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El mismo día que fue aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado, los militares Arturo Aguirre y Alberto Gómez Graña fueron procesados por el juez Eduardo Pereyra por coautoría de homicidio muy especialmente agravado del ciudadano argentino Gerardo Alter, en agosto de 1973. El magistrado también pidió la captura internacional del militar retirado Hermes Tarigo, que se encontraría de viaje por Europa y cuyo procesamiento fue pedido por el fiscal Diego Pérez.
Al otro día, el juez Pedro Salazar procesó a los ya encarcelados Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman. Por este caso, el magistrado también dispuso la solicitud de extradición de Brasil de Manuel Cordero, que cumple prisión domiciliaria en ese país.
Apesar de las coincidencias cronológicas, estos procesamientos consecutivos no tuvieron relación con los efectos de la aprobación de la ley contra la impunidad y eran esperados desde hace tiempo, aseguraron fuentes judiciales. Por otra parte, también en estos días se presentó una catarata de denuncias masivas por violaciones a los derechos humanos. A las 140 que se presentaron el sábado 15 en distintas comisarías de Montevideo, Las Piedras, Solymar y Salinas, el jueves 27, bajo el impulso de la Coordinadora por Verdad y Justicia de Maldonado, se presentaron otras 14. Y este sábado, en la segunda jornada de denuncia y seguimiento de casos, se sumaron otras 30.
Esta vez participaron más denunciantes en forma directa que acompañados por el doctor Federico Álvarez Petraglia, y las denuncias se concentraron en las seccionales 2ª y 5ª de la capital. Hasta ahora no hay novedades de las denuncias presentadas el 15, pero se espera que en breve sean recibidas las citaciones judiciales.
Se solicitó a los denunciantes que mantengan informado al equipo de seguimiento y se ofreció asesoramiento legal para las audiencias. El viernes, en paralelo a estas denuncias, 28 mujeres presentaron denuncias por torturas y violencia sexual desde el punto de vista de género. Esta causa señala a policías, militares y personal médico, y por primera vez se involucra a personal militar femenino. La otra novedad es que aparece por primera vez el delito de abuso sexual como delito de lesa humanidad.
Los olimareños
Hoy en la ciudad de Treinta y Tres se presentará denuncia del caso de detención, abuso y tortura de 38 jóvenes, de los cuales 29 tenían entre 13 y 17 años de edad, en abril de 1975. Los adolescentes, en su mayoría miembros de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), fueron detenidos en un megaoperativo que duró dos días. Con el asesoramiento jurídico de una comisión respaldada por el propio Frente Amplio (FA), será presentada la denuncia en sede judicial del departamento olimareño. A las 9.00 partirá el ómnibus que sale de la sede del FA en la calle Colonia.
El viernes el Poder Ejecutivo dio a conocer la resolución de conformar una comisión interministerial que tendrá el cometido de definir las políticas tendientes al esclarecimiento de las desapariciones forzadas y los asesinatos entre 1973 y 1985, y la ampliación de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, que tendrá un coordinador ejecutivo, un representante del ministerio público y fiscal, un representante de las organizaciones de la sociedad civil, dos de la Universidad de la República, y la secretaría administrativa.
Esta comisión deberá recibir, analizar y recopilar la información sobre desapariciones forzadas, crear una base de datos unificada y un banco de muestras genético. El decreto del Ejecutivo designa a Graciela Jorge como la coordinadora ejecutiva.
El proceso de aprobación de la ley contra la impunidad también impactó en la interna militar. El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general del aire José Bonilla, fue sancionado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, con un "arresto simple" por sus declaraciones públicas "inconsultas" de la semana pasada.
En la víspera de la votación parlamentaria de la ley que evita la prescripción de los delitos cometidos en dictadura, el titular del Esmade ratificó su idea de que "verdad" y "justicia" son incompatibles en este caso, ya que los militares, ante la inminencia de un arresto, no estarían dispuestos a brindar información sobre las violaciones a los derechos humanos. A pesar de esta sanción, el ministro de Defensa está de acuerdo con lo sustancial del planteo. "Es una verdad de Perogrullo. Nadie te va a decir que sabe algo si sabe que al otro día va preso", dijo en julio Fernández Huidobro, entrevistado por el periodista Gerardo Tagliaferro, autor del libro De las armas a las urnas. Tras recibir la noticia de la sanción, este fin de semana, el general Bonilla dijo que mantendría reuniones durante el fin de semana en la "interna" y que evaluaría su "renuncia".
Caballero por infante
Hoy a las 16.00 asumirá el nuevo comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre Siqueira, quien sustituirá al general Jorge Rosales, que llegó al límite legal de su cargo. El nuevo comandante se desempeñaba hasta hoy como jefe de la División de Ejército IV, ubicada en Minas, y fue designado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a mediados de setiembre, cuando se acercaba el retiro de Rosales.
Aguerre es uno de los generales que fueron sancionados por el ex presidente Tabaré Vázquez en 2006 por haber mantenido una reunión con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau, junto con el entonces comandante Carlos Díaz y el general Miguel Dalmao, hoy procesado por el crimen de Nibia Sabalsagay.
El nuevo comandante en jefe nació en 1953 en Tacuarembó y egresó de la Escuela Militar como oficial de Caballería en 1973, justo el año del golpe de Estado. Es hijo del coronel Pedro Aguerre, ex comandante del Regimiento de Caballería Nº 9, militar afín al general Liber Seregni y que fue asesor de la ex ministra Azucena Berrutti.
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| Paula Altesor y los hermanos Gabriela y Gerardo Riet, el sábado, en la Seccional 3ª de la Policía de Montevideo. Paula denunció un allanamiento, en 1975, contra Iván Altesor, que hoy reside en México. En ese procedimiento, que duró cinco días, los miembros de la familia fueron víctimas de maltrato, destrucción y robo de bienes. Gerardo Riet fue detenido por plegarse a un paro del SUNCA en 1980, por lo cual estuvo en prisión hasta el retorno de la democracia. Gabriela Riet fue detenida en 1980 y estuvo desaparecida un mes. Tras ser liberada se exilió en Francia. |
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Un grupo de 38 personas presentó este lunes denuncias contra militares por crímenes cometidos durante la dictadura en el departamento de Treinta y Tres.
Según explicó a Montevideo Portal el diputado del FA en dicho departamento, Hermes Toledo, se trata de 38 ex militantes comunistas, de los cuales 29 eran menores de edad durante la dictadura.
"La mayoría de ellos tenía entre 13 y 17 años cuando fueron detenidos en abril de 1973 en el Cuartel de Treinta y Tres", explicó el legislador, recordando que la presentación de la denuncia estaba prevista en el marco de las denuncias a ser presentadas antes de que este martes prescribieran los delitos.
Toledo señaló que los denunciantes aportarán varios nombres propios de militares que participaron en los delitos, y recordó que los hechos "siempre fueron conocidos en Treinta y Tres".
El diputado explicó además que las acusaciones no corresponden exclusivamente a torturas, ya que hay casos de mujeres que afirman que fueron violadas durante su detención.
Toledo comentó además que este lunes viajó una delegación desde Montevideo, en la que viajaban varios de los denunciantes y otros dirigentes frenteamplistas que los acompañarán con una concentración en la entrada del juzgado del departamento.
Más denuncias
En tanto, otra denuncia se presentó este lunes contra militares por parte de 90 miembros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, que fueron detenidos entre 1973 y 1985.
La demanda es patrocinada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), cuyo abogado Martín Fernández explicó a Últimas Noticias que se denuncian 90 militares que actuaron en diversos centros de detención utilizados durante la dictadura, como la casa de Punta Gorda, el Batallón 13 o las cárceles de Libertad, Punta de Rieles, Punta Carretas o Central.
Fuente: Montevideo Portal
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.Gonzalo Aguirre Defiende a Ex. Militares.
El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) presentará hoy una denuncia por torturas en representación de 90 personas que fueron detenidas en diversos centros de reclusión clandestinos entre los años 1973 y 1985. Los ex presos pertenecían al Partido y a la Juventud Comunista. Como publicó Ultimas Noticias en su edición del 12 de octubre, la institución presentará una denuncia contra 90 militares que participaron de la Operación Morgan. La maniobra estuvo a cargo del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa) y el Servicio de Información de Defensa (SID), en cooperación con efectivos de unidades militares del interior y jefaturas policiales, según expresa el comunicado de prensa emitido por Ielsur.
El abogado Martín Fernández explicó a Ultimas Noticias que entre los denunciados están los militares y policías que ya están presos, así como efectivos de bajo rango de aquel entonces. Las actuaciones de los oficiales tuvieron lugar en la casa de Punta Gorda, también conocida como "infierno chico", así como la Cárcel del Pueblo, creada por los tupamaros pero tomada por los militares en el año 1972.
En el texto también se incluye el Batallón 13, el Grupo de Artillería N°1, el Batallón de Infantería ubicado en el kilómetro 14 de Camino Maldonado, el Penal de Libertad, las cárceles Central, Punta de Rieles y Punta Carretas; así como Prefectura Naval.
"Calificar los delitos de lesa humanidad como comunes, dejando que la prescripción deje sin la adecuada sanción a los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad, no sólo significa la violación de los derechos de la persona ofendida y sus familiares, sino que es también una ruptura del contrato social", expresa el texto al que accedió Ultimas Noticias. Esto es parte de los fundamentos jurídicos que se presentarán ante la Justicia.
La denuncia será presentada públicamente hoy a las 11.30 en la sede de Ielsur, y complementa un caso presentado por el abogado Pablo Chargoñia, de torturas cometidas a integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas.
Por otra parte, abogados del plenario del Centro Militar contabilizarán hoy los casos que involucran a militares que no han sido procesados para presentar un texto en cada sede penal donde haya causas abiertas para pedir los respectivos archivos. La abogada Graciela Figueredo dijo a Ultimas Noticias que el principal argumento expresa que “la figura de homicidio prescribe a los 20 años, por lo que operó en enero de 1997, mientras que si se cuenta a partir del retorno de la democracia, sería en marzo de 2005”.
Por este motivo, algunos de los casos en que se presentará el texto con la solicitud del cese de las actuaciones y archivo son los que involucran a militares con la desaparición y muerte de Horacio Gelós Bonilla, Julio Castro, Santiago Rodríguez Muela, Anatole y Victoria Julien y Nuble Yic, así como el de las ex presas que el viernes pasado denunciaron abuso sexual en cuarteles.
En caso de que no se acceda al pedido de la defensa de militares, por considerar que opera la nueva ley que extiende la prescripción, presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esto será utilizado también cuando un juez decida aplicarla para procesar a uno de sus patrocinados. El texto con los argumentos jurídicos comenzó a ser redactado por el constitucionalista Gonzalo Aguirre, quien trabajará en este sentido para el Centro.
Por otra parte, el coronel (r) José Carlos Araújo, integrante del Foro Concordia y Libertad, dijo a Ultimas Noticias que los integrantes del Foro presentarán recursos de inconstitucionalidad cuando sea necesario y esperan que "la SCJ mantenga el criterio" y sostenga que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad.
Insistió en que continúan los procesamientos sin pruebas suficientes y que espera que a partir del 1º de noviembre "se reconstituya la constitucionalidad". Sobre la denuncia por violencia sexual y torturas presentada por 28 ex presas el viernes pasado contra más de cien militares, Araújo dijo que se trata de "un grupo de señoras que mienten terriblemente sobre violaciones que nunca existieron".
.Justicia y revancha
La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky dijo ayer que "no hay que transformar justicia en revancha". En una entrevista concedida al diario argentino Perfil, Topolansky llamó a separar la historia de los dirigentes tupamaros de la administración de justicia. "El tema es altamente delicado y las heridas que dejan los procesos de dictadura son muy difíciles de saldar. Todos conformamos nuestra opinión según nuestra peripecia personal, y de algún modo cada uno, desde el lugar que le tocó vivir, tiene razón".
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| Aguirre. El constitucionalista redacta los escritos de inconstitucionalidad. |
Leer Más: Montevideo Portal
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_152306_1.html
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.Sigue el partido de la IMPUNIDAD, NO fue eliminada la CADUCIDAD.
¿Qué podemos esperar de su aprobación reciente?
En un tiempo record y cerca del plazo de la prescripción de los delitos cometidos por la dictadura, el Parlamento a través de ambas cámaras, aprobó un proyecto de Ley que declara el carácter de Lesa Humanidad de dichos delitos.
El texto "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985" comprendidos en la Ley de Caducidad.
En el segundo artículo establece que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos" antes mencionados.
El tercer artículo es el que establece el carácter de delitos de Lesa Humanidad.
Como ya se ha divulgado, incluso desde estas páginas (En Lucha No 1) los delitos de Lesa humanidad, según la Convención de San José (Costa Rica) y el Tratado de Roma (ambos suscritos por Uruguay) no prescriben (esto es, no tienen limite de plazo para ser objeto de juicio).
A este aspecto de dichas Convenciones y al fallo de la Corte Interamericana de DDHH- caso Gelman-es que se remite la ley aprobada, lo cual significa que los juicios contra los represores podrán continuar después de noviembre
A ello hay que agregar, según la opinión del Dr. Helios Sarthou la resolución 3074 de las Naciones Unidas, que es anterior al periodo en que se cometieron los delitos.
Sin embargo, no tiene asidero formal la opinión expresada por muchos medios y también por legisladores de la derecha tradicional, en el sentido de que ello implica la virtual supresión de la ley de Caducidad Sarthou insiste al respecto de que lo aprobado va a ser evadido por los que no han sido aun procesados, con el argumento (de recibo en el derecho penal) de que deberían ser juzgados “de acuerdo a la norma más benigna”.
Solo la anulación de la nefasta ley de Caducidad asegura que ello no ocurra.
No obstante, al caracterizar dichos delitos como de Lesa humanidad y al considerar las Convenciones Internacionales en la materia, que los mismos “no pueden ser objeto por su carácter grave, ni de caducidad de la acción punitiva estatal, ni de amnistía o indulto “, puede abrirse la posibilidad de que cada juez en cada caso concreto (y eventualmente la Suprema Corte) decidan la no aplicabilidad de la ley de Impunidad.
Ello sin suprimir la vigencia formal de la misma.
Este es el “remedio” que encontraron los “leguleyos” del FA, para mantener la aberrante ley y (al mismo tiempo) “pasarle la pelota” al Poder Judicial, el que decidirá en el futuro la aplicabilidad de la reciente disposición legal votada
.El trasfondo político de este asunto
Van ya seis años largos de gobierno del FA De más de 400 integrantes de las FFAA y civiles inculpados por las organizaciones de DDHH, solo una docena y media han sido procesados y están presos.
Y en la búsqueda de los restos, solo tres, si se confirma el último hallado
Este magro resultado no se puede explicar por obstáculos legales (como el haber heredado la vigencia de la ley de impunidad) pues el FA dispuso desde el primer día de mayorías parlamentarias formales para anularla.
Tampoco hay peligro alguno de un golpe militar, ni las clases dominantes necesitan impulsarlo, ni existen para el mismo las condiciones de los años 72-73, ni hay una polarización política ni movilización social a frenar por esa vía.
Ni siquiera la luz verde del imperialismo norteamericano, que ahora ( a diferencia de los años 70) aprueba todo lo hecho por el gobierno del FA en el terreno económico y social y le extiende a este gobierno como al anterior, su beneplácito como autor de “una gestión responsable y prudente”.
En realidad el objetivo del FA es que el tema de los DDHH relacionado con los crímenes de la dictadura, permanezca como una de las pocas “señas de identidad” que van diferenciando al mismo de los partidos llamados tradicionales.
Para ello era necesario que la posibilidad de juzgamiento de los represores no finalizara en noviembre.
Hay por otra parte mucha gente allegada a la militancia del FA y en particular al tema DDHH (que participa en todas las marchas de los 20 de Mayo) que es muy sensible a este punto, por los valores éticos y emocionales lógicos que conlleva.
Pero el valorar como positivo el hecho de que se haya eliminado ese techo de tiempo, no nos debe llevar a creer que con ello el FA quiere aplicar a rajatabla la posibilidad plena de que haya juicio y castigo a todos los culpables de los atroces crímenes cometidos.
Ya señalamos en una anterior edición de la existencia de un “verdadero partido de la impunidad” también actuando en el FA y aludimos a muchos hechos históricos que lo avalan: la “ negociación “ entre dirigentes del MLN y militares en 1972, los pactos y acuerdos posteriores entre los mismos protagonistas militares y tupamaros, los acuerdos del Club Naval en 1984, el planteo frustrado de Tabaré Vázquez el 19 de Junio del 2009 de establecer “ un Punto Final”, la frustración del proyecto “interpretativo” de la Ley de Caducidad por el no-voto de Semproni, acordado “bajo cuerda” con Mujica, el intento de este de liberar a los represores detenidos en la prisión” de lujo” de la calle Domingo Arena por motivos de edad, la visita al general Dalmao, diciendo que el mismo “ se había comido un garrón”, entre otros hechos .
En la sesión parlamentaria se manifestó dicho” partido de la impunidad” por la voz del diputado Gamou, diciendo que la CAPL (que lidera Huidobro) votaba” por razones de estricta disciplina” el proyecto aprobado, lo mismo cabe deducir de la ausencia de Nin Novoa.
Ellos al menos se manifestaron, sin contar con otros que para sus adentros piensan lo mismo pero callan...
.Conclusión:
Ni justicia plena, ni tampoco (por razones de política identidaria y hasta electoral) dejar morir el tema
Esto es lo que busca el FA en este punto, más allá de los matices internos.
Porque además los gobiernos del FA, no solo no han cambiado para nada las directrices de la orientación macroeconómica neoliberal heredada de los gobiernos blanqui-colorados (para ello nada mejor que remitirse a las ultimas y vergonzosas declaraciones de Mujica en Nueva York sobre los trabajadores uruguayos, propias de un político derechista) sino tampoco la arquitectura y los mecanismos de acción político-institucional de la sociedad uruguaya en estos últimos años.
En ese contexto, nada se ha hecho para depurar a las FFAA de los cuadros militares de la pasada dictadura, ni inactivar el aparato represivo y de inteligencia interna, enfocado en la vigilancia y represión de la protesta política y social anti- sistémica
Ni tampoco en el fondo, liquidar la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional en la formación de las nuevas generaciones de oficiales.
La condescendencia frente a las reiteradas declaraciones del Gral. Bonilla (en la última de las cuales, amenazo con no brindar más información de los desaparecidos, si se eliminaba la prescripción de los delitos de la dictadura, en un claro chantaje) muestra la debilidad (a nuestro entender deliberada) del gobierno frente a los desbordes militares
.La razón última de toda esta conducta
El gobierno del FA es un gobierno más que defiende el orden regido por el Gran Capital (nacional e internacional) y todos los gobiernos de ese tipo necesitan tener buenas relaciones con las FFAA, para tenerlas así disponibles como elementos de “disuasión” o incluso de represión, si se presentaran las circunstancias para ello.
Se trata entonces de circunscribir el tema “delitos de la dictadura” en una zona donde pueda cumplir la función identidaria ya citada y al mismo tiempo, no moleste para la buena relación con los actuales Mandos militares.
La lucha por Juicio y Castigo tiene como trasfondo estratégico el cuestionamiento profundo de la responsabilidad institucional de las FFAA armadas de ayer y las de hoy y del conjunto del propio Estado (del que forman parte) en la represión cruenta de quienes luchaban en nuestro país por una sociedad sin explotadores ni explotados.
Debe apuntar a crear conciencia acerca del rol de estos institutos armados en una sociedad capitalista y en particular periférica, como el caso de Uruguay
Y de cómo sigue vigente su papel de ser los aseguradores materiales últimos del control del poder por parte de la oligarquía empresarial y el imperialismo, una vez que los mecanismos de control social e ideológico ya no funcionen como hasta ahora lo han hecho y la movilización política y social de los de abajo apunte decididamente al cuestionamiento de dicha dominación y a la construcción de una nueva sociedad solidaria y socialista .
.Agrupación Nacional ProUNIR
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