miércoles, 26 de octubre de 2011

Guatemala: Altos mandos del Ejército acusados de genocidio utilizan a hospital para evadir justicia

Esto ocurre luego de que el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Mario López Fuentes, se enfermara “misteriosamente” luego que fuera detenido por orden de la jueza Carol Flores, titular del Juzgado de Alto Riesgo, que lo procesa por haber autorizado y coordinado al menos once matanzas contra la población civil desarmada. Igual escudo busca José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex Director de la Sección de Inteligencia (G2), quién pidió que un médico del mismo hospital lo examine por supuestos quebrantos de salud.


El ex presidente de facto y general retirado Oscar Humberto Mejía Víctores no pudo ser notificado y escuchado el martes de la acusación de genocidio que pesa en su contra, debido a que se encontraba sedado

López Fuentes ha logrado evitar que se realice la audiencia en la que la juzgadora indicará si debe ser juzgado ante un Tribunal de Sentencia, debido a que, sorpresivamente, está sedado cada vez que hay alguna diligencia judicial.
“El Ejército debe demostrar que sus nuevas filas no tienen la mentalidad de guerra, como se dio en el pasado. Es curioso que vivan cómodamente en sus mansiones y al llegar al estrado de Tribunales se enfermen“, declaró Edgar Pérez, querellante en el proceso.
El ex presidente de facto y general retirado Oscar Humberto Mejía Víctores no pudo ser notificado y escuchado el martes de la acusación de genocidio que pesa en su contra, debido a que se encontraba sedado cuando una jueza se presentó para realizar la audiencia judicial correspondiente.
En cuanto al general López Fuentes, no ha podido ser procesado debido a que cada vez que se programan audiencias, el militar se encuentra bajo efectos de drogas que le administran en el Hospital Militar.
La juez primera de alto riesgo, Carol Patricia Flores se apersonó a un departamento en donde el militar golpista se encontraba y a donde sus abogados defensores pidieron que se presentaran las autoridades.
Mejía víctores se encontraba prófugo desde la semana pasada, cuando el ministerio Público lo vinculó al mismo caso de López Fuentes.
El fiscal Manuel Vásquez, encargado de la acusación, informó a The Associated Press que “la juez ha ordenado que (el general retirado) sea llevado al Hospital Militar para que sea examinado y se determine si es necesario mantenerlo hospitalizado. Vamos a esperar para saber su situación”.
Mejía Víctores, en su calidad de ministro de Defensa, es coacusado de planificar y ordenar la ejecución de los planes militares Sofía, Firmeza 82 y Victoria 83 a inicios de la década de los 80 y bajo los cuales se perpetraron docenas de matanzas de campesinos civiles en localidades de indígenas ixiles de Quiché, un departamento del norte de Guatemala, bajo la excusa de que eran susceptibles a apoyar a las guerrillas marxistas que en esa época luchaban por tomar el poder en el país.
Posteriormente Mejía se erigió como presidente (1983-1986) tras derrocar al también general golpista EfraíEn el juicio también están imputados el general Luis Enrique Mendoza, viceministro de Defensa en ese entonces, quién sigue prófugo, y Mauricio Rodríguez Sánchez, quien actuaba entonces como encargado de la sección de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quien está detenido y permanece bajo custodia en el Hospital Militar aduciendo quebrant
López Fuentes fungía como jefe del Estado Mayor de la Defensa, subalterno de Mejía Víctores.
Las cuatro audiencias para definir si se le abre juicio a López Fuentes fracasaron debido a que alega estar enfermo; la última vez, cuando la jueza llegó hasta el hospital en el que recibe tratamiento por un cáncer en la próstata, el militar estaba sedado. Hasta antes del proceso el sindicado vivía tranquilamente en su vivienda.
A los militares sujetos al proceso se les acusa de al menos 100 matanzas o ejecuciones selectivas que dejaron 1.771 muertos, 1.400 violaciones y que originaron el desplazamiento forzado de por lo menos 29.000 personas, explicó el fiscal.
El conflicto armado interno dejó a lo largo de los 36 años que duró más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión de la verdad auspiciada por las Naciones Unidas, que determinó que en su gran mayoría fueron civiles asesinados por unidades militares. Las hostilidades terminaron con un tratado de paz firme y duradera entre las partes suscrito en 1996.
Contraingerencia

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