Ecuador: Las razones de la Marcha por la Vida, por el Agua y por la Dignidad de los Pueblos II

.- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Ecuador, Por la Vida, por el Agua, por la Dignidad de los Pueblos

¿Por qué marchan los pueblos indígenas ecuatorianos? ¿Acaso la Constitución de ese país no consagra sus dos propuestas centrales, Estado Plurinacional y Buen Vivir? Los pueblos indígenas de Ecuador se movilizan desde el 8 de marzo hacia Quito porque el gobierno hace todo lo contrario a lo que establece la Constitución:  la concentración de tierras crece en lugar de corregirse (60% de ellas está en manos del 7% de los propietarios), el 1% de propietarios controla el 63% del agua de regadío, el agro campesino está en crisis y los presupuestos públicos priorizan los sectores extractivos.X que contemple el respeto a la prelación de las funciones del agua, la garantía del derecho humano al agua a través del establecimiento de un mínimo vital y gratuito, la creación del Fondo del Agua; la prohibición de los servicios ambientales, que se respeten los derechos de la Naturaleza en cuanto a contaminación y vertidos; que genere instrumentos para la desprivatización del agua y su redistribución; y que respete y fortalezca la gestión comunitaria del agua con la participación de comunidades y organizaciones; y que se cree el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua..Aprobación de la ley de Tierras y Territorios, que contemple la construcción de un modelo agrario para la soberanía alimentaria basada en la producción campesina, que promueva la propiedad comunitaria y asociativa, que sancione al latifundio y la concentración de la tierra, y exija el cumplimiento de su función social y ambiental; que redistribuya la tierra a los campesinos sin tierra, priorizando a mujeres y jóvenes, y contribuya a reconstituir los territorios despojados; que implemente un programa de fomento agropecuario para la soberanía alimentaria garantizando el acceso a tecnología e industria rural, que establezca precios de sustentación y combata el monopolio de la comercialización de alimentos, fortaleciendo el intercambio y las empresas asociativas y comunitarias de acopio, procesamiento y comercialización; y que cree el Consejo Intercultural y Plurinacional Agrario para democratizar las políticas públicas del agro. Ejecución inmediata del mandato de la vigesimoséptima transitoria constitucional para la auditoria del agua. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas Publicado en la Agencia Intercultural de Noticias Indígenas de Bolivia, 13 de marzo de 2012


Esta es una de las muchas razones por las que las organizaciones indígenas nacionales, como la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), regional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) han decidido llegar hasta Quito. Lo explican claramente en el Mandato el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos.

Este documento señala que en el Ecuador las condiciones estructurales de concentración de la tierra y el agua, la intermediación, la falta de acceso al crédito y la dependencia de un paquete tecnológico de insumos cuyo costo está en constante aumento, ha generado la crisis de la agricultura campesina. Las políticas gubernamentales que prometieron una “revolución agraria” no han afrontado esta realidad.

La inequidad de la estructura agraria persiste. El 7% de los propietarios controla el 60% de las tierras cultivables y se mantiene la alta concentración del agua de riego en manos privadas: el 86% de las unidades de producción agrícola (UPA) con sistemas comunitarios tienen el 22% de área regada y sólo el 13% del caudal, mientras que el 1% de UPAs de propiedad privada tienen el 63% de área regada y un caudal del 64%.

Sin embargo, el denominado Plan Tierras y Territorios en su conjunto ha sido un fracaso. Las entregas de tierras a los campesinos han sido en un porcentaje mínimo. No existe voluntad de afectar la gran propiedad y la concentración de la tierra de propiedad privada, argumentando que es más productiva. Las pocas entregas de tierras por expropiación han generado un circuito de endeudamiento impagable para los campesinos y un alto nivel de conflictividad social. En la provincia de Pichincha, Cantón Machachi, luego de un largo trámite de expropiación se adjudicó a la Asociación San Antonio el predio San Antonio de Valencia, con un costo de US$. 4.600.000 con altos intereses comerciales, y hasta este momento no pueden ingresar al predio los beneficiarios.

La política de fomento agropecuario ha impulsado la mediana y gran propiedad, que se concentra en la producción de banano, palma, caña, arroz, maíz duro y ganado; mientras que las pequeñas propiedades campesinas que sostienen la soberanía alimentaria no han sido beneficiarias de esta política. Las condiciones desfavorables para el acceso al crédito han dejado a los campesinos a merced de las cooperativas de ahorro y crédito.

En la proforma presupuestaria 2012, los tres sectores estratégicos para salir de la matriz extractiva (turismo, agricultura, ambiente) apenas suman US$.426 millones de dólares, representando el 1,6% del presupuesto, con una fuerte disminución en el sector agropecuario de -17,69% respecto del año anterior. Mientras que el gasto de propaganda del gobierno alcanza a US$.295 millones de dólares, superando la inversión en agricultura que sólo alcanza a US$.211 millones. Con esto se evidencia la toma de posición del gobierno a favor del agronegocio y el extractivismo, abandonando las economías campesinas y populares que sostienen la soberanía alimentaria.

Port odo ello, los pueblos indígenas ecuatorianos y sus organizaciones exigen:


Aprobación de la Ley de Aguas para el Buen Vivir,