FBI relaciona activistas de EE.UU con las FARC

MINEAPOLIS

El activista antibélico Mick Kelly (izq.)
 y el abogado Bruce Nestor (der.), escuchan
ayer a Jess Sudin mientras denuncia
en una conferencia de prensa los allanamientos
 de varias casas de activistas
por parte del FBI, el pasado septiembre
en Minneapolis

Documentos abandonados por agentes federales estadounidenses durante el allanamiento de la casa de una activista antibélica en septiembre pasado echan luz sobre la evolución de una investigación sobre las presuntas relaciones entre activistas locales y extremistas en Colombia y el Medio Oriente.
Un documento dice que la investigación se basó inicialmente en las actividades de dos activistas locales –incluidos sus viajes a zonas de Colombia controladas por terroristas– y luego se amplió para abarcar a otras 16 personas en seis estados acusadas de dar apoyo material a terroristas en Colombia o los territorios palestinos.
Veintitrés personas en Minneapolis, Chicago y Grand Rapids, Michigan, han recibido órdenes de comparecer ante un jurado investigador en Illinois. Las autoridades se han limitado a decir que las actividades investigadas constituyen apoyo material al terrorismo, sin entrar en detalles.
No hay acusados y los activistas dicen que ninguno de ellos ha declarado ante el jurado.
Los documentos fueron hallados en la casa del activista antibélico Mike Kelly en Minneapolis el 30 de abril y entregados a The Associated Press esta semana. La casa fue una de las allanadas en septiembre.
El vocero del FBI Steve Warfield dijo que los papeles parecen ser documentos legítimos del FBI y que posiblemente los dejaron en la casa por error.
Los activistas califican los allanamientos y órdenes de comparecencia de acoso e intento por parte del FBI de atentar contra los derechos de palabra y reunión y han realizado varios actos de protesta.
Jess Sundin, otra activista cuya casa fue allanada, dijo que el grupo optó por difundir los documentos porque dan una idea de los motivos de la investigación. Las órdenes de comparecencia sólo mencionan el tipo de pruebas que buscan las autoridades.
“Nos parece que los documentos refuerzan y confirman lo que siempre hemos dicho”, dijo Sundin. “Confirman nuestras sospechas sobre el porqué de la investigación oficial y algunos de los aspectos particulares que objetan”.
Warfield no hizo otras declaraciones, señalando que el caso está abierto.
Randall Samborn, vocero de la procuraduría federal en Chicago, tampoco hizo declaraciones.
Los documentos indican que la investigación se inició a raíz de las relaciones de los activistas con gente en Colombia.
“El caso de referencia se basó inicialmente en las actividades de Meredith Aby y Jessica Rae Sundin en apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), designada por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera (OTE) y se amplió para incluir sus viajes anteriores a territorio controlado por las FARC”, dice un documento.
“Desde que se iniciaron las investigaciones originales, se ha identificado a 16 sujetos adicionales en seis divisiones del FBI”, agregó.
El documento añade que personas en Minneapolis, Chicago, Phoenix, Detroit, Los Ángeles y Charlotte, Carolina del Norte, han “proporcionado o se han asociado delictivamente para proporcionar apoyo material a las FARC y/o el Frente Popular para la Liberación de Palestina, también designada como OTE por el Departamento de Estado”.
Sundin dijo que viajó a Colombia hace 11 años, no para entregar dinero o armas a las FARC sino para conocer a la gente y sus reclamos.
En esa época, las FARC estaban en negociaciones con el gobierno colombiano. Sundin dijo que voló en un avión militar colombiano a una pequeña población donde se realizaban las conversaciones. Añadió que en esa ocasión habló con jóvenes que llegaban en autobuses para hablar sobre educación, desempleo y toda clase de problemas sociales.
“Evidentemente no era ilegal en Colombia viajar hasta allí y escribí sobre eso cuando volví”, dijo. “No fue un viaje secreto. (El documento) dice que investigan nuestros viajes. No entiendo por qué debería servir de base para una investigación de actividades criminales. La verdad es que no debería serlo”.
Los documentos entregados a la AP incluyen un plan estratégico de allanamientos por el FBI, una orden judicial y una lista de las preguntas que los agentes realizarían en una entrevista. Warfield no pudo verificar si las preguntas –mecanografiadas y que no eran parte de un documento oficial– eran del FBI.
El documento judicial, previamente difundido, ordena a Kelly comparecer ante un jurado investigador con información relacionada con cualquier viaje que haya realizado a Colombia, los territorios palestinos, Jordania, Siria o Israel. También le ordena traer toda documentación que posea relacionada con el Medio Oriente y Colombia.
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