Víctimas de las chuzadas demandarán a Panamá por conceder asilo a exdirectora del DAS

Varios ex funcionarios del DAS están presos por este caso, pues han aceptado que, bajo lineamientos del Ejecutivo, realizaban ilegalmente persecuciones y rastreos telefónicos contra los opositores de Uribe

El abogado Luis Guillermo Pérez, defensor de víctimas de las escuchas y seguimientos ilegales en Colombia, aseguró este jueves que éstas demandarán al Estado de Panamá por otorgarle refugio a la ex directora de la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ente responsable de las también conocidas como chuzadas.

El jurista consideró que “la orden de detención y la imputación clara de la Fiscalía de que dentro del Gobierno se constituyó una organización criminal dedicada a perseguir a magistrados de la Corte Suprema, a políticos de oposición, a periodistas, es algo que nos sirve de instrumento para demandar al Estado de Panamá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Pérez calificó como “nefasto” el precedente de cómo “la Justicia ha venido tratando la responsabilidad de aquellas personas que han sido involucradas en las investigaciones de las chuzadas” pero que no obstante, se les dictó privación de libertad “mientras se adelantaban las investigaciones o los juicios respectivos (porque) constituía un peligro para la comunidad, para el Estado y para la propia investigación”.
El abogado rechazó el trato preferencial que ha recibido Bernardo Moreno, “secretario general de la presidencia de Álvaro Uribe durante seis años (…) es incompresible que se le trate con un doble racero (cuando estuvo) comprometido, como lo señalan las distintas pruebas que hay en los expedientes judiciales, como una de las principales personas responsables de esta persecución política”.
En este sentido, añadió que la defensa de las víctimas siempre ha sido contraria “a que en este caso hayan chivos expiatorios. Los máximos responsables tienen que responder penalmente (…) también deben investigarse y juzgarse a los otros directores del DAS e igualmente (…) al círculo inmediato del presidente Álvaro Uribe Vélez, que no están aforados y que están siendo igualmente objeto de indagación preliminar en la Fiscalía octava de legal de la Corte Suprema de Justicia”.
Pérez cuestionó si la actitud de Moreno -dar la cara a la Justicia colombiana- será el mismo “cuando la Fiscalía en juicio revele todas las pruebas que hay sobre su responsabilidad penal en estos hechos criminales, y sobre todo, nosotros estamos insistiendo en que se amplíe la imputación de cargos de responsabilidad penal a crímenes de lesa humanidad, así que no es descartable también que el señor pueda seguir los pasos de María del Pilar Hurtado, hasta el momento no lo ha hecho y esperamos que no lo haga, y mientras tanto seguimos trabajando para que María del Pilar Hurtado regrese a Colombia a rendirle cuentas a la Justicia, a las víctimas y a la sociedad colombiana”.
El escándalo por las chuzadas comenzó en febrero de 2007, cuando se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) de Colombia, que depende directamente de la Presidencia, hizo seguimientos e interceptó los teléfonos de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dirigentes opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Desde entonces, la Fiscalía inició una compleja investigación de la que forma parte estas audiencias que lleva a cabo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Varios ex funcionarios del DAS están presos por este caso, pues han aceptado que, bajo lineamientos del Ejecutivo, realizaban ilegalmente persecuciones y rastreos telefónicos contra los opositores de Uribe.
El ex jefe de Estado colombiano está siendo investigado por el caso de las chuzadas desde el año 2005.
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