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El único personal autorizado para entrar en la zona son los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) y de la compañía contratista de la obra, la empresa china Tiesiju.
La resistencia pacífica se inició porque 5.000 hectáreas de tierra serán inundadas por la represa de Río Grande, en una micro-cuenca de más de 60 Km2 ubicada en la cuenca hídrica del Río Chone, a ocho kilómetros de la ciudad de Chone, provincia de Manabí.
La represa es parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, posicionado por el gobierno del Presidente Rafael Correa como un “estandarte” para el desarrollo local y ha generado la oposición de pobladores/as de Río Grande, que van a perder su tierra fértil con una producción para Chone de aproximadamente 20 millones de dólares al año en productos agrícolas, que da de comer a unas 1.700 familias. Las riquezas de Río Grande no solo son productivas, son también culturales por la abundancia de restos arqueológicos. A pesar de ello, ni Patrimonio, ni Patrimonio Cultural, ni SENAGUA, ni el Departamento de Cultura del Municipio de Chone se han planteado la paralización de este megaproyecto, priorizando un “supuesto” factor económico por encima de la investigación arqueológica y rescate patrimonial ecuatoriano.
En su discurso, el Presidente Correa ha justificado el proyecto como necesario para evitar las inundaciones que se producen desde hace años en la zona.
Sin embargo, llama la atención que el gobierno no tome en consideración, que las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de los años 70 con el inicio de la industria del camarón en la Costa ecuatoriana.
En el estuario del Río Chone la disminución de la zona natural de inundación se debe a los muros construidos por las camaroneras y a la destrucción de los manglares por esta actividad, lo que ha reducido de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone.
Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las 12 compuertas del la represa Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y extendiendo estas inundaciones a la ciudad de Chone.
No obstante, SENAGUA priorizó la construcción de este proyecto hidráulico, cuestionado por técnicos y habitantes de la zona, en lugar de eliminar camaroneras ubicadas en el estuario del río y restaurar los manglares extinguidos por esta destructiva actividad productiva.
La decisión gubernamental no tomó en consideración que las represas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente. En los estudios de impacto ambiental que se realizan para este tipo de proyectos, es habitual desconsiderar que la materia orgánica en las represas produce cantidades significativas de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Adicionalmente, el presidente Correa ha descalificado la resistencia de la población local de Río Grande, asociándola con políticos opositores a su gobierno. Definió a los pobladores/as locales como socialmente violentos y los acusó de estar opuestos al progreso de la nación. En el último Enlace Ciudadano, el presidente amenazó con sacar por la fuerza a la población local opositora al proyecto. Apenas dos días y medio después se desencadenó la represión en Río
Como Asamblea Nacional Ambiental, condenamos la represión que vulnera el artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador. Consideramos que el Presidente de la República es responsable de esta agresión a campesinos y campesinas montubios/as, que defienden sus tierras y sus medios de vida, ejerciendo su derecho a decidir sobre el destino de sus territorios y el modelo de desarrollo o Sumak Kawsay que aspiran como pueblo.
CONTACTO: Líder Góngora lidergongora@yahoo.es
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