Honduras: ¿ESCLARECIDOS?

Aparte de los asesinatos a periodistas, la mayor parte de los cuales todavía no han sido esclarecidos, ahora lo que motiva la reacción de organizaciones de derechos humanos son los asesinatos de siete personas transgénero en los últimos dos meses. Un cable internacional señala que “desde junio de 2009, cuando se produjo el golpe de Estado en Honduras, la CIDH contabiliza 34 asesinatos de personas homosexuales, bisexuales, y transexuales”, y agrega que la “Comisión pidió al gobierno de Honduras prevenir los actos de discriminación y violencia e investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar en forma pronta y diligente las violaciones”. Después del más reciente asesinato de un “travesti” en la zona residencial Rancho El Coco de San Pedro Sula, los directivos de la comunidad gay, lésbica y transexual visitaron a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Pineda, en Casa de Gobierno, para exigir que se respete su integridad física. Entregaron un informe que dijeron ya “es del conocimiento del Fiscal General y de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, exigiendo conocer el avance de las investigaciones de los crímenes de miembros de esa comunidad acaecidos en los últimos meses”.


Uno de los dirigentes de la organización lamentó que en Honduras “ser gay o lesbiana es delito y ahora somos víctimas de crímenes de odio”.

Otro dirigente manifestó que “desde el 2004 hasta la fecha han asesinado a 50 miembros de su comunidad, pero lo peor es que los casos van en aumento y que en noviembre del año anterior, el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, dio una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran: La revisión de la legislación nacional y la adopción de planes que tiendan a la promoción y protección de los derechos humanos de la población de estos grupos en situación de vulnerabilidad”. Enumeró que en el pliego de sugerencias, “Irlanda pidió llevar a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre el uso ilegal de la fuerza contra activistas y miembros lésbico, gay, bisexuales y transexuales”. La ministra Pineda tomó nota de la queja, “condenando, a nombre del gobierno, los asesinatos y anunció que demandará mayor compromiso a las instituciones que tienen a su cargo la investigación, a fin de lograr acelerar la judicialización de cada caso”.

A raíz del último asesinato de un periodista, corresponsal de HRN, en La Masica, Atlántida –algunos sospechosos, desde entonces, han sido detenidos por las autoridades– dijimos en este espacio editorial: Sin duda que este asesinato va a complicar más la debilitada imagen del país a consecuencia de estos actos violentos. Si bien el asesinato de cualquier ciudadano es reprochable, la muerte violenta de periodistas da a la noticia otro matiz. Repetidas veces hemos insistido sobre la exhaustiva investigación de estos hechos. La autoridad debe dedicar equipos especializados al esclarecimiento de estos asesinatos y a la brevedad publicar, detalladamente, los informes sobre las pesquisas y el resultado hasta la fecha en cada caso. Las palabras dichas por la autoridad, en conferencia de prensa, cada vez que acontece uno de estos crímenes, sobre las “posibles hipótesis o escenarios”, se las lleva el viento. Son hechos y resultados, más la publicación de los avances en los procesos de investigación lo que la delicada situación demanda. No hacerlo, y mientras permanezcan sin resolverse muchos de estos asesinatos, sin que los responsables hayan sido puestos a la orden de la justicia, da una percepción de impunidad que, sumado a todo lo demás, causa al país daño innecesario. Igual, repetimos ahora.

La Tribuna  Editorial