VENEZUELA SE SUMA A LA CONTRAINSURGENCIA COLOMBIANA

Chávez culpaba a Santos por las bases, ahora culpa Revolucionarios

Por Carlos Sagún
Centro de Estudios Policarpa Salavarrieta
Bogotá-Colombia

El secuestro exprés y entrega al terrorista estado colombiano del refugiado político Joaquín Pérez Becerra es el hecho que termina por configurar un patrón de conducta del gobierno del comandante Hugo Chávez frías que denota un claro alinderamiento con la contrainsurgencia Colombiana.

Su nueva convicción es asumir que la insurgencia del ELN y de las FARC son una justificación para la intervención imperial, como correlato ha declarado públicamente que no son tiempos de frentes guerrilleros, desde esta postura ha maniobrado hacia un alto nivel de integración a una política de seguridad entre el estado Colombiano y el Venezolano que hoy se despliega no solo en la frontera.
Su postura frente a la insurgencia olvida amañadamente que la insurgencia social, política y militar colombiana es la respuesta obligada al régimen de terrorismo de estado que ha cerrado la política como espacio posible para la acción civil, olvida que el terrorismo de estado en Colombia no permite que nadie sobreviva a la paz como lo dijo el comandante Fidel Castro.
Recientemente en alocución nacional el presidente Hugo Chávez Frías ha asumido la responsabilidad del secuestro y entrega a Colombia del refugiado político Joaquín Pérez Becerra. Ha cuestionado la reacción crítica de diversos movimientos políticos y sociales venezolanos estigmatizándolos de ultraizquierda, “ no acepto chantajes de la ultraderecha ni de la ultraizquierda” “digan lo que digan, así digan que violé los sagrados principios marxistas leninistas, yo asumo la responsabilidad”. (Parece que de la ultraderecha si acepta los chantajes)
Pero ante su voz tan fuerte y el cerco mediático que ha ordenado, es difícil decirle que el movimiento de solidaridad nacional y mundial con Joaquín Pérez Becerra, va más allá del partido comunista Venezolano, es la expresión de cientos de colectivos sociales en Venezuela y todo el mundo que siempre hemos estado y estaremos patria o muerte en defensa de la revolución bolivariana, revolución de la que él es una expresión fundamental, razón por la cual reclamamos su autocrítica y sensatez.
También es difícil contestarle que no somos tan tarados para hacerle una crítica desde el marxismo leninismo ni desde los principios de solidaridad internacionalista que sabemos ahora poco significan para él, la crítica más generalizada surge desde los derechos humanos y de los pueblos, así como desde el derecho público internacional, marco de derechos que solo una revolución puede garantizarlos efectivamente, sin embargo hoy nos asombra que sea una revolución quien los viola con descaro expreso.
Hablaremos de tres casos emblemáticos en los que el gobierno Bolivariano ha violado la legalidad nacional e internacional, colocándose en los hechos como un enclave y aliado de la contrainsurgencia colombiana:
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CASOS DE VIOLACIÓN   MARCO NORMATIVO Y DE DERECHO VIOLADO

El reconocido periodista Joaquín Pérez Becerra refugiado político en Suecia es capturado en el aeropuerto de Maiquetía por petición del gobierno Colombiano, a pesar de que presenta documentación Sueca se presenta un comunicado señalándolo como colombiano y terrorista. Es incomunicado y privado de su derecho a recibir asistencia jurídica o llamadas familiares, se le niega al cónsul sueco la posibilidad de hablar con él, no se notifica a Suecia sobre la detención de un nacional suyo, se mantiene detenido más de 48 horas desconociendo sus amigos y compañeros el paradero, se desconoce el hábeas corpus interpuesto por sus jueces. Es claro que Joaquín fue sometido a un secuestro, un secuestro acordado entre dos miembros de los podéreres ejecutivos de dos países. Completa el cuadro al entregarlo sin tener en cuenta que es un refugiado político que ha escapado hace muchos años del exterminio completo de su partido político UP y del asesinato de su esposa, agrava el contexto el que no se notifica a Suecia a pesar de tener en su poder a un ciudadano Sueco que ya no es Colombiano pues renunció a la nacionalidad Colombiana, a pesar de esto se entrega sin notificar a la embajada Sueca.
El gobierno Bolivariano viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 1. F. a,b,c), que considera como causales de exclusión de un refugiado:
I. Que existan fundados motivos para considerar que la persona ha cometido:
a) delitos contra la paz, delitos de guerra y delitos contra la humanidad según las definiciones de los tratados internacionales; (Ver estatuto de Roma)
b) un grave delito común cometido con anterioridad fuera del país de refugio,
II. Que sea culpable (lo cual supone una decisión definitivamente en firme de tribunales competentes respetando el debido proceso) de actos contrarios a las finalidades y principios de la ONU.
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- Constitución Venezolana
- Código de procedimiento penal Venezolano
- Estatuto internacional sobre refugiados, convención 1951de ginebra.
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados Declaración sobre asilo territorial 1967
- Informe de admisibilidad 5/57 de 1997
- Estatuto de asuntos diplomáticos
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Venezuela ha entregado a las fuerzas militares colombianas a más de 30 personas sindicadas de ser supuestamente miembros del ELN o de las FARC, Los casos más notorios son la entrega en enero de Nilson Terán Ferreira, quien fue capturado en Maracaibo. La entrega en Abril de Dos supuestos miembros del ELN, Carlos Tirado y Carlos Pérez capturados en Apure.
En cada caso es destacable la prontitud de las entregas y la negación a los detenidos de cualquier recurso de protección legal o de condiciones de garantía de sus vidas una vez entregadas a unas fuerzas policiales y militares comprometidas con prácticas terroristas y violatorias de los derechos humanos. Igualmente se caracterizan en comunicados públicos como delincuentes y crimen organizado.
- Derecho de los pueblos a la rebelión
- Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados
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Ante el señalamiento de por parte de Álvaro Uribe Vélez de la existencia de campamentos guerrilleros en el estado Zulia en la Serranía del Perijá, el ejército Venezolano desplaza un contingente militar a la zona, el cual no encuentra campamentos insurgentes pero si encuentra numerosos asentamientos de campesinos colombianos desplazados por la violencia, cultivos y diversas construcciones para su alojamiento. El ejército Venezolano procedió a la captura masiva de los campesinos, al vejamen y tortura de sus líderes, a la destrucción de cultivos y la quema de sus ranchos, luego los campesinos fueron expulsados de territorio Venezolano. El Gobierno Bolivariano fuera de violar los derechos de derecho a la integridad personal y a la libertad personal viola el principio de protección temporal y de no devolución.
- Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
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Es posible que si el comandante lee lo anterior, diga que no acepta chantajes desde el ultraliberalismo, es probable que trate de desprestigiar el potencial emancipador de los derechos humanos como referentes burgueses, pero si así reacciona, entenderemos que lo que no acepta es que se cuestione su abandono de los mínimos éticos que cualquier proyecto emancipatorio requiere, también comprenderemos que ha ingresado a la trágica moral del pragmatismo, que no es la preocupación por la viabilidad o eficacia de la política que nos enseñara Alfredo Maneiro, sino la práctica de una moral utilitaria, eso es pragmatismo, utilitarismo más cálculo individual, en este caso su cálculo expresa un criterio político en el que piensa que acercarse a Colombia es aislar al imperialismo norteamericano, pero alerta, su acercamiento no es solo diplomático y comercial es en la esfera contrainsurgente.

El planteamiento sobre su alinderamiento con la contrainsurgencia Colombiana lo hacemos sustentándonos tanto en los hechos evidentes como en los planteamientos explícitos y justificatorios según los cuales “El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional…”
Chávez y todo el aparato de estado controlado por él, incurren en la no distinción entre guerra de guerrillas y terrorismo, siguiendo el coro de todas las derechas del mundo eliminan el delito de rebelión y tipifican a los luchadores por la libertad y la justicia como delincuentes y terroristas.
En relación a la necesaria distinción entre terrorismo y guerra de guerrillas, es importante destacar el argumento normativo expuesto en el fallo que la Juez de Milán Clementina Forleo del 24 de enero del año 2005 en el que ordena la libertad de dos insurgentes Iraquíes capturados por la policía italiana, veamos sus argumentos:
“Una cosa es la guerrilla y otra el terrorismo: es necesario distinguir entre las actividades desarrolladas en un contexto bélico y aquellas destinadas a golpear a la sociedad civil de forma indiscriminada”[1].
"…alguien que comete ataques en el contexto de un conflicto armado, si no involucra o ataca a civiles de manera intencionada, no es terrorista…”.
Ésta es una distinción fundamental que hasta ahora no había sido definida adecuadamente en ninguna corte del mundo. De acuerdo con la jueza Forleo, "la noción de terrorismo diverge de la de subversión, y como tal, no está definida de una manera normativa”.
Ella invoca a la Convención Global sobre Terrorismo de la Naciones Unidas de 1999 para afirmar: "la actividad guerrillera o la violencia que tiene lugar en el contexto de un conflicto armado, aun cuando esté llevada a cabo por fuerzas armadas no institucionales, no puede ser perseguida, ni siquiera a nivel de la ley internacional, a menos que se violen leyes humanitarias internacionales".
De acuerdo con sus declaraciones, “… sancionar un acto guerrillero durante un conflicto, como terrorista, podría, inevitablemente, conducir a una injustificable toma de posición en apoyo de una de las fuerzas en conflicto…".
Destacando y validando la distinción realizada por Forleo, el profesor italiano experto en política criminal y terrorismo Riccardo Campa, ha dicho:
“…Si no se realizara la distinción entre la guerra de guerrillas y el terrorismo, los héroes nacionales de muchos países de todo el mundo se convertirían ipso facto enterroristas. Giuseppe Garibaldi, un terrorista. Giuseppe Mazzini, Bixio, Ippolito Nievo, los carbonarios, todos terroristas. Si las guerrillas son terroristas, George Washington fue un terrorista, y con él todos los héroes de la independencia americana, Igualmente Oliver Cromwell y los protagonistas de la Guerra Civil Inglesa y la Revolución Gloriosa de 1688, y otra vez los revolucionarios franceses de 1789, los insurgentes de 1848, los fundadores de la Comuna de París, Jozef Pilsudski y patriotas de la independencia de Polonia, y por último, por lo menos, los partidarios involucrados en la lucha contra el fascismo, incluyendo nuestro querido Sandro Pertini Presidente ... Todos terroristas?...” [2]
En la tradición del derecho público internacional hay un marco normativo que ha resistido los intentos de su derrumbe, los intentos imperiales por tipificar como terrorista la resistencia insurgente de los pueblos no ha prosperado en los convenios internacionales sobre terrorismo.
Pero recordemos que el derecho público internacional, ha quedado convertido en una caricatura que el poder militar imperial y las burguesías del mundo incumplen sin recato, se empeñan en calificar de terrorista a actores con carácter político y cuya abierta rebelión está justificada por la estructura terrorista de estado que cierra las vías de la paz y de la política democrática.
Al respecto el profesor Riccardo Campa ha dicho: “No podemos olvidar que los estados nacionales nacieron casi todos violando la legalidad del sistema feudal. A lo largo de la historia hemos llegado varias veces con los períodos de cambio social a comprender que lo que se vio anteriormente como la "legalidad" de entonces, no era más que una fábrica de jaulas legislativas de violencia, injusticia y opresión. El reconocimiento de la legitimidad de la guerrilla actúa para permitir y justificar el movimiento histórico progresivo. En ausencia de ese tipo de violencia, no habría visto la luz ni la democracia ni la economía de mercado o el progreso social…”[3]
Pero es llamativo que mientras la práctica de entregar revolucionarios insurgentes tanto de ELN y FARC como de ETA no generó una reacción de condena nacional o mundial, el secuestro y entrega del refugiado político Joaquín Pérez Becerra si ha movido los cimientos de la dignidad de todos los luchadores por la libertad y la justicia.
Lo anterior es explicable pues si bien en los casos de persecución y captura de guerrilleros el gobierno Venezolano se alindera tomando partido por uno de los actores enfrentados en el conflicto colombiano y se arriesga a un involucramiento que podría traer consecuencias dramáticas en la frontera, en el Caso de José Pérez Becerra, el gobierno Bolivariano se ha alinderado con otra dimensión de la contrainsurgencia y el terrorismo de estado Colombiano como es el macartismo y agresión a los revolucionarios y luchadores sociales que actúan desde medios pacíficos.
Joaquín Pérez Becerra sobreviviente del exterminio de más de 6.000 militantes de la UP, ha sido imputado penalmente por un estado terrorista que no garantiza ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, la prueba para su imputación ha sido el computador hallado en el campamento de Raúl Reyes, computador que resistió a un bombardeo, sobre este computador el informe de INTERPOL conceptuaba que no podía configurar prueba penal alguna, pues se había roto la cadena de custodia, es decir, además de haber sido obtenido a partir de un acto ilegal de violación a la soberanía de otro estado, el computador estuvo más de cuatro horas en poder de los organismos de inteligencia Colombiana antes de pasar a manos de los cuerpos técnicos judiciales, para ser válido como prueba debió haber sido aislado y levantado de la escena por una unidad técnica judicial, pero este procedimiento era imposible en el caso de la ilegalidad y abuso que rodeo la incursión de las fuerzas militares colombianas en ecuador. Existen en Colombia más de 7.000 presos de conciencia, es decir, líderes políticos y de organizaciones sociales que han sido incriminados como guerrilleros, con base en estas pruebas prefabricadas, pero que en realidad se castiga su opinión y ejercicio a de oposición política.
Esta es la prueba contra Joaquín Pérez, prueba que en su momento será desvirtuada y a partir de la presión y solidaridad internacional permitirá que Joaquín vuelva a la libertad, mostrando con más fuerza la infamia en la que participó nuestro comandante Hugo Chávez.
El otro hecho que ha levantado la ira general, aunque el comandante piensa que solo es la ultraizquierda, es la violación de una institución sagrada como es el refugio y el asilo político. Se Se ha alinderado con el terrorismo de estado Colombiano en el desprecio al derecho público internacional, que importaba si era ciudadano Sueco, que importaba si era refugiado político, se trataba de escarmentar a quienes critiquen y denuncien el genocidio impuesto por la oligarquía al pueblo Colombiano
Podríamos extendernos en la reflexión, pero para no castigar a los lectores, digamos finalmente que el comandante se equivoca y quien chantajea es él, ha querido hacer ver que “quien me critique está contra mí y la revolución”, ese sí que es un chantaje, el estatus de revolucionario lo da la condición de foca roja que aplaude sin criterio, lo da el aceleramiento histérico de que todo se juega en el hoy contra el imperialismo y que cualquier debate o rectificación real nos debilitará. Cuando en realidad la crítica fortalece, y la mentira asfixia.

Este es el sentido censor del mensaje publicado hoy por la red de intelectuales en defensa de la humanidad el cual dice:
"...Donde quiera que estén, cualquiera sea su forma de lucha, sus compromisos particulares y ámbitos vitales, les pedimos que ayuden a cuidar la Revolución Bolivariana. Cuiden a esta Revolución que es de todos.

Pongan en tensión su ánimo para comprenderla. No la utilicen de manera poco solidaria. No la sometan a riesgos innecesarios. El enemigo es brutalmente poderoso, tiene muchas dobles caras y juega siempre con cartas marcadas. Está aquí y allá, donde no se sospecha. Piensen que, en épocas imperiales, una revolución triunfante es un maravilloso, pero frágil, milagro de los pueblos. Su camino es complejo. Hagamos lo posible por tenerlo en cuenta…” (siguen firmas)
Tan sutil, delicado y bello mensaje, esconde una apostura infame y de silencio frente una injusticia y una equivocación del presidente Chávez y de la dirigencia del PSUV en su conjunto.

El "No la someten a riesgos innecesarios"  lo resaltamos, porque obviamente, hace referencia a la poco decorosa defensa de lo indefendible que consiste en criminalizar al periodista víctima y que quiere hacer creer que el periodista "sometió al comandante a la obligación de violar el DIH" (el contenido de está última frase es repetido hasta la saciedad, con mil variantes).
Digamos finalmente que la continuidad de la revolución Venezolana y el apoyo irrestricto de todos hacia su triunfo y fortalecimiento no están en discusión, lo que sí está en discusión es su modelo, así como el tipo de dirigencia y acumulación de poder necesario desde los excluídos y explotados para preservar los inmensos logros que estos doce años le han brindado al pueblo Venezolano y al conjunto de la humanidad.