Gobiernos progresisitas y movimientos ambientalistas ¿Qué ha cambiado con los gobiernos del cambio?

Los variopintos gobiernos progresistas que se han instalado en América Latina, pese a que su mayor mérito es haber dado prioridad a la inversión social --tan venida a menos en el largo período neoliberal--, no parecen estar sintonizando con las cuestiones ambientales tan indispensables para salvar la vida en el planeta. Tal parece ser la conclusión a la que llegan algunos ecologistas del cono sur.

“Un rápido repaso muestra que tenemos avances en aspectos normativos como en la Constitución ecuatoriana sobre los derechos de la naturaleza, la creación del Ministerio del Ambiente en Perú y el nuevo marco ambiental que se discute en Chile, pero más allá de estos pequeños casos referidos a la normativa y el marco legal, en la gestión y elaboración de políticas hay un estancamiento e incluso un retroceso en algunos países, en los que se ve sobre todo la insistencia de flexibilizar las medidas ambientales para permitir la llegada de inversiones y mantener las exportaciones”, manifiesta el uruguayo Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

Gudynas asevera que los gobiernos progresistas han tenido enormes dificultades en entender la cuestión ambiental y aún más dificultades para plantearse nuevos estilos de desarrollo que no impacten de manera negativa sobre la naturaleza. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, el 22 de abril de 2009 propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la necesidad de adoptar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra que contiene cuatro puntos básicos: el derecho a la vida, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, el derecho a una vida limpia y el derecho a la armonía y al equilibrio con todos y entre todos y todo. Sin embargo, casa adentro, “la política doméstica persiste en su desarrollo extractivo (…); el presidente más de una vez ha reivindicado la necesidad de explotar los recursos naturales diciendo ‘¿de qué otra forma vamos a vivir?’”, señala Gudynas.

“La Constitución boliviana, en el área ambiental, tiene algunos artículos que implican un retroceso en tanto establecen como mandato del Estado la industrialización de la naturaleza, por lo tanto, allí se crea una paradoja: mientras la nueva Constitución ecuatoriana es un paso de vanguardia en el tema ambiental, la Constitución boliviana en algunos artículos mantiene el orden convencional y en otros artículos es un paso hacia atrás”.

En Argentina la situación no es mejor. El argentino Carlos A. Vicente, integrante de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, señala que “El gobierno sigue apostando al modelo de saqueo y contaminación que está emblemáticamente representado por los 20 millones de hectáreas de soya transgénica que se sembrará este año y por los cientos de proyectos mineros que se están intentando imponer a los pueblos a lo largo de toda la cordillera de los Andes”. A lo largo y ancho de Argentina –-agrega Vicente-- surgen resistencias y denuncias de movimientos sociales y comunidades locales. “Pero lamentablemente el gobierno no supo ver que era en esta alianza con sectores urbanos y campesinos donde podía encontrar un punto de apoyo para contrarrestar la potente embestida de la derecha que sufrió el último año, a partir del conflicto con los grandes y medianos terratenientes rurales”.
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