Colombia: Paramilitares asesinan otra lider de restitución de tierras en Córdoba



Desplazados de sus tierras

 Una nueva víctima cobraron los grupos paramilitares en Colombia. Se trata de la líder del proceso de restitución de tierras despojadas a los campesinos de la Apartada, municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba, , Martha Gaibao, quien fue asesinada de varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron posteriormente.
El crimen fue denunciado el miércoles 10 de mayo por el defensor del pueblo, Volmar Pérez. “Gaibao, vocera del proceso de reubicación de 17 familias desplazadas en el municipio de La Apartada en el departamento de Córdoba, limites con Antioquia, fue víctima de varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron posteriormente”, señaló Pérez en un comunicado.

Los crímenes contra las mujeres y hombres que reclaman la devolución de mas de 4 millones de hectáreas de tierra en Colombia despojadas violentamente por el paramilitarismo no se detiene, a pesar de las medidas que dice adoptar el gobierno del presidente J.M Santos y la inexistencia de dichas bandas del crimen paraestatal que tanto defienden las autoridades. Los defensores de derechos humanos señalan que las BACRIM sonb los mismos grupos paramilitares que han sido rebautizados para que desde el estado colombiano exista burla y no se responda por los crímenes de lesa humanidad. “El paramilitarismo convive y actúa en connivencia con las fuerzas de seguridad oficiales”, señalan.
Con este crimen se elevan a diez los asesinatos de líderes campesinos desde la posesión del presidente Juan Manuel Santos, en agosto de 2010. El mandatario, un dirigente de derecha que fue ministro de la Defensa, se ha propuesto aprobar una ley para reparar a las víctimas del conflicto armado interno y devolver tierras a campesinos desplazados por la violencia.
El defensor del pueblo alertó que el asesinato de Gaibao en esa región del Caribe colombiano “parece constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras, y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y garantía de su derecho a la tierra”.
“Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes a poner en marcha un programa de protección colectiva y a adoptar medidas eficaces contra los factores de riesgo identificados en esta región del país”, subrayó.
El asesinato ocurrió en momentos en que el Congreso debate la ley de víctimas y restitución de tierras, con la que el gobierno de Santos pretende devolver 2 millones de hectáreas en sus cuatro años de gobierno.