Por: Agencias/Laclase.info
A 11 años de que Chávez asumiera el gobierno
Luego de 11 largos años en el letargo de la impunidad, el Estado venezolano finalmente tomó una acción en pos de llevar ante la justicia a los autores intelectuales de los crímenes de El Caracazo. Esta lentitud contrasta con la rapidez con la que las autoridades actúan para criminalizar las luchas obreras y populares.
El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el jueves la solicitud de extraditar al ex presidente Carlos Andrés Pérez desde Estados Unidos. Sin embargo, Pérez, quien aprovechó los 11 años de gracia que le brindó el gobierno de Chávez, ya cuenta con 87 años y probablemente nunca enfrente la justicia.
En la ponencia del Tribunal Supremo se señala que se aceptó la solicitud con base en lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y el tratado de extradición entre Venezuela y Estados Unidos.
Carlos Andrés Pérez, vive en Estados Unidos desde hace unos 10 años, y tiene pendientes dos juicios por enriquecimiento ilícito y por la brutal represión contra las protestas populares de febrero de 1989.
El Tribunal Supremo aprobó la solicitud de extradición con base en un requerimiento que realizó apenas el mes pasado el Ministerio Público. Desde el 2005 el sistema de justicia venezolano tenía una orden judicial de privación de libertad contra Pérez por la comisión del delito de "homicidio intencional calificado", pero curiosamente las autoridades nunca se molestaron en solicitar la extradición.
El máximo tribunal deberá remitir la decisión al Ejecutivo para que la Cancillería inicie los trámites de extradición ante el gobierno de Estados Unidos. Al paso que marchan los trámites, Pérez no enfrentaría la justicia nunca.
La acción del Ministerio Público se dio poco tiempo después que el presidente Hugo Chávez exigió en un acto público la prisión para los responsables de los asesinatos que ocurrieron durante los violentos sucesos de 1989.
La Fiscalía imputó en julio del 2009 al general retirado Italo del Valle Aliegro, quien era el ministro de la Defensa para el momento en que ocurrió el "Caracazo". Por ese caso están siendo procesados también otros funcionarios militares y policiales de esa época. No ha habido hasta el momento ninguna condena, a 21 años de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la clase política puntofijista y las Fuerzas Armadas.
Las autoridades iniciaron el año pasado una serie de exhumaciones de las personas que murieron en las protestas de 1989. Algunos familiares de las víctimas han objetado que los restos de las víctimas sean custodiados en Fuerte Tiuna, precisamente una isntalación militar, cuando fueron militares quienes ejecutaron la mayoría de los asesinatos.
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