Tres millones de razones detrás del crimen de Mariano Ferreyra

El balazo que mató a Mariano Ferreyra hizo blanco también sobre una situación que simboliza la época. La precarización laboral se ha transformado en un negocio de alrededor de 3.000.000 de pesos mensuales a costa de los trabajadores, que se reparten entre concesionarios ferroviarios, empresas tercerizadas, burocracia sindical & afines. Allí está el nido de la impunidad, y el negocio que salieron a defender las patotas y barrabravas, ante la inacción policial que –según quien opine en estos días- es: a) sospechosa, b) cómplice, c) discapacitada.

Marcelo Ramal, economista, profesor en las universidades de Buenos Aires y Quilmes, 56 años recién cumplidos, es uno de los referentes del Partido Obrero. En diálogo con lavaca trazó un mapa que permite orientarse en el pantano de este asesinato. ¿Cómo se explica la violencia contra los trabajadores, proveniente del propio gremio?: “Aquí se tocó un negocio muy sucio, el de las tercerizaciones. La cuestión empezó del siguiente modo: el Roca estaba en manos de Sergio Taselli. Llegó un momento en el que el grado de vaciamiento era tal que el gobierno se vio obligado a rescindirle la concesión”.

(Breve aclaración: Taselli, empresario del planeta kirchnerista, fue concesionario de la mina de Río Turbio, en la que se le atribuye el vaciamiento y deterioro de la seguridad que derivó en la muerte de 14 mineros en 2004. En febrero de 2006, Hebe de Bonafini denunció públicamente esa cercanía con el gobierno definiendo a Taselli como “otro Yabrán” y señalando a la Casa Rosada: “Si Taselli tiene algún amigo en la Casa de Gobierno, ése pasará a ser enemigo de las Madres”).

Radiografía del negocio

Ramal continúa su razonamiento: “Al salir Taselli del Roca, se creó una Unión Transitoria de Empresas llamada UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) donde intervienen Trenes de Buenos Aires, Ferrovías y Metrovías, concesionarios de la privatización”.

A partir de esa situación se instaló lo que el economista considera una estructura perversa: “Se plantea la famosa historia: el ferrocarril tiene pérdidas, las tarifas no alcanzan. Entonces el Estado entrega subsidios. Les dice: ‘Ponemos el dinero para que ustedes trabajen’. Es como si la concesión presentara la factura, digamos, y el Estado les da ese dinero. Ahí se arma el siguiente negocio: inventan la tercerización o subcontratación. Una parte importante de las tareas las derivan a empresas truchas que son seudo empresas armadas por ellos mismos, en las que participa también la burocracia sindical. Supongamos el caso de una empresa de mantenimiento de los durmientes. Declaran que tienen tantos trabajadores, tantos costos, y un presupuesto de determinada cantidad mensual. Esos servicios son siempre sobrefacturados. Y luego le pagan a los trabajadores un salario que no tiene nada que ver con el convenio ferroviario”.

Los nombres de estas empresas dicen poco: CONFER S.A., ECOCRED S.A, AUMONT S.A, MAPRA S.R.L., S.G.C., EXPERVIAS S.R.L, HERSO S.A, ROTTIO S.A, HUNTER, SAP S.A, Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur Ltda., LIMBA, Aceros Zapla, BR-T, Amanci, Copacre, entre otras. El dirigente ferroviario Flavio Bustillo denunció que la Unión Ferroviaria es dueña de algunas de estas empresas, donde trabajan los propios sindicalistas o familiares suyos, como el caso de Maxi Pedraza (hijo del secretario general de la Unión Ferroviaria), en una supuesta cooperativa llamada Unión del Mercosur.

En junio de este año los trabajadores denunciaron ante el Ministerio de Trabajo la persecución que sufren los que intentan organizarse o presentarse como delegados sin el aval de la burocracia. Este año ya habían existido enfrentamientos dado que los trabajadores exigían la efectivización, lo cual provocó despidos por parte de las empresas.
Pero los reclamos no se apagaron sino que se redoblaron: a la efectivización, se sumó la exigencia de reincorporación de los 117 despedidos.

Números

Hay alrededor de 20 empresas que tercerizan servicios para los ferrocarriles, e involucran a unos 1.500 trabajadores. “Esas empresas pagan salarios de entre 2.000 y 2.500 pesos, pero un ferroviario cobra entre 5.000 y 8.000. La diferencia se la facturan al Estado y se la quedan las empresas concesionarias, repartiendo con las contratistas y con la burocracia sindical. Mojan todos”. Calculando esa diferencia que plantean los trabajadores en unos 2.000 pesos por cabeza, como mínimo, con un total de 1.500 mujeres y hombres en esa situación, la bolsa a repartir alcanza los 3.000.000 (tres millones) de pesos mensuales, que explican la virulencia sindical que, al no contar para estas cosas con respaldo expreso de los trabajadores agremiados, contrata barrabravas para atacar a los trabajadores. Los tres millones pertenecen exclusivamente al rubro salarial de las tercerizadas, tal vez una migaja del negocio mayor, por el que las concesionarias reciben poco más de 100 millones de pesos mensuales por parte del Estado, además del pago de todos los sueldos del personal de planta.

“El otro tema” plantea Marcelo Ramal, “es el de las condiciones laborales, que también son totalmente diferentes. El ferroviario está protegido por un convenio de trabajo. Los tercerizados no tienen defensa alguna, y por la misma tarea cobran la mitad, pero trabajan el doble. Y no entran a la Unión Ferroviaria, sino que quedan en gremios como la UOCRA o incluso Empleados de Comercio. La burocracia no lucha contra esto, porque es la esencia del negocio que armaron”.

¿Eso es una certeza o una sospecha que no se puede probar? Ramal: “Es la certeza que tiene cualquier trabajador ferroviario al cual le pregunten”.

Un detalle que muestra que la trampa está lejos de ser un secreto: la Cámara Laboral en un fallo reciente ha explicado que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos de quien utilice su prestación”. Agrega: “Resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador”.

La nueva situación

Pero toda esta situación está mutando en los últimos meses, debido a un nuevo elemento en juego, según Ramal: “Si la burocracia era renuente a la efectivización de los compañeros, ahora directamente no quieren saber nada, en alianza con la empresa, porque el gobierno está yendo hacia un reajuste progresivo de las tarifas y una reducción de los subsidios. Para entender la situación, con la crisis del 2001 y 2002 el gobierno lo único que hizo fue plantear que los concesionarios debían mantener las tarifas congeladas. Estos respondieron que así perderían la rentabilidad de los tiempos de Menem. El gobierno contestó: la diferencia la ponemos nosotros. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno por diferentes cuestiones está intentando la eliminación progresiva de los subsidios. Eso liquida la bolsa de plata que alimenta todo este negocio de las mercerizadas. Entonces no quieren incorporar a trabajadores efectivos porque en realidad lo que se viene es el despido de más trabajadores tercerizados”.

Datos

Mariano Ferreyra militaba en el Partido Obrero, y estaba buscando trabajo como tornero en Avellaneda. Ramal: “Un pibe extraordinario, que desde los 14 años militaba y había estado en Puente Pueyrredón cuando mataron a Darío y Maxi. Estoy conmovido. Otra vida de un chico. Pero a la vez creo que una burocracia sindical que tiene que recurrir al crimen, está agotada”.

Al escribirse estas líneas, Elsa Rodríguez, que recibió un balazo en la cabeza, estaba en coma. Tiene 7 hijos, es empleada doméstica, milita en el Partido Obrero. Nelson Aguirre, con dos balazos (pierna y glúteo) participó en silla de ruedas de la marcha de este jueves 21, y dijo que se puede identificar a los autores. Ramal: “Ahora queremos que los responsables estén presos

Fuente: La vaca