Políticos y evangelistas norteamericanos cobran hasta 63 000 dólares para niños robados en Haíti

Mary Landrieu

Marielos Monzón- Tras el terremoto que asoló Haití fueron detenidos un grupo de 10 norteamericanos, pertenecientes a la iglesia bautista del sur, que intentaron sacar de ese país a 33 supuestos huérfanos hacia una inexistente casa hogar en República Dominicana.

Tras comprobarse que todos los niños tenían familiares vivos y que se trataba del robo de los menores, los miembros del grupo fueron encarcelados y manifestaron ser “simplemente 10 cristianos obedientes al llamado de Dios”.
La vigorosa maquinaria de las iglesias evangélicas estadounidenses —con el poder político y económico que les caracteriza— y varios congresistas y senadores que les representan lograron que las autoridades haitianas les dejaran en libertad, y continuaron con la presión para declarar con carácter urgente las adopciones internacionales en Haití.

Antes de la tragedia habían señalado que en la isla caribeña había más de 400 mil huérfanos, a lo que Unicef respondió que a lo sumo podría haber 50 mil niños sin padres.
Una de las principales figuras del movimiento adoptista es la senadora demócrata por Luisiana, Mary Landrieu, quien en el medio de la polémica declaró a la agencia AP que de no cambiar su posición, Unicef tendría numerosas dificultades para obtener el apoyo del Congreso estadounidense.
En pocas palabras, la senadora pretendía que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia diera el aval a los procedimientos de adopciones internacionales irregulares e ilegales, que son, ni más ni menos, tráfico y venta de menores.
De acuerdo con un artículo de la periodista Kathryn Joyce, publicado en thenation.com, las iglesias evangélicas que tramitan las adopciones internacionales en EE. UU. reciben pagos que pueden ir desde los US$20 mil hasta los
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Guatemala, 03.05.2011 (PL, Por Marielos Monzón ).- Tras el terremoto que asoló Haití fueron detenidos un grupo de 10 norteamericanos, pertenecientes a la iglesia bautista del sur, que intentaron sacar de ese país a 33 supuestos huérfanos hacia una inexistente casa hogar en República Dominicana.
Tras comprobarse que todos los niños tenían familiares vivos y que se trataba del robo de los menores, los miembros del grupo fueron encarcelados y manifestaron ser “simplemente 10 cristianos obedientes al llamado de Dios”.
La vigorosa maquinaria de las iglesias evangélicas estadounidenses —con el poder político y económico que les caracteriza— y varios congresistas y senadores que les representan lograron que las autoridades haitianas les dejaran en libertad, y continuaron con la presión para declarar con carácter urgente las adopciones internacionales en Haití.
Antes de la tragedia habían señalado que en la isla caribeña había más de 400 mil huérfanos, a lo que Unicef respondió que a lo sumo podría haber 50 mil niños sin padres.
Una de las principales figuras del movimiento adoptista es la senadora demócrata por Luisiana, Mary Landrieu, quien en el medio de la polémica declaró a la agencia AP que de no cambiar su posición, Unicef tendría numerosas dificultades para obtener el apoyo del Congreso estadounidense.
En pocas palabras, la senadora pretendía que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia diera el aval a los procedimientos de adopciones internacionales irregulares e ilegales, que son, ni más ni menos, tráfico y venta de menores.
De acuerdo con un artículo de la periodista Kathryn Joyce, publicado en thenation.com, las iglesias evangélicas que tramitan las adopciones internacionales en EE. UU. reciben pagos que pueden ir desde los US$20 mil hasta los US$63 mil por niño “colocado” en adopción.Queda muy claro entonces cuál es el “llamado divino” de estas redes que trafican con niños atienden.
Esta misma senadora, probablemente siguiendo los designios del Señor, estuvo de visita la semana pasada en Guatemala, para exigir agilizar los procesos de adopciones internacionales pendientes.
Entre otras linduras, presionó a las autoridades guatemaltecas —incluido al propio presidente Colom— a fijar un plazo no mayor de 60 días para que aparezca la madre biológica de un menor, supuestamente huérfano, a quien se pretende dar en adopción.
En otras palabras, no importa si el niño fue robado y esa es la razón por la que la madre no aparece; los negocios son negocios.
A tal grado llega el “genuino y noble” interés de la senadora por la niñez de este país, que no tardó en descalificar públicamente el informe de la Cicig —relativo a los actores involucrados en los procesos de adopción irregular—, que da cuenta que en más del 60% de los procesos hay ilegalidades e indicios de la comisión de varios delitos —asociación ilícita, sustracción de menores, trata de personas con fines de adopción irregular, falsedad material e ideológica, entre otros—.
Dicho sea de paso, el informe es producto de una investigación de 18 meses y elaborada por un equipo de expertos profesionales de la Comisión Internacional, que ahora le exige a la señora Landrieu las pruebas en las que sustenta la descalificación realizada.
Realmente grave fue la presencia de Francisco Villagrán, embajador guatemalteco en Washington, quien no solamente acompañó a la delegación, sino cabildeó a favor de las exigencias de Landrieu ante las autoridades nacionales.
Que alguien explique si el diplomático chapín es también parte del negocio o es la suya la posición oficial del Gobierno guatemalteco.
* Queda muy claro entonces cuál es el “llamado divino” de estas redes que trafican con niños atienden.
Esta misma senadora, probablemente siguiendo los designios del Señor, estuvo de visita la semana pasada en Guatemala, para exigir agilizar los procesos de adopciones internacionales pendientes.
Entre otras linduras, presionó a las autoridades guatemaltecas —incluido al propio presidente Colom— a fijar un plazo no mayor de 60 días para que aparezca la madre biológica de un menor, supuestamente huérfano, a quien se pretende dar en adopción.
En otras palabras, no importa si el niño fue robado y esa es la razón por la que la madre no aparece; los negocios son negocios.
A tal grado llega el “genuino y noble” interés de la senadora por la niñez de este país, que no tardó en descalificar públicamente el informe de la Cicig —relativo a los actores involucrados en los procesos de adopción irregular—, que da cuenta que en más del 60% de los procesos hay ilegalidades e indicios de la comisión de varios delitos —asociación ilícita, sustracción de menores, trata de personas con fines de adopción irregular, falsedad material e ideológica, entre otros—.
Dicho sea de paso, el informe es producto de una investigación de 18 meses y elaborada por un equipo de expertos profesionales de la Comisión Internacional, que ahora le exige a la señora Landrieu las pruebas en las que sustenta la descalificación realizada.
Realmente grave fue la presencia de Francisco Villagrán, embajador guatemalteco en Washington, quien no solamente acompañó a la delegación, sino cabildeó a favor de las exigencias de Landrieu ante las autoridades nacionales.
Que alguien explique si el diplomático chapín es también parte del negocio o es la suya la posición oficial del Gobierno guatemalteco.