GOBIERNO BRASILEÑO PUEDE SER PROCESADO EN CORTES

BRASILIA, 17 (ANSA) - La Orden de Abogados de Brasil (OAB) advirtió que si el gobierno brasileño "cede" a las presiones militares y no investiga crímenes cometidos por la dictadura militar es posible que tribunales internacionales abran procesos contra el Estado brasileño.

"Lo ideal es que Brasil investigue por iniciativa propia, y no que sea forzado a hacerlo por tribunales internacionales" declaró Cezar Britto, titular de la OAB, en entrevista exclusiva con ANSA.

La OAB ha desempeñado un rol importante en la defensa de la Constitución y el sistema democrático: en 1992 participó activamente en el proceso que terminó en la destitución del ex presidente Collor de Mello y en los años 80 en el movimiento por la restitución democrática.

Y en 2005 exigió una investigación profunda sobre los escándalos de corrupción que envolvieron al gobierno del presidente Lula da Silva.

"Yo alerté a las autoridades sobre la posibilidad concreta de que las cortes internacionales exijan a Brasil esclarecimiento sobre desapariciones y torturas perpetradas durante la dictadura" señaló Britto.

El presidente Lula da Silva anunció el 21 de diciembre un programa de derechos humanos que incluye la creación de una Comisión de la Verdad, sobre crímenes ocurridos durante el régimen militar que imperó entre 1964 y 1985.

Los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, amenazaron renunciar en repudio a la citada comisión.

Jobim dijo que dicha Comisión alienta el "revanchismo" contra los militares, punto de vista rechazado por el ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi.

Es imperioso "echar luz sobre la represión política durante la dictadura" señala el III Programa de Derechos Humanos elaborado por Vanucchi y abalado por Lula.
La actitud de los militares y el ministro de Defensa es "inapropiada" ponderó el abogado Cezar Britto.

En opinión del titular de la OAB impedir la investigación de "crímenes de lesa humanidad es algo que choca contra principios que están consagrados en las cortes internacionales".

Britto recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Estado brasileño para que esclarezca la desaparición de decenas de guerrilleros ocurrida en los años 70 en Araguaia, región de la selva amazónica.

La Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos y la organización Tortura Nunca Más promovieron una acción contra el estado brasileño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una fuente de la Comisión de Familiare de Muertos dijo a ANSA que esa entidad analiza presentar a los tribunales de Argentina e Italia casos de extranjeros asesinados o desaparecidos en Brasil.

Para el presidente de la OAB esclarecer los crímenes de la dictadura beneficiará la reputación de los militares.

La semana pasada Lula se reunió con los ministros Jobim y Vannucchi, y acordó revisar el decreto de creación de la Comisión de la Verdad, para aplacar la irritación militar.

El último gobierno militar, encabezado por el general Joao Baptista Figueiredo, sancionó en 1979 la Ley de Amnistía, aún en vigor, que impide procesar a militares y ex guerrilleros.

El ministro de Derechos Humanos, Paulo Vannucchi reconoció que el gobierno carece de información precisa sobre lo ocurrido bajo el régimen de facto.

"Se calcula que 50.000 personas fueron presas sólo en las primeros meses de 1964, cerca de 20.000 brasileños fueron sometidos a torturas y cerca de 400 ciudadanos fueron muertos o están desaparecidos" consigna el Programa de Derechos Humanos.

Por su parte el abogado Britto sostiene que la ley de Amnistía merece una interpretación "correcta" por parte de los jueces que han impedido abrir procesos a supuestos torturadores o responsables de desapariciones.

Es por ello, continúa, que la OAB presentó ante el Supremo Tribunal Federal (máxima Corte) un requerimiento para que éste delimite los alcances de la Ley de Amnistía. GAT
17/01/2010 18:34