la mutilación del Derecho que ve en él exclusivamente el que ha cumplido los ritos formales de sanción, sin que importe un ardite la aberración que pueda encerrar su texto –atentando así contra las esencias de nuestra personalidad colectiva, que no nació de la indiferencia ética de dotores, sino de la doctrina de entrega total, a vida o muerte, de los gauchos, en cumplimiento de la norma eterna— nuestro Estado ¿de Derecho? expropia el derecho de los padres de orientar la educación de sus hijos, somete a estos al dogma oficial del agnosticismo, y avanza en la legalización del “derecho” del Estado-dios de determinar qué vidas no son “socialmente útiles” y es lícito suprimir.
Y es que Rousseau –la historia lo demuestra—acaba fatalmente en Hobbes.
Por todas las inquietantes consideraciones que anteceden, me parece vital ahondar el tema y no dar por sentada la vigencia de un Estado de Derecho que sólo podrá mantenerse con una celosa vigilia de las personas responsables. Si el Uruguay no es ya la Suiza de América, si su seleccionado no es tan diestro como el de Maracaná, y si el Estado de Derecho que nos dio justo prestigio internacional sólo sobrevive en la denominación y el mito, más vale que reconozcamos el mal. Para curarlo.
Coronel (r) Luis María Agosto Bessonart - C.I. Nº 1.064.485-4, Secretario General, Unidad Nacional, Partido Nacional, Guayaquil 3378/801/Montevideo/Tel. 27081072.-“
Gabriel Carbajales, Montevideo, mayo de 2011
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jorge zabalza