Perú: No hay justicia para mujeres esterilizadas a

El Fiscal Superior de Derechos Humanos Jorge Luis Cortes emitió una resolución en la que declaró archivada la demanda presentada por 2.074 víctimas de las esterilizaciones forzadas perpetradas durante el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000. Entre los argumentos para justificar su decisión, el fiscal expone que las esterilizaciones forzadas no constituyeron crímenes de lesa humanidad sino simples delitos comunes cometidos por los operadores de salud, y que por el tiempo transcurrido ya han prescrito.

Sostiene que dado que existían manuales de procedimientos emitidos por el Ministerio
de Salud que señalaban las acciones que deberían seguir los operadores, las intervenciones que afectaronn la vida y los derechos de miles de mujeres y de hombres intervenidos sería errores de dichos operadores y operadoras.

Las esterilizaciones forzadas pueden ser delitos comunes, pero se enmarcaron dentro de la política nacional de población que se impulsó luego del golpe de Fujimori, cuando se declaró el decenio 1992-2002 como la "Década de Planificación familiar",
las esterilizaciones se dieron a diestra y siniestra, pero sobre todo focalizándose en zonas con elevada proporción de población indígena y donde el promedio de hijos/as por familia era bastante alto, pues se tenía como objeto reducir la tasa de fecundidad a 2,5 hijos por mujer en el año 2000.

Utilizaron mucha publicidad y cuando esto no funcionaba venían las amenazas
a las mujeres, a sus esposos, que se les detendría, que serían más responsables de la pobreza. A los operadores se les exigía también metas, lo cual ha quedado ampliamente deostrado en las investigaciones y que desvirtúa completamente el argumento del fiscal sobre las actuaciones aisladas.

Según el informe de la Comisión Especial en la que participó la ahora congresista Hilaria Supa, las esterilaciones realizadas por el MINSA pasaron de 19,262 ligaduras y 906 vasectomías en 1993 a 109,689 ligaduras y 10,367 vasectomías en 1997, cifras que fueron disminuyendo cuando empezaron las denuncias de que las mujeres estaban siendo esterilizadas sin su consentimiento
La Defensoría del Pueblo documentó 161 quejas y el reporte "Nada personal", realizado por Giula Tamayo, documentó 243 testimonios de mujeres que no decidieron autónomamente la esterilización quirúrgica, algunos de los cuales están entre los dos mil 74 casos de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas que conforman el expediente sobre esterilizaciones
forzadas ha sido archivado.

En 1999 el Perú fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Estudio Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y otras instituciones por el caso de María Mamérita Chávez, quien murió debido a qu fue sometida a un procedimiento de esterilización.

Luego de varios años de litigio en la Comisión, el Estado peruano aceptó en 2003 el Acuerdo de Solución Amistosa* y reconoció su responsabilidad en violación de los derechos de las mujeres.
Con la decisión de archivar el proceso, el fiscal incumple el acuerdo con la CIDH y se emite un mensaje de impunidad frente a la violación de los derechos de las mujeres

* Información tomada de un artículo de Rosa
Montalvo Reinoso
Fuente: Lucha Indígena
LLAPA RUNAQ HATARi YiNiN
Director: Hugo Blanco
Perú