El procesamiento de Néstor Pitrola y de Vilma Ripoll por haber participado del corte de la ruta Panamericana en el año 2009 en apoyo de los trabajadores de Kraft, abrió el debate en la sociedad sobre el verdadero sentimiento del kirchnerismo hacia los luchadores populares.
Por qué el gobierno decide dar marcha atrás en una de sus políticas centrales y bases de su gestión como era la no judicialización de la protesta social. La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo del 2003, marcó para muchos una nueva forma de manejarse en lo más alto del poder nacional en muchos sentidos, entre otros, el de no represión de la protesta social y el de un manejo consensuado con las organizaciones sociales
Lamentablemente y como ha sucedido en una inmensa rama de cuestiones con el kirchnerismo, en este también lo que reina es el doble discurso y una doble moral que hace que la administración nacional entre en un estado de descomposición interna muy grande, ya que una cosa es lo que se dice, y otra totalmente diferente lo que se hace.
En estos días hemos podido observar como los dirigentes políticos y sociales Néstor Pitrola (Partido Obrero) y Vilma Ripoll (Movimiento Socialista de los Trabajadores) fueron procesados por el juez federal de Tres de Febrero, Mariano Larrea, por haber participado en corte de ruta de la Panamericana en solidaridad con los trabajadores de la empresa Kraft en el año 2009.
La historia política de nuestro país ha tenido diversa cantidad de sucesos que han llevado la relación entre gobierno y sociedad a límites muchas veces insostenibles, lo que termina por ensuciar una relación que en pocas ocasiones es feliz y que suele enturbiarse en forma sistemática ante cualquier clase de hechos.
Desde los organismos de derechos humanos que el gobierno todavía no ha podido cooptar, advierten que la no confrontación del gobierno con las protestas sociales se hace nada más que en territorio de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, mientras que en el interior del país hay una gran represión hacia los movimientos sociales y luchadores populares, y dan como ejemplo las más de 6.000 causas que hay en la Justicia contra militantes barriales, universitarios, sindicales y políticos.
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