sábado, 29 de octubre de 2011

Uruguay: Cinco procesados por homicidio de María Claudia García de Gelman



Revisionismo.El presidente promulgó la ley que determina que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado 24 mujeres denunciaron a decenas de militares por torturas y violaciones

Eduardo Delgado / Luis Pérez

El presidente Mujica promulgó la ley que deja sin efecto la Caducidad. El juez Pedro Salazar procesó a cuatro militares y un policía por el asesinato de María Claudia García y más de 20 expresas políticas presentaron una denuncia penal por abusos.
Las secuelas de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura (1973-1985) tuvieron ayer viernes un capítulo destacado.
Cuando en el Parlamento aún no se silenciaron los ecos de las discusiones que en Diputados y el Senado se dieron en torno a la ley que determinó que no prescriben los delitos de terrorismo de Estado cometidos hasta 1985, cuatro militares y un policía fueron procesados por el homicidio de María Claudia García de Gelman.
El juez penal Pedro Salazar procesó con prisión a los militares retirados José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y del expolicía Ricardo Medina (todos en prisión por otros casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura) como coautores de un delito de homicidio muy especialmente agravado de García, la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

El magistrado también solicitó la extradición del coronel retirado Manuel Cordero (detenido en Argentina) y no hizo lugar a los pedidos de procesamientos Luis Maurente y José Sande Lima.
El fiscal Ariel Cancela solicitó el procesamiento de todos ellos por el delito de desaparición forzada o en su defecto por homicidio muy especialmente agravado. El representante del Ministerio Público analizará si apela la decisión. Los abogados de los procesados ya tienen decidido que apelarán lo resuelto por el juez Salazar ayer viernes.
El caso de María Claudia García -secuestrada en Argentina cuando estaba embarazada de Macarena Gelman y traslada a Uruguay clandestinamente en 1976, donde fue dada por desaparecida- es uno de los de mayor repercusión nacional e internacional y el que generó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estableciera que Uruguay debía investigar y determinar responsabilidades, sin que la ley de Caducidad lo impida.
También en la pasada jornada, un grupo de 24 expresas políticas durante la dictadura presentó una denuncia penal contra decenas de militares por delitos que califican de lesa humanidad y que incluyen violaciones y diversas formas de tortura.
Abusos. El abogado y exjuez Federico Alvarez Petraglia, quien representa a las denunciantes, dijo a El País que la particularidad es que "se trata de mujeres que estuvieron presas y soportaron torturas y abuso sexual de parte de diferentes personas".
"Acá no había combate, eran personas detenidas, desarmadas, que no representaban peligro para nadie, pero que eran sometidas a violaciones, tocamientos sistemáticos, mantenidas desnudas y obligadas a hacer sus necesidades a la vista, lo que muestra el sadismo de estas personas que con uniforme realizaban estas practicas", expresó el abogado. Alvarez Petraglia explicó que en el grupo que apoya a esta mujeres hay abogados, psicólogos y asistentes sociales que ayudaron "a que verbalizaran y pudieran llevar al papel esto que les sucedió hace 35 años".
Agregó que "hubiera existido o no esta ley de prescriptibilidad, ellas querían igual presentar la denuncia, dar este paso, ejercer su derecho a denunciar a esta gente". Reconoció que la ley aprobada esta semana "da argumento para investigar".
Ayer, en tanto, la secretaria de seguimiento de la Comisión para la Paz emitió un comunicado en que da cuenta del hallazgo el pasado 21 de octubre de restos óseos presuntamente pertenecientes a un detenido desaparecido en el Batallón 14.
Añade que cuando se obtengan resultados primarios de las pericias ordenados por la Justicia, se notificará a las organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos por intermedio de su representante" en esta secretaría y se convocará a conferencia de prensa.
Salto. A estos hechos se sumaron seis denuncias sobre delitos de lesa humanidad que involucran a cuatro exjerarcas de la unidad militar de Salto y también a un exmédico de las Fuerzas Armadas que fueron presentadas en la tarde de ayer viernes, en el Juzgado Penal de 4° Turno de Salto, por un grupo de personas que pertenecen al Partido Comunista y estuvieron presos durante la dictadura.
Estas denuncias irán aumentando en el correr de los próximos días y podrán llegar a una treintena, manifestó a El País el abogado patrocinante, Gustavo Bonifacio.
Explicó el abogado que tienen "identificados" a cinco participantes en las torturas, cuatro militares de la unidad local de la época "y un médico asesor de los torturadores", para agregar que los mismos hoy se encuentran "caminando libremente por las calles".
El País Digital

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