La política criminal o la reacción del Estado frente al delito y el delincuente - Carlos Escalera Montaño

Así tenemos por ejemplo, que desde la antigüedad al esclavo se le consideró como un animal de trabajo (recordemos que a Bartolomé de las Casas se le conoce como defensor de los indios, pero abogó por el trabajo de los negros traídos del Continente Africano y vendidos como esclavos en América), sin ningún derecho y sujeto a cualquier tipo de sanciones, principalmente corporales, aun por actitudes como mirar de frente a una mujer blanca. Más adelante fue además motivo de guerras, por ejemplo entre la Corona inglesa y la española, que mandaban a sus barcos o pagaban a los corsarios para apoderarse de la mercancía (los esclavos) que traían al nuevo continente.
En la antigua Roma se sancionó como crimen contra el emperador (crimen majestatis) utilizar en la ropa el color púrpura -color imperial-. En cambio, en la legislación medieval se prohibía llevar a juicio a los reyes o emperadores sin importar la gravedad de su ilícito. Adicionalmente, existía una total desproporción entre el hecho cometido y la sanción; así, por ejemplo, si una persona robaba diez ovejas, la pena era de muerte. Inclusive, para ilustrar el grado de reverencia al monarca -quien concentraba el poder absoluto-, cuenta la historia que en una ocasión, el monarca inglés se encontraba de caza, se desbocó su caballo y quedó enredado entre las ramas de un árbol, siendo un siervo el que logró detener al caballo y desenredar al monarca: su premio fue la muerte por haber alzado la vista frente al rey.

Durante la Edad Media, la Iglesia tomó el control de las dos espadas: la religiosa y la civil, sancionando todas las acciones que atentaban contra Dios, la fe, el dogma y los ritos religiosos (ateísmo, herejía, blasfema, etcétera) dirigidos principalmente a los judíos para convertirlos. Recordemos que incluso hubo una Bula Ad extirpandam, dictada por Inocencio IV en 1252, en la que para obtener la confesión del hereje se legitimaba el uso de la tortura. Por esa razón la sanción penal tiene su origen en la pena que tenía un carácter de mera retribución, de castigo por el mal causado, de expiación por la infracción.
De igual forma, no debe pasar desapercibida la Bula Inter coetera de Alejandro VI, de 3 de mayo de 1493, en la que por el poder que detentaba la Iglesia y que fue concedido al bienaventurado Pedro como Vicario de Jesucristo, donó a los reyes Fernando e Isabel (los católicos) y a sus herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León, todas y cada una de las islas y tierras descubiertas por Cristóbal Colón y las desconocidas que hasta el momento han sido halladas por sus enviados y las que se encontrasen en el futuro y que a la sazón no se encontraran bajo el dominio de ningún otro señor cristiano, junto con todos sus dominios, ciudades, fortalezas, lugares y villas, con todos sus derechos, jurisdicciones correspondientes y con todas sus pertenencias.
Lo sucedido durante tres siglos de colonización por los españoles, es de todos conocido. No había poder terrenal o espiritual que los detuviera, los frailes evangelizadores enseñaban las Sagradas Escrituras en las que se decía: no matarás y ellos mataban, no robarás y ellos robaban, no mentirás y ellos mentían, no desearás la mujer de tu prójimo y ellos violaban a nuestras indígenas, todo lo cual no merecía ninguna sanción. Como tampoco eran sancionados en Europa los robos hechos a judíos, turcos o cualquier otro “bárbaro”.
Con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y la Revolución Francesa (1789), comienza la desaparición paulatina del feudalismo, la llegada del mercantilismo y la revolución industrial. Surge una nueva clase: “La burguesía”, que con su poder económico incrementado notoriamente por la Revolución Industrial, captó y cooptó el poder político dando origen al Estado liberal.
Es innegable que en las incipientes políticas del Estado liberal, existía plena oposición a las restricciones de los derechos fundamentales -pero de la clase burguesa- como la libertad de expresión y pensamiento, de religión, etcétera. Sin embargo, el eje central sobre el que descansaban las primeras codificaciones penales era el derecho y defensa casi absoluto de la propiedad privada, que sustentaba la riqueza y el progreso de un país, se basaba en la libertad del mercado –“dejar hacer, dejar pasar”- sin injerencia ni limitaciones de ninguna especie por el Estado. La regla “comprar barato y vender lo más caro posible”, que sigue cada comerciarte en su vida individual, es la mejor regla para el comercio de una nación. Por esa razón, Adam Smith proponía que lo importante era producir y acumular la riqueza por los comerciantes e industriales y con el tiempo esa riqueza se derramaría en favor de aquellos que no la tenían y de esta forma el país y todos prosperarían.
También es innegable que como consecuencia del avance industrial, los terrenos en los que laboraban los siervos fueron ocupados por las grandes maquinarias desplazándolos a las nacientes ciudades; los artesanos poco a poco fueron sustituidos por la producción en serie. Hubo una gran oferta de empleo, la maquinaria más sencilla era operada por niños y adolescentes que trabajaban entre doce y dieciséis horas diarias (en Inglaterra, los tories, ala conservadora del Parlamento, sostenía que la educación producía demasiados doctos y escasos trabajadores; por lo tanto, aprobaban que los niños en vez de ir a la escuela fueran a las fábricas).
Paralelamente, los anteriores siervos y los artesanos, ante la imposibilidad de competir con los capitalistas, marginados de las fábricas por el empleo de los infantes, fueron formando el llamado “ejército industrial de reserva” a quienes se llamaba a trabajar a cambio de un paupérrimo salario, pues algunos economistas de esa época sugerían que con la reducción de salarios se estimulaba que el obrero trabajara más tiempo para que pudiera alimentar a su familia (nada que ver con la actual reforma de pago por hora que se propone)
Como consecuencia de lo anterior, la reacción del poder fue incrementar los delitos contra del patrimonio y las sanciones corporales de aquellos que los cometían como escarmiento para que los demás no fueran tentados a tomar aunque fuera lo mínimo del patrimonio del patrón. De esta manera, se fue formando el círculo vicioso: proletariado-pobreza-criminalidad. La ecuación de la miseria no podía ser negada.
Pero también el poder reaccionó creando nuevos delitos contra el libre ejercicio de la libertad de trabajo y del reclamo de mejores salarios -las prestaciones no existían-; en ese sentido, el artículo 414 del Código Penal francés establecía: “Se castigará con prisión de tres días a tres años de prisión y multa de diez a seis mil francos, a toda persona que por medio de la violencia, vías de hecho, amenazas o maniobras fraudulentas, haya intentado o logrado una cesación concertada del trabajo, con el fin de obtener el alza o la baja de salarios o de tener libre ejercicio de la industria o del trabajo” (las cursivas son mías).
De igual forma, conjuntamente con el incremento de los delitos y las sanciones contra el patrimonio, se fueron creando los delitos de vagancia y malvivencia por los que en épocas de escasez de mano de obra, los vagos o malvivientes eran sancionados obligándoles a prestar trabajo en las industrias bajo una exigua o nula remuneración.
En síntesis, nos dice Bodero, los delitos y las penas en el Estado liberal, la represión de los desocupados, vagos y mendigos de los ss. XVI y XVII, son equivalentes a las persecuciones religiosas del medievo, con la diferencia que a los delincuentes no se les llama judíos, apóstatas o herejes, sino “proletarios” vagos o mendigos (Bodero, Edmundo René, Relatividad y delito, Ed., Temis, 2002, p. 49).
Entre las crisis del Estado liberal, el surgimiento del Estado totalitario en la Unión Soviética (1917) aunado con la crisis económica que se manifestó en el desplome financiero el “jueves negro” del 24 de octubre de 1929, se dio origen a la Gran Depresión mundial. Como consecuencia de una inmensa acumulación de la riqueza en unas cuantas manos y en sentido contrario una gran desigualdad social en donde el desempleo y el incremento de la pobreza era la constante cotidiana, nació el famoso “new deal” o nuevo trato, nombre dado por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt a su política intervencionista puesta en marcha reformando los mercados financieros, para aminorar los efectos de la crisis económica e implementar por parte del Estado las políticas sociales encaminadas a beneficiar a las capas más pobres de la población, acortando las grandes desigualdades sociales. Con ello se da origen al Estado intervencionista y su nueva política criminal.
Continuará…
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